Desde el mismo momento en que el Gobierno nacional anunciara en boca de varios de sus altos funcionarios la posibilidad de importar gas de Venezuela, se abrió el debate al respecto y, en consecuencia, muchos sectores del país anunciaron sus críticas a esta intención de orden energético.

La presente tentativa de importar gas de la nación hermana en tiempos de dictadura constituye un tema que compromete gravemente la “seguridad y la soberanía nacional” en consideración a los actores involucrados en este propósito, los intereses nacionales, teniendo en cuenta factores políticos, geopolíticos, energéticos y de relaciones diplomáticas bilaterales entre los dos países.

Sería entregarle en bandeja de plata al régimen de Caracas “parte importante de la independencia energética” de Colombia. En la actualidad, Venezuela no puede atender el mercado interno de gas en consideración a que el 70 % de los yacimientos de gas está asociado al petróleo y aquel solo se puede extraer cuando se bombea el crudo, denominado “gas asociado”; la falta de taladros es una de las razones técnicas. Analistas venezolanos han afirmado que solo está operativo un (1) solo taladro en todo el territorio venezolano, hasta la llegada de la Chevron hace unos meses, algo desbastador para la principal industria venezolana, la cual llegó a tener cien (100) de los mismos operativos a lo largo del país, con lo que se dificulta extraer el oro negro y eso conlleva a que en 2023 solo se produzcan 450.000 barriles diarios de petróleo-BDP, más 100.000 de la Chevron, desde que esta multinacional norteamericana fue autorizada a operar nuevamente en la nación hermana, frente a los 3 millones diarios que se producían hace 16 años, es decir, una reducción del 90 % de producción, un decrecimiento abismal que es difícil de asimilar.

El otro esquema de extracción de gas es el “no asociado”, es decir, el que se extrae sin el concurso del petróleo. Las reservas de gas en Venezuela son gigantescas, sobre todo en oriente, límites con Trinidad y Tobago; pero en la actualidad conlleva enorme dificultad extraerlo del subsuelo ya que no hay recursos económicos para hacerlo, la “bancarrota” de PDVSA y del estado venezolano se hace palpable, generando una merma en la producción. La multinacional española Repsol produce gas en la península de Paraguaná, parte noroccidental de Venezuela y lo llevan por tubería, sobre todo a Maracaibo, siendo este proyecto el que ha mitigado en algo la ausencia en los hogares. Las ciudades y hogares que están conectados a la red, que son la minoría, disfrutan del energético.

Días antes de su salida de la gerencia de Ecopetrol, Felipe Bayón afirmó que nuestra nación posee todo el potencial para generar dicho producto por nuestra propia cuenta, con lo que dejó muy claro cómo voz autorizada, para afirmar esta negativa de forma categórica en el sentido que no se debe importar gas de Venezuela. A la luz de los grandes descubrimientos de gas de los últimos años realizados en Colombia, no habría “coherencia” con este idea, sería injustificable importar gas de Venezuela.

De acuerdo a informaciones de medios de comunicación, Colombia posee gas natural para más allá de 2.037 sin firmar nuevos contratos, lo que daría para varios años de autosuficiencia en este campo. En 2022 el pozo Gorgon-2, le dio buenas noticias a Colombia cuando Ecopetrol anunció que en aguas profundas, 4.000 metros aproximadamente y 70 kilómetros de la costa caribe colombiana, frente al departamento de Córdoba, se encontró gas con la posibilidad de aumentar de forma considerable las reservas de este energético para el país a futuro y por varios años.

Así mismo, el pozo exploratorio Uchuva también el caribe colombiano frente a la Guajira, contiene gran prospectividad que otorga tranquilidad a los expertos en el tema. Por otro lado, constituye una completa “fanfarronería” del régimen de Maduro y su séquito, ofrecer algo que en muchas partes del territorio venezolano brilla por su ausencia; solo las ciudades que poseen infraestructura por tubería gozan de este energético, como Caracas y Maracaibo. Los hogares venezolanos en cuyas ciudades no existe la infraestructura por tubería, sufren lo indecible para que por bombonas puedan disfrutar el gas, mientras que en muchos lugares se cocina todavía con leña.

