Esta semana el presidente Petro anunció que la presentación del proyecto de reforma laboral que pretende implementar en su gobierno probablemente se aplace para el segundo semestre de 2023. Paralelamente la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la cuenta de Twitter del ministerio, indicó, en un tono bastante conciliador, que su propósito era concertar un proyecto con todos los grupos de interés, actores sociales, económicos y académicos que hacen parte del mercado de trabajo.
De igual forma, también se anunció la designación de Edwin Palma, ex presidente de la Unión Sindical Obrera - USO, como nuevo viceministro de relaciones laborales, quien es una persona que, a pesar de su evidente filiación sindical, siempre ha demostrado cercanía y respeto por el empresariado colombiano. Ese nombramiento, para muchos, representa un saludable balance entre las posiciones políticas del nuevo gobierno y la concertación que se requiere para que los “cambios” que tanto se anuncian, no se conviertan en una tormenta laboral.
Puede que esos anuncios busquen bajarle un poco el volumen a dos semanas caóticas en las cuales la ministra y tangencialmente el presidente Petro salieron a los medios de comunicación a disparar anuncios en materia laboral sobre lo divino y lo humano. Incluso, en las redes sociales circuló un presunto proyecto de ley cuya autoría se le achacaba a la hoy ministra, pero que en realidad correspondía a un intento legislativo bastante antiguo y que fracasó cuando ella se desempeñaba como senadora del Polo Democrático.
Los anuncios disruptivos sonaban lógicos en medio de una campaña electoral, pero siendo gobierno, generaron mucha zozobra entre los empleadores y también entre los trabajadores, quienes han empezado a comprender que mantener el empleo es más importante que aparentemente ganar más dinero; las reformas que se anunciaban como un hecho, estaban empezando a lucir como exceso de pan para hoy y mucha hambre para mañana.
Sí la ministra cumple su palabra de concertar con los empresarios, con la academia y lógicamente con los trabajadores, podrían lograrse avances significativos y urgentes en la generación de más y mejor empleo. No obstante, insistir en imponer visiones políticas como una doctrina de fe, pasando por encima de aquellos que lo apuestan todo para generar nuevas plazas de trabajo, con el paso del tiempo solo traerá pobreza para muchos.
Sin temor a equivocarme, creo que existe un consenso sobre la necesidad de reformar nuestra anacrónica legislación laboral, sin embargo, los empleadores y las organizaciones sindicales estamos bastante lejos en establecer cuál es el propósito último de esos cambios. Mientras los empresarios requieren nuevas figuras contractuales, más flexibles y adaptadas a los cambios sociales, muchos sindicatos siguen empecinados en defender aparentes garantías que están enfocadas en mantener el statu quo de unos pocos.
Esperar y confiar en que la buena voluntad expresada por el gobierno en asuntos laborales no sea una estrategia para enfriar el debate político y concentrar esfuerzos en aprobar, sin tanto ruido y a pupitrazo limpio, la regresiva y expropiatoria reforma tributaria. Por ahora, desde la oposición reflexiva y ética, debemos asumir que es un buen mensaje.