Uno de los principales errores que cometen los gobiernos, y muy especialmente este, es que sin consecuencias pueden seguir indefinidamente haciendo reformas tributarias para cobrar más y más impuestos, obviamente con la finalidad de gastar esos recursos sin el menor tipo de restricciones. Si bien el Gobierno tiene la potestad de proponer nuevos impuestos (como el de las bebidas) y modificar las tasas de los impuestos, la falacia implícita en este tipo de reformas alcabaleras es que el recaudo está directamente relacionado con la actividad económica. La prueba más evidente de este fenómeno es la reforma de Ocampo de 2022, en la que estimaron que la Dian debería haber recibido 36,1 billones de pesos, cuando en realidad sólo ha recibido 31,3 billones, lo que pone en evidencia que la desaceleración de la economía del país le ha costado cerca de 4,8 billones de pesos en ingresos a la Dian.
Un artículo del periodista Daniel Hernández en el diario Portafolio trae a colación la opinión del exdirector de la Dian Lisandro Junco, sobre el fenómeno de menor recaudo: “La gente está comprando menos, por una razón elemental, porque todo está muy caro. Entonces, uno mira el IVA y este indicador no crece como debería. Asimismo, uno mira impuestos como retenciones. No crecen como debería crecer. Entonces, ¿con qué se queda uno? Pues que la economía va mal, el gasto va mal, el contrabando sigue creciendo, el total es que el recaudo decrece… La reforma tributaria que hicieron en el año 2022 no ha funcionado, no ha generado mayor recaudo, teniendo en cuenta que hoy en día se recaudan nuevos impuestos como los impuestos saludables y adicionalmente el impuesto al plástico de un solo uso”.
El serio problema que enfrenta el país es que al menor recaudo, combinado con una total reticencia de recortar los gastos, el Gobierno está contemplando dos alternativas, ambas deplorables: la primera es otra reforma tributaria en 2025. Al igual que aquella de 2022, esta nueva reforma, casi con certeza, va a estar enfocada no a incentivar el crecimiento de la economía, sino a incrementar el recaudo por medio de mayores y nuevos impuestos; e igual a la anterior, reforma casi con certeza condenada al fracaso. Es decir que la reforma de 2025 no solo conduzca a una mayor desaceleración de la economía, sino que el recaudo, en vez de aumentar, disminuya.
El segundo problema es la idea del Gobierno de flexibilizar la regla fiscal, obviamente con la idea de seguir gastando a todos con dinero al debe. En un reciente artículo en el diario La República, el experto Sergio Clavijo alertó sobre el aumento en el endeudamiento: “Los organismos internacionales y la Carf nos alertan sobre riesgo de un déficit fiscal, elevándose de 4,2 % del PIB hacia 5,3 % durante 2023-2024 y acompañado de una relación Deuda Pública Bruta/PIB del 60 % del PIB. Es evidente que tenemos problemas fiscales estructurales, a pesar del mayor recaudo reciente (+2 % del PIB)… Los deseos de mayor gasto territorial necesariamente deberán contar con nuevas fuentes de recaudo, pues no existe espacio para mayor endeudamiento público. Las empresas ya están gravadas a niveles exagerados (35-40 % sobre utilidades), al igual que las personas naturales (tasas efectivas del +30 % al incluirse el impuesto patrimonial en estratos altos). Luego, la única fuente tributaria alternativa consiste en elevar la aplicación de la tasa general del IVA (19 %) del actual 45 % de los ítems a cerca del 70 %”.
Colombia lleva más de cincuenta reformas tributarias. La inmensa mayoría de ellas son cortoplacistas, enfocadas no al crecimiento orgánico de la economía, sino a aumentar el recaudo. En otras palabras, pasar el dinero de un bolsillo al otro. Un gobierno derrochador es peligroso. Un gobierno derrochador, un año antes de elecciones, como va a ser 2025, es inmensamente peligroso. Para Anif, “sincerar las cuentas, en sumas y restas, implicaría reconocer que será necesario un recorte de gasto de entre $ 4 y $ 9 billones para lograr la meta planeada de déficit fiscal del 5,3 %, que ya es suficientemente preocupante”.