A pesar de que el Congreso de la República negó que se incluyera en el Presupuesto General de la Nación un artículo para autorizar el traslado exprés de pensiones en Colombia bajo ciertas condiciones, el tema aún sigue vivo en la discusión pública.
Precisamente, este jueves se adelanta una audiencia pública en la que los magistrados de la Corte Constitucional están escuchando a expertos en el tema pensional para intentar dar un lineamiento sobre el futuro de los traslados de pensiones.
En la actualidad, las personas a las que les faltan menos de 10 años para pensionarse no pueden cambiar entre regímenes. Teniendo en cuenta que la edad de pensión para hombres es de 62 años y la de mujeres de 57, ellos pueden cambiar de régimen de pensión hasta los 52 y ellas hasta los 47.
En el margen de esta discusión, uno de los invitados fue el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, quien mostró los efectos negativos que tendría para la economía colombiana autorizar un traslado exprés de pensiones que permita a los hombres mayores de 52 años y mujeres de más de 47 años pasarse desde el régimen de ahorro individual (RAIS) hasta el régimen de prima media (RPM).
“Es claro que esos traslados van acompañados de unos recursos que, en el corto plazo, salen de las AFP y entran a las arcas de Colpensiones, aliviando temporalmente las finanzas de esta entidad y mitigando la magnitud del soporte presupuestal que debe hacer el ministerio a Colpensiones”, inició Villar.
El gerente resaltó que, en el mediano y largo plazo, la iniciativa va a deteriorar y a poner en duda la estabilidad fiscal del país.
“El efecto neto de esos traslados es claramente negativo para las finanzas públicas y se convierte de esa manera en un incremento del pasivo que debe ser asumido por la Nación. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, a partir de una situación en la cual la deuda del Gobierno ya es alta y hay dificultades para moderarla”, dijo el gerente.
Otro de los aspectos negativos que tendría la medida, según Villar, es que aumentará la desigualdad que hay en el país, pues las personas de más altos ingresos serían quienes más se beneficien de estos traslados, porque van a tener subsidios a sus pensiones.
“Esto además contribuiría a disminuir el ahorro nacional, pues se requieren recursos del gasto público y agrava los problemas de desigualdad en el país”, dijo Villar.
De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, de aprobarse los traslados exprés, serían más de 478.000 personas las que harían el cambio de régimen pensional, lo cual implicaría que las AFP trasladen alrededor de $24 billones a Colpensiones.
Ahora bien, el costo de la medida, según los mismos cálculos, es de alrededor de $68,1 billones, por lo que el costo neto de la medida sería de más de $40 billones (alrededor de 4 % del PIB).
“Los costos netos del 4 % del PIB podrían convertirse en costos sustancialmente mayores, de hasta el 8 % ($80 billones) o 10 %($100 billones) del PIB. Colombia tiene un pasivo pensional que no está fondeado y que tendrá que ser atendido en la próxima década por los contribuyentes”, dio el gerente.
Añadió que el pasivo pensional es adicional a la deuda pública que se contabiliza como tal, la cual está por encima del 65 % del PIB y ha tenido un incremento de 15 puntos porcentuales (pps) como consecuencia de la pandemia de covid-19, lo cual dificulta aún más las finanzas públicas.
“Los traslados debilitan los canales de transmisión de la política monetaria. Es una medida costosa para la Nación y costosa para la credibilidad económica. La medida incluso podría elevar el costo del financiamiento del Gobierno, de los hogares y de las empresas”, dijo.
A pesar de que la propuesta ya ha sido negada en repetidas ocasiones y que los expertos y técnicos se han mostrado en contra de la misma, en el Congreso ronda un proyecto de ley (en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes) que insiste en permitir el traslado exprés de pensiones.
Se espera que una vez finalizada la audiencia pública, la Corte Constitucional dé algún tipo de lineamiento sobre la pertinencia de esta práctica.