En medio de las elecciones presidenciales pasó inadvertida la aprobación de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se eleva a legislación permanente el Decreto 806 de 2020, el que , a su vez, implementó la virtualización de los procesos judiciales como mecanismo para reactivar la administración de justicia en medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Ya no hablaremos más de la norma “excepcional” y temporal; en adelante, tendremos justicia virtual para siempre.
A tal punto estamos “montados” en la virtualización de la justicia, que el Decreto 806 perdió vigencia por un par de semanas a la espera de la aprobación de la nueva ley y prácticamente todos asumimos, en un acuerdo tácito nacional, que seguía vigente. Son tantas sus ventajas que no nos importó si la norma existía o no para seguir aplicándola. Rara vez hemos evidenciado tanto consenso respecto de algo: todos estamos fascinados con la virtualidad y no estábamos dispuestos a perderla.
Si bien la norma tiene muchos aspectos que podrían mejorar e incluso existen serias dudas sobre la “calidad” de las pruebas testimoniales y de las declaraciones de parte, es indiscutible que este gran avance nos pone a la vanguardia en la administración de justicia, no solo a nivel regional, sino en el mundo entero.
Quizá por suerte, más que por una visión certera de lo que debe ser la modernización de la justicia, todos, usuarios y jueces, nos vimos obligados a sumergirnos en el mundo de la virtualidad. De otra manera, hubiera sido imposible cambiar la mentalidad de aquellos que estábamos acostumbrados a la baranda, al papel, a los sellos y a las audiencias presenciales como única forma de sentir que estábamos recibiendo y administrando justicia.
Pueden decirse muchas cosas; que fue un “chepazo”, que fue la suerte, que fue sin querer queriendo, que estas cosas y las otras, pero para la historia quedará que en el gobierno Duque se logró el mayor avance en la administración de justicia. Definitivamente, el más importante desarrollo judicial en décadas: cambiar la mentalidad del sistema judicial y modernizarnos.
El aporte, si así quiere llamarse, se reduce a algo muy sencillo y evidente: ¡agilidad! Lo que nos trae la virtualización es agilidad, así de fácil, solo eso; rapidez en resolverle problemas a la gente. Nuestra cultura del papel y del formalismo nos llevó a olvidar que los colombianos solo esperamos respuestas de la justicia, las que sean, pero respuestas rápidas.
Con la virtualidad descubrimos cosas tan sencillas como la posibilidad de firmar, sin firmar. Muchos procesos duraban meses apilados en un arrume de expedientes a la espera de que un secretario imprimiera un oficio o un “auto”, para luego esperar varios días más para que el juez firmara esos documentos. Hoy eso se resuelve en minutos, sin papel, sin firmas y sin tardanza.
Comprendimos que las audiencias solamente se aplazan por razones verdaderamente graves y que no se puede acudir a la minucia y al formalismo para hacer “roña”. Que se puede estar, sin estar, que la única frontera es una conexión a internet, porque ni siquiera se necesita un computador, con un teléfono inteligente es suficiente; superado eso, una simple conexión, no hay más obstáculo ni excusa.
Las estadísticas todavía son muy vagas, pero estoy seguro de que hemos logrado “desatorar” muchos procesos que llevaban años esperando una respuesta. En una audiencia de un par de horas, gracias a las plataformas de conectividad virtual, pudimos recibir testimonios de personas que están a miles de kilómetros en continentes y zonas horarias distintas, alegar de conclusión y fallar. Eso, en la presencialidad, hubiera tardado años, quizá décadas.
Teniendo el marco normativo listo, lo único que nos falta es invertir en implementar y fortalecer la virtualización definitiva. Es urgente la digitalización de todos los expedientes, mejorar la conectividad de funcionarios y usuarios, y garantizar la seguridad de los servidores y mecanismos de almacenamiento digital de la Rama Judicial. Antes los riesgos eran de incendio o inundación, ahora nos acechan los delincuentes cibernéticos que podrían causar daños irreparables ante la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la judicatura.
Cambiar no es un tema de gobernantes, es una decisión de la sociedad de hacer las cosas bien; la justicia virtual es un claro ejemplo de ello.