Varios Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, liderados por la activista e influenciadora en redes sociales Maria Fernanda Carrascal, radicaron un proyecto de ley que pretende establecer una nueva licencia remunerada a favor de las trabajadoras y con cargo a los empleadores. En este caso indican que cualquier mujer podrá pedirle a su empleador un permiso remunerado cada 26 días para afrontar su periodo menstrual.
Esta licencia que en la práctica representa casi el mismo tiempo del que corresponde a un periodo de vacaciones al año – 14 días anuales, para ser exactos – podrá ser solicitado por las trabajadoras cuando lo estimen necesario sin ninguna consideración médica y sin demostrar la necesidad de la licencia. La propuesta incluso indica que las mujeres podrían acordar con su empleador días adicionales de licencia si así lo consideran necesario.
Haciendo cuentas, ese periodo de licencia hará que las mujeres, en términos de costos laborales, comparadas con los hombres, resulten al menos 8 % más costosas; además la coordinación empresarial de esas licencias representará una carga administrativa incalculable en un país en el cual cerca de la mitad de la población económicamente activa está integrada por “personas menstruantes”.
Alejándose del debate de género o de reivindicación femenina que definitivamente debería concentrarse en temas más trascendentales y serios, tales como la equidad salarial, el destierro de la violencia sexual en el trabajo y la paridad por mérito y no por género, es claro que esta “audaz” propuesta de los congresistas de gobierno, expande negativamente la brecha que claramente tienen las mujeres en el mercado de trabajo. En simple lógica, es sensato advertir que este tipo de medidas implican que las mujeres resulten sustancialmente más costosas que los hombres y les resta mucha competitividad en un mercado en el que reina la informalidad y el desempleo femenino.
Lo peor de todo es que estudios recientes demuestran que menos del 10 % de las mujeres consideran que su periodo menstrual las ha afectado negativamente al momento de laborar. Por lo general la sociedad del siglo XXI asume el periodo menstrual como un proceso natural y que en ningún caso debería representar una incapacidad o una causal de diferenciación de las mujeres en su entorno social.
Es claro que en muchos casos pueden existir patologías que impliquen que la menstruación conlleve un proceso muy doloroso, sin embargo, nuestro sistema de salud – ese que también pretende acabar el Pacto Histórico – contempla esa contingencia y se maneja a través de incapacidades médicas remuneradas que pueden superar por mucho la “licencia” que impulsa la activista Carrascal. En otras palabras, hoy en día, sin necesidad de generar un nuevo factor de discriminación, las mujeres pueden acudir a su médico cuando consideren que su periodo les genera incapacidad para que un profesional de salud evalúe científicamente la situación, otorgue la incapacidad que corresponda, pero por sobre todas las consideraciones, inicie el tratamiento médico necesario para combatir o controlar la patología que pudiere estar generando dolor a su paciente.
Si se trata de dignificar el proceso menstrual y combatir los mitos que todavía se tejen alrededor de una circunstancia absolutamente natural, las iniciativas legislativas deberían preocuparse por generar una verdadera política de salud pública que, entre otros muchos aspectos, concientice a las mujeres respecto de la necesidad de acudir a su servicio médico cuando su periodo les genere dolor o malestar desmedido. Una licencia injustificada y que definitivamente satanizará a las mujeres, solo ayudará a invisibilizar aún más un problema de salud femenina que debe ser tratado: la menstruación, según los expertos, en ningún evento, debería ser dolorosa, incapacitante, ni incómoda.
Este tipo de proyectos de ley que están hechos para alimentar el populismo y generarle “tráfico” en las redes sociales a sus autores, flaco favor le hace a la nefasta reforma laboral que está impulsando el Gobierno Petro. Es increíble que nos quieran convencer de que un incremento desmedido e injustificado de las garantías y los costos laborales ayudará a generar empleo o a reducir la informalidad. La inconciencia, la falta de rigor técnico y las lógicas macondianas están volviéndose una constante en este Gobierno y en sus áulicos parlamentarios.