Si hay algo que nos gusta a los colombianos es rasgarnos las vestiduras sobre temas y acontecimientos sobre los cuales no tenemos cómo cambiar. Pero sobre los que sí tenemos influencia y podemos decidir, no hacemos nada. Llevamos más de veinte años reformando la justicia. Nada ha pasado. Seguimos con más de 95 % de impunidad.
Siempre se ha dicho que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la República, no funciona, que es un juez politizado y que solo absuelve. ¿No será más bien que los colombianos debemos exigirles a estos padres de la patria que hagan bien su trabajo y que si existen pruebas para condenar al presidente se haga?
Estamos en una coyuntura muy compleja. A un poco más de un año del gobierno de Petro han salido pruebas, al parecer contundentes, de parte de familiares y amigos del mismo presidente sobre financiación ilegal a la campaña, más que todo, recursos que no fueron registrados en los libros de contabilidad. Este delito que antes no tocaba al candidato presidencial, hoy en día lo hace y, por cuenta de esto, puede perder su credencial. El problema radica en los tiempos y las investigaciones que se requieren para que este juicio sea una realidad.
La justicia debe ser para todos, no solo para los de ruana. Si alguna persona independientemente de su cargo o posición comete un delito, debe pagar por ello. No puede seguir existiendo la excusa de que en Colombia ningún presidente se cae. O que sacar a Petro termina convirtiéndolo en mártir y es peor. La justicia debe actuar y llegar al fondo del meollo del asunto, y si se cometió un delito que implique la pérdida de la investidura, se debe llegar a eso.
Con las demandas ya impuestas desde hace semanas ante el Consejo Nacional Electoral, deben estar corriendo las investigaciones pertinentes. En eso necesitamos celeridad. Y, si existen motivos y razones para mandar esas pruebas a la Comisión de Acusaciones, se debe hacer para que el presidente tenga un juicio justo con su juez natural.
Muchos hablan que Chávez en Venezuela destrozó la economía venezolana. Lo mismo está pasándonos a nosotros. Todos los sectores económicos están pasando aceite. Existe mucha desesperanza e incertidumbre por el futuro. Lo que no muchos dicen es que antes de eso acabó con la institucionalidad, que es mucho más grave. Desafortunadamente en Colombia tenemos unos riesgos grandísimos de perderla. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde.
Nuestros problemas no se solucionan con marchas sino con hechos. Necesitamos que las instituciones funcionen. Que, por fin, Colombia demuestre al mundo que las personas que cometen delitos, independientemente de su rango, pagan por ello. Estamos en un momento histórico. Si no logramos hacerlo, nos vamos a arrepentir.
Ni la economía, ni la salud, ni las pensiones dan espera. Ya está agonizante el mercado de capitales. Pero van por más. No nos podemos dejar arrebatar nuestra patria.