La crisis climática no tiene límites. Sin embargo, el enfoque de casi todos los gobiernos a nivel mundial se centra primordialmente en superar la crisis pandémica, como si fuesen hechos aislados. Desde el lado de la crisis climática aún queda mucho camino por recorrer, y la idea promovida desde varios frentes es que se tome un papel mucho más relevante, considerándose como un eje trascendental sobre el cual trabajar en el corto y mediano plazo.

En mayo de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un primer marco conceptual para mostrar a todas las naciones interesadas, la necesidad de transversalizar el cambio climático en aras de promover un desarrollo sostenible. Desde entonces, la visión propuesta ponía en el ojo del huracán a los ministerios de finanzas y hacienda, dado que juegan un rol crucial en materia de gasto público, presupuesto y política fiscal en general.

Este mes volvió con un nuevo estudio titulado Política Fiscal y Cambio Climático: Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe. Una recopilación que, de primera mano, recuerda la importancia de documentar y supervisar el gasto público, incluso en materia de cambio climático. Hoy en día, son muchas las economías que no saben cuánto se gastan en la atención de terremotos o inundaciones, o cuánto invierten en acciones con las metas del Acuerdo de París.

Así, la estrategia fiscal es determinante. A nivel internacional se tienen casos de estudio que muestran que planificar la transición a las economías verdes ofrece excelentes oportunidades económicas y de desarrollo que potencian la generación de empleos.

Al respecto, el BID, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyeron que una transición progresiva a cero emisiones netas, la región latinoamericana podría crear hasta 15 millones de empleos para el año 2030.

No obstante, los esfuerzos que se estiman en la actualidad no parecen ser suficientes. Es bien sabido que los eventos climáticos extremos conllevan a la pérdida de vidas humanas, incrementan los daños económicos significativos, impactan sectores como la agricultura (afectando severamente varios cultivos) y ejercen una enorme presión sobre las finanzas públicas.

Por ejemplo, se estima que la ocurrencia de al menos un evento climático extremo al año se asocia a un incremento del déficit fiscal del 0,8 % del PIB para los países de ingreso mediano bajo, y del 0,9 % del PIB para el grupo de ingreso bajo en la región de América Latina y el Caribe.

La primera y más importante estrategia refiere a la descarbonización de las economías. El fin es lograr cero emisiones netas de carbono a 2050. Para ello, se deben priorizar sectores clave en este propósito como lo es el transporte público. Allí, meterle la ficha a una transición hacia opciones como líneas de metro públicas a gran escala y un mayor uso de automóviles eléctricos será muy importante.

Por otro lado, la constante dependencia de combustibles fósiles y el hecho de que varias economías, como la de Colombia, aún tengan un marco fiscal en donde las finanzas de la nación están lideradas por estos, incrementa la incertidumbre sobre la futura demanda del petróleo y gas. Esto, claramente, representa una serie de riesgos macroeconómicos y fiscales para economías poco diversificadas.

Por otro lado, los compromisos que varias economías de la región adquirieron en el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases efecto invernadero tienen una serie de implicaciones sobre la política de subsidios a los hidrocarburos. De una u otra forma, es inevitable tener que planificar un retiro progresivo de las actividades económicas más expuestas durante esta transición energética.

Una segunda estrategia viene de la mano con la gobernanza y gestión de los riesgos asociados a los desastres naturales y el cambio climático. Si bien sabemos que la intensidad y la frecuencia de estos desastres han aumentado, la dimensión fiscal de estos es bastante heterogénea y, en ciertos casos, incierta.

Al respecto, en 2012 el mismo BID desarrolló el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres, que plasma todas las condiciones normativas y presupuestales para implementar una política pública efectiva. Allí, México es el país con mayor puntuación, seguido por Colombia, Bolivia y Perú. Lo que se debe resaltar es que un gran vacío en materia de gobernanza es que los sectores económicos más relevantes son los más expuestos a los fenómenos climáticos, tal como el sector agrícola en Argentina y Uruguay.

Desde 2015 son varios los bancos centrales y supervisores financieros que han establecido algunos marcos importantes para identificar, clasificar, gestionar y divulgar los riesgos climáticos en los mercados financieros. Infortunadamente son varios los países de la región que no han incluido ni abordado explícitamente este tipo de riesgos

Una parte de esa hoja de ruta implica análisis cuantitativos, capacitaciones desde las instituciones financieras, análisis sectoriales, instrumentos de financiación como los bonos verdes soberanos, optimizar la asignación de las inversiones para priorizar un mejor uso de los recursos, estimular la eficiencia energética, en fin. En realidad, son muchas las estrategias para el financiamiento del cambio climático; lo fundamental es asociar la política fiscal como eje dentro del marco de acción.