Haciendo un poco de remembranzas sobre la crisis energética de los últimos años, podemos recordar que fue la pandemia de 2020 la que provocó la caída histórica más reciente en criterios como la demanda e inversión de energía; una vez que el uso energético se empezó a recuperar en 2021, ni el suministro mundial ni la inversión respondieron en la misma medida.
Posteriormente, varios fenómenos climáticos, como incendios forestales, olas de calor y sequías, perjudicaron aún más la infraestructura energética convencional, algo que se consideró un preámbulo al empeoramiento de la crisis cuando llegó el choque de la guerra de Rusia y Ucrania; esto, en últimas, aumentó la presión sobre el sistema energético mundial.
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), todo ello exigió respuestas del lado de la oferta y lo que hicieron muchos países fue recurrir nuevamente al carbón para la generación de energía e intentar ahorrar el gas natural para otros usos. Era de esperarse que esto incrementara las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO₂) en más de dos mil millones de toneladas y ahora la crisis energética demanda un nuevo enfoque para su solución, dado que una transición exitosa no tiene lugar sin un sistema energético seguro.
Vale la pena recordar que, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 13 refiere a la adopción de medidas para combatir el cambio climático. Allí, uno de los objetivos es, precisamente, gestionar la transición hacia una economía mundial baja en carbono y, en paralelo, lograr que el aumento de la temperatura se pueda mantener por debajo de los dos grados centígrados.
Asimismo, algunos países han tomado buenas decisiones para responder a la crisis, como mejorar la eficiencia energética y migrar hacia las energías renovables. Hay otras acciones, como el aumento de la producción de electricidad a partir del carbón o los subsidios al consumo de base amplia, que ponen en riesgo una transición energética segura y sustentable a largo plazo, dejando a los países más vulnerables propensos a una futura/peor crisis y hacen que los objetivos climáticos queden fuera del alcance.
El Foro Económico Mundial establece, en una de sus publicaciones de este año, titulada Asegurando la transición energética, diez acciones, casi que inmediatas, para alinear las decisiones relacionadas con la transición energética a largo plazo, proponiendo en paralelo un marco integral para fortalecer la seguridad energética y hacerla realmente segura y sostenible.
La primera, como respuesta al desequilibrio actual entre la oferta y la demanda, refiere a priorizar el aumento del suministro de energía renovable, manteniendo los refuerzos de combustibles fósiles limitados a los objetivos de reducción de emisiones comprometidos. Así, por cada dólar gastado en nueva producción e infraestructura de combustibles fósiles, la IEA recomienda invertir cinco en el desarrollo sobre la capacidad de energías renovables.
La segunda y la tercera hablan de propender por una matriz energética mucho más diversificada, dado que la seguridad energética demanda encontrar una nueva fuente de suministro para acudir al gas solo en el corto y el mediano plazo, y abordar la fuga de metano en las cadenas de suministro de hidrocarburos. Esto, dado que la fuga evidenciada los últimos años ha sido del 6 % y hasta más (cuando se creía era del 2,2 % aproximadamente), lo que implica mayores afectaciones en el cambio climático.
La cuarta y la quinta acción tratan de maximizar la electrificación y eficiencia energética para aliviar y descarbonizar la demanda, al tiempo que se le educa para aumentar el consumo responsable de energía: los niveles de desigualdad en el mundo han llegado a tal punto que, por cada cien hogares, los diez con mayores ingresos consumen aproximadamente 20 veces más energía que los diez hogares con menores ingresos.
Las siguientes tres acciones tratan aspectos de inversión, recomendando que se debe aprovechar las ganancias excesivas de las volatilidades del mercado energético para cerrar la brecha de inversión en energía limpia; la elaboración de medidas fiscales para dirigirse a los consumidores más vulnerables, garantizando una equidad energética, y brindar un terreno más confiable a los inversionistas en infraestructura y suministro de energía a partir de las perspectivas de la combinación energética (al incluir, por ejemplo, el Gas Natural Licuado-GNL).
Finalmente, la novena y décima acción establecen que se debe coordinar con algunos pares regionales la maximización de la eficiencia y la minimización del costo de la mitigación de la crisis energética y la revisión de estrategias de seguridad energética, considerando los cambios tecnológicos y el panorama del combustible.
La búsqueda del progreso en materia de transición energética no debe ser miope y solo trabajar en la seguridad en el suministro. Ahora se hace imprescindible descarbonizar muchas economías y aumentar las inversiones en energía limpia, aspecto que requerirá una buena participación del sector privado.
La mitigación de riesgos en materia de seguridad energética no debe significar mayores riesgos ambientales; el cambio climático es una realidad y ahora el sistema energético mundial debe ser también seguro y sostenible, en el marco de una Transición Energética Responsable.