El desempleo va a ser el principal asunto de política pública en el futuro cercano. Las cifras de este flagelo han llegado a niveles históricos por cuenta de la pandemia y el cierre de muchos negocios. De cara a la crisis, el Gobierno creó un Mecanismo de Protección al Cesante consistente en apoyos para mantener la afiliación a la seguridad social, con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). Las cajas implementaron esta iniciativa que consiste en una ayuda económica por $585.000 durante tres meses, más el pago de seguridad social (pensiones y salud) durante el mismo periodo. Según la presidente ejecutiva de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Adriana Guillén, este beneficio ya ha comprometido $393.000 millones que les han llegado a 158.898 personas. La meta es cubrir a unas 225.000 personas y destinar unos $500.000 millones. Sin embargo, el esquema de protección al desempleado en Colombia es limitado en su alcance y ayuda a profundizar las brechas, claramente por cuenta del alto nivel de informalidad, los beneficiados son los mismos que han tenido el “privilegio” de tener un empleo formal y en consecuencia han participado del esquema de compensación familiar. Tal vez es hora de revisar si los requisitos para la formalización son excesivos y ponerlos en sus justas proporciones, concentrándolos en la atención médica y de seguridad para la vejez, para liberar otros recursos que lleven a las empresas a tomar una mayor cantidad de empleo formal. Flexibilizar el contrato laboral es otra de las salidas, pues se necesita que el mercado del trabajo pueda adaptarse de manera más rápida a los choques que enfrenta. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha asegurado reiteradamente que van a discutir muchas de esas medidas en el marco de la reforma laboral que el Gobierno está considerando. Lea también: La urgencia de un seguro al desempleo en Colombia