La Superintendencia de Sociedades confirmó este martes que la aerolínea Latam y algunas de sus filiales y subsidiarias solicitaron extender su proceso de insolvencia en Estados Unidos al territorio colombiano. Un juez de la entidad convocó para el próximo 12 de junio una audiencia en la que decidirá si acepta o no dicha petición. De hacerlo, el proceso de reorganización de Latam pasaría a ser transfronterizo, lo cual quiere decir que las órdenes proferidas desde EE. UU. se aplicarían a los bienes y acreedores ubicados en Colombia.
Una de las funciones del juez de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades sería verificar la adecuada participación de los acreedores colombianos en el proceso principal que se está desarrollando ante el juez del concurso en Nueva York.En esta ciudad, el pasado 26 de mayo, Latam Airlines Group presentó la solicitud de reorganización voluntaria y reestructuración de su deuda ante el Tribunal del Distrito Sur, acogiéndose a la Ley de Quiebras de Estados Unidos. El argumento: el fuerte impacto del covid-19 sobre su operación.Este proceso en EE. UU. le permite hoy en día a la compañía continuar con la operación y con el desarrollo ordinario de los negocios mientras renegocia sus compromisos con sus acreedores.
Los vuelos internacionales en Colombia se reactivarían el próximo primero de septiembre. En este caso, Latam podrá seguir operando mientras sanea sus finanzas.La compañía obtuvo, además, las autorizaciones del tribunal estadounidense para iniciar el proceso de reorganización y le permitió continuar pagando sus obligaciones preconcursales de trabajadores y proveedores de las filiales y subsidiarias parte del procedimiento.
En caso de que la Supersociedades reconozca esta extensión, los procesos ejecutivos en contra de las filiales y subsidiarias colombianas o sucursales quedarán suspendidos y no se podrán hacer pagos por fuera del concurso.Esto significa, además, que Latam seguirá pagando las deudas preconcursales de trabajadores y proveedores en Colombia y se mantendrá al día con las obligaciones posconcursales de trabajadores y deudores en el país.