La primera fuente de financiamiento de la que el Gobierno debe echar mano es reversar los efectos negativos en el recaudo de la reforma tributaria que se tramitó en el año 2019. La llamada Ley de Crecimiento en realidad erosionó las finanzas públicas en $13 billones, ya que los beneficios tributarios que concedió costaron en términos de PIB el 1,3 % del recaudo. Cuando se tramitó esa iniciativa ya había un diagnóstico desde varios centros de estudio y el consenso de los analistas económicos decía que para garantizar la sostenibilidad de la deuda era necesario elevar la relación de recaudo que se tenía desde el 14,5 % del PIB hacia mínimo el 16 % e idealmente hasta el 17 %, y no reducirla al 13,2 %.
Descontar el 100 % del IVA pagado en los bienes de capital en el impuesto a la renta costó $6 billones, permitir que se descontara el 50 % del 4 x 1.000 y del ICA también del impuesto a la renta otros $4 billones, y reducir la tarifa de renta corporativa $3 billones adicionales. La siguiente reforma tributaria debe reversar esos beneficios, que incluso algunos gremios como la ANDI han aceptado. No obstante, su derogación debe ser permanente, eliminando del lenguaje la palabra “temporal”, puesto que las necesidades fiscales de la Nación son permanentes. Con esa acción se reciben los $13 billones que perdieron en 2020 y que hoy suman al descuadre fiscal.
La segunda fuente es monetizar una parte de las reservas internacionales. Las reservas son precisamente eso, ahorros que tiene la Nación para financiar situaciones excepcionales como esta, donde el desempleo en lo que va del año está en 15,8 % y en los hombres y mujeres jóvenