Hasta el próximo miércoles, 31 de enero de este año, las entidades de salud en Colombia tienen el plazo límite para legalizar sus informes financieros anuales ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).
En este proceso, la implementación de la firma digital en los reportes presentados se ha vuelto esencial para cumplir con los requerimientos normativos establecidos por la entidad de vigilancia y control.
La firma digital no solo representa un acto administrativo, sino que consolida integralmente todas las directrices de la Supersalud en un único marco normativo. Su objetivo principal es compilar y mantener actualizadas las Circulares Externas y Cartas Circulares, facilitando a los destinatarios involucrados en la labor de inspección, vigilancia y control, la comprensión y consulta de las instrucciones emitidas por la Superintendencia.
De igual manera, busca proporcionar a los funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que detalla con precisión las normas aplicables a situaciones específicas dentro de su ámbito de competencia.
Sobre el tema, Simbad Ceballos, CEO de Olimpia IT, explicó que la implementación de la firma digital es un requisito indispensable establecido en la Circular Única emitida por la Supersalud.
“Quienes no cumplan con este requisito podrían enfrentar sanciones o ver rechazados sus documentos”, afirmó.
De hecho, aclara el ejecutivo, la firma digital, con el mismo valor legal que una manuscrita según la Ley 527 de 1999, garantiza la autoría e integridad de los reportes presentados por hospitales, clínicas, EPS y otros actores del sistema de salud colombiano.
“Estos informes deben cargarse en el Sistema de Recepción, Validación y Cargue (NRVCC) de la Supersalud, donde solo puede ser utilizado por una persona a la vez, permitiendo que la firma digital identifique quién y cuándo se realizaron eventuales modificaciones”, subrayó.
Vale la pena recordar que, para implementar la firma digital, las entidades de salud pueden adquirir un certificado digital emitido por una entidad abierta acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
Este certificado, además de asegurar la validez jurídica de los informes presentados, simplifica el proceso de cumplimiento normativo.
Supersalud recibió más de 4 millones de quejas ciudadanas por mala atención de las EPS
La Contraloría General de la República, a través de su Delegada de Salud, realizó un estudio en el que analizó el tema de las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, en el periodo 2018-2022.
Paro esto, inicialmente se analizaron las inconformidades de los ciudadanos con la atención en salud que fueron reportadas ante la Superintendencia Nacional de Salud en estos 5 años.
En total, en este periodo, dicha entidad recibió 4.436.032 de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, de las cuales 1.690.128, es decir, el 38 %, fueron por riesgo de vida, en las que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata.
Puntualmente, a través de la Dirección de Estudios Sectoriales de esta delegada, se evaluó la gestión de 10 Entidades Promotoras de Salud, EPS, del régimen contributivo y 21 del subsidiado, de las cuales cinco EPS son indígenas, frente a la prestación de servicios de salud para los años señalados.
Las reclamaciones más frecuentes de los usuarios fueron: la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
Adicionalmente, la Contraloría revisó los informes de la Defensoría del Pueblo que consolidan las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud. Y el dato que se consolidó es que durante los años 2018- 2021, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5 % promedio anual.
Las reclamaciones más frecuentes de los usuarios fueron: la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
Adicionalmente, la Contraloría revisó los informes de la Defensoría del Pueblo que consolidan las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud. Y el dato que se consolidó es que durante los años 2018- 2021, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5 % promedio anual.