Según datos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, solo el 12 % de los hogares cuenta con gas directo por tuberías o red domiciliaria, es decir, de 10 hogares, menos de 2 lo obtienen, a los demás les corresponde con cilindros y leña. Venezuela tiene bajo su suelo la octava (8ª) reserva probada de gas natural, con una cifra de 200 billones de pies cúbicos y, a pesar de esta realidad, escasea en los hogares venezolanos.

En la actualidad, el gasoducto José Antonio Ricaurte se encuentra inactivo desde 2015; posee 224 kilómetros desde la zona occidental de Venezuela y va hasta la estación Ballenas en La Guajira colombiana. Colombia le exportó gas a Venezuela desde 2007 al 2015 con el compromiso que se revirtiera el envío a partir de ese año; Venezuela incumplió. Rehabilitar este gasoducto por el deterioro natural, saqueos de válvulas y otros, con el objeto de trasladar gas desde Venezuela, costaría una cifra muy cuantiosa que el régimen de Caracas no tendría cómo sufragar; de acuerdo a analistas venezolanos, esta rehabilitación costaría alrededor de 550 millones de dólares, inversión difícil de hacer, menos en este momento de crisis en PDVSA por temas de corrupción y pérdida de por lo menos 25.000 millones de dólares en malos manejos, corrupción, desgreño administrativo, una bicoca de dinero.

Según Reuters, de un total de 25.270 millones de dólares en exportaciones de petróleo de PDVSA, entre 2020 y 2023, solo se confirmó el ingreso de 4.800 millones en pagos; varios tanqueros cargados con petróleo venezolano salieron de sus costas sin pagar por adelantado, por vender el petróleo en el mercado negro tratando de saltarse las sanciones de USA. Son cuentas por cobrar casi “irrecuperables” para la estatal petrolera venezolana, una real catástrofe.

Concomitante a lo anterior, la pérdida de 1.200 millones de dólares que se esfumaron por haber ordenado construir 18 buque tanqueros en vida de Chávez, a astilleros de países amigos de la revolución en ese momento cómo Brasil, Argentina, Portugal e Irán, de los cuales Caracas solo recibió uno; un detrimento abismal para el erario público venezolano y eso explica la actual situación de crisis económica por malos manejos y corrupción desbordada generando la “diáspora” regada por todo el continente y el mundo.

El rechazo a esta idea del Gobierno posee fundamentos sólidos; el régimen de Caracas tendría en sus manos un arma de insospechadas consecuencias adversas para Colombia, lo sensible y dependencia del energético para Colombia de parte de un régimen, que siempre aprieta sin miramientos invocando nacionalismos cuando algo no está en consonancia con sus intereses e ideología y ni pensar en una ruptura de relaciones diplomáticas.

Aparte de las objeciones de orden técnico para rechazar la importación de gas de Venezuela, los expertos del tema arguyen que traer el gas venezolano obviamente aumentaría los costos en los hogares colombianos. Con la puesta en marcha en Europa en 2021, del gasoducto NordStream 2, el presidente Biden le advertía a la Canciller alemana de ese momento, Angela Merkel, quien creció en la Alemania oriental afín al Gobierno de Moscú, “que no se podía permitir que Rusia utilizara la energía como arma”.

El expresidente Trump con anterioridad también había manifestado su reticencia al respecto. En tiempos de dictadura en Venezuela, hay que precaver todas las variables e imponderables que se pueden ocurrir en detrimento de la calidad de vida y, sobre todo, pensando en la seguridad y preservación energética de Colombia. Cosa diferente sería si existiera en Caracas un Gobierno democrático, responsable, pulcro en su accionar que generara confianza en su par hermana, Colombia. Con la salida de Tarek El Aissaimi de la presidencia de PDVSA, en un escándalo mayúsculo de corrupción sin precedentes, es poco factible que se cristalice este acuerdo; él era uno de los impulsadores de esta idea por medio de la empresa Prodata Energy a través de unos empresarios venezolanos cercanos a este, caído en desgracia ante Miraflores.