El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sin dudas ‘pateó‘ el tablero esta semana, con la decisión de iniciar acciones judiciales contra las empresas relacionadas con Hidroituango. Lo que comenzó con un anuncio loable del mandatario, que busca resarcir los daños generados en este megaproyecto, terminó en un revuelo político que está lejos de terminar. El martes, el pleno de la junta directiva de EPM renunció a sus cargos, argumentando que no se les consultó para tomar esta decisión, con la cual se pretende demandar a constructores, diseñadores, aseguradoras y demás firmas relacionadas con la hidroeléctrica. "Sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales (...) quedó claro que la junta directiva de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales", dice una carta que le enviaron los miembros a Quintero.
La movida del alcalde fue la punta del iceberg de una relación que venía deteriorándose desde hace varias semanas. De hecho, miembros salientes señalan que aceptaron participar en la junta, en su momento, debido a que creían que Quintero podría traer un cambio por su juventud. "Sin embargo, finalmente su ego y ambición política lo dejaron solo en la junta", aseguraron.
El caso de Hidroituango, según los exdirectivos, fue el último capítulo de un "desconocimiento" de la junta por parte del mandatario local, que ahora tendrá que nombrar a un nuevo grupo de expertos al frente de esta compañía. Las relaciones venían maltratadas desde hace varios meses, cuando el propio Quintero propuso cambiar el objeto social de EPM, de tal modo que la compañía abarcara más sectores. Entre estos se incluía que pudiera participar en mercados tan dísimiles como las TIC, adecuación de tierras, ofertas de financiación, corresponsalía de seguros, servicios turísticos asociados a la infraestructura, entre otros. La idea generó polémica en buena parte del empresariado antioqueño y del país, que considera que la joya de la corona paisa habría quedado desfigurada, si este acuerdo se aprobaba en el Concejo de Medellín.
Hoy, semanas después de ese primer ‘round‘, el sector privado reiteró su preocupación sobre el comportamiento del mandatario de los medellinenses. En un comunicado, el Comité Intergremial de Antioquia -conformado por 29 gremios y las 5 cámaras de comercio del departamento- aseguró que el desconocimiento de la junta "ignora preocupantemente aspectos básicos y y fundamentales como las normas de gobierno corporativo y pone en riesgo la estabilidad e intereses de la institución". En la misiva, los gremios aseguran que el camino final de esta lluvia de controversias será la afectación de millones de ciudadanos, por el efecto dominó que pueden traer las decisión de la Alcaldía. El momento del rifirrafe no es el mejor. Además de enfrentar la crisis generada por la pandemia, EPM tiene los duros retos de terminar Hidroituango y tomar parte de la operación de Electricaribe, en el submercado de Caribe Mar.
A la par, se continuará el proceso judicial instaurado por la compañía, que pretende un reconocimiento por casi 10 billones de pesos. La idea de la Alcaldía es que los contratistas y demás empresas relacionadas con la hidroeléctrica retornen el daño emergente (maquinaria, préstamos, intereses, atención de personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas), así como el el lucro cesante (venta de energía, entre otros).
En este caso, habrá primero un trámite de conciliación, que durará tres meses. Si en este tiempo no se llega a buen puerto, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que dirimará la controversia. El alcalde Quintero asegura que, pese a la renuncia de la junta, seguirá al frente con este proceso judicial, al tiempo que tendrá que nombrar a los 8 miembros nuevos del alto mando de EPM. Sean quienes sean los escogidos, el mensaje del sector privado para el mandatario es que los haga partícipes de las decisiones de gran calado, so pena de repetir el histórico capítulo de esta semana. Las inversiones que realice la empresa durante este año, así como las salidas que tenga para sortear la crisis, serán determinantes para millones de personas, no solo en Medellín, sino en buena parte de Colombia.