Cinco días antes de que Ecopetrol anunciara formalmente su interés por quedarse con Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), el Ministerio de Hacienda abrió un proceso contractual que, en general, pasó inadvertido, pese a su alcance.
En el portal de esa entidad, la directora general de Participaciones Estatales, Adriana Mazuera, confirmó lo que muchos especulaban desde el año pasado. Y es que, por cuenta de la pandemia, el Gobierno tuvo que sacar de nuevo la lista de empresas en las que tiene inversiones, de tal modo que se analice y elijan las candidatas a salir a la venta y cuáles deben permanecer en manos del Estado.
La escogida en esta ocasión fue ISA, donde la Nación es dominante con el 51,4 % de las acciones. La noticia se venía ventilando semanas atrás, cuando firmas como Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Grupo Energía Bogotá (GEB) manifestaron su interés por adquirir esta tajada.
No obstante, el anuncio de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, disipó toda duda al respecto. “La transacción se realizaría a través de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. Para hacer esta inversión no es necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, en la medida en que la Nación continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control último sobre las mismas”, aseguró.
Contratos
No sorprende, entonces, que Mazuera y su equipo en Hacienda abrieran un contrato de asesoría legal para sacar adelante esta transacción.
Por lo pronto, según el documento, se busca un “análisis y diseño de alternativas y estrategias legales que permitan la optimización de valor y de aprovechamiento de la participación accionaria de la Nación en Interconexión Eléctrica ISA”. Y en caso de ser procedente la enajenación de este activo, el ganador del contrato también implementaría la opción elegida.
Es importante mencionar que todo lo anterior se enmarca en un programa adoptado por el Gobierno, denominado “Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales”.
Palabras más, palabras menos, se busca darle un mejor uso a las inversiones del Estado, argumento que se utilizó también con la venta de Isagén. Ahora, está la coyuntura de la covid-19, la cual generó una dura caída en el recaudo de impuestos y llevó a que el Estado se endeudara en una cifra histórica.
Así, la participación del Estado en ISA se convierte en una oportunidad de oro para el Ejecutivo, que está planeando de dónde sacar la plata para pagar la emergencia sanitaria.
Una empresa de alto valor
Como se menciona en el proceso, ISA es una multilatina con presencia en ocho países, que desarrolla sus actividades a través de 43 filiales y subsidiarias. Y tiene cuatro líneas de negocios que le han permitido consolidarse durante más 50 años: transporte de energía eléctrica, concesiones viales, tecnologías de información y telecomunicaciones y gestión de sistemas de tiempo real.
La vasta experiencia y trascendencia que tiene esta firma en el sector llevó al MinHacienda a abrir un contrato adicional, específicamente para recibir asesoría integral y de banca de inversión. En este caso, quien reciba el contrato tendrá dos tareas principales:
- Valorar, analizar y diseñar alternativas de aprovechamiento de la participación de la Nación en ISA. Acá se incluyen datos de la valoración de la empresa, rango de precios sugeridos para la transacción, datos de rentabilidad y análisis financieros de la compañía y sus filiales.
- Implementar las alternativas de enajenación o democratización de la participación de la Nación en ISA, siempre que así lo decida el ministerio. Sobre este punto, el asesor legal y banca de inversión deberá elaborar una hoja de ruta para llevar a cabo la operación, estructurar el proceso, llevarlo a cabo y presentar los resultados finales.
El negocio del año
La apertura de estos dos contratos da cuenta de un interés real por parte del gobierno de Iván Duque de concretar su salida de Interconexión Eléctrica S.A., tanto para optimizar mejor los recursos que tiene invertidos, como para tener recursos frescos que le permitan atender la pandemia.
En el caso particular, el Ejecutivo tendría un plus y es que la plata se movería de un bolsillo de la Nación a otro, ya que no habría una oferta pública, que requiere tiempo y puede ser fácilmente frenada por intereses políticos.
De acuerdo con lo dicho por Bayón, el análisis inicial del Ministerio de Hacienda podría tomar unos tres meses, momento en el cual –si se acepta este negocio– comenzaría la nueva emisión de acciones.
Esta venta de títulos podría tomar otros seis meses, con lo cual, a finales de 2021, quedaría lista y llegarían los recursos al erario. Para ese momento, los colombianos podrían vivir una nueva emisión de la empresa más grande de Colombia.
Por lo pronto, el balón está en la cancha del Gobierno, que tiene todo listo para salir de ISA. Eso sí, con dos asesores de primer nivel que le permitan tomar la mejor decisión.
Si la operación sale bien, no se descarta que haya otras empresas en la lista de enajenaciones para 2021 y 2022. Según el más reciente Reporte Anual de Empresas de la Nación, Colombia tiene participación en 105 empresas, por un valor preliminar de 79 billones de pesos, es decir, más de la mitad de la meta de recaudo tributario que tiene el país para 2021: 153 billones de pesos.
La mayoría de las propiedades del Estado operan principalmente en los sectores minero, energético y financiero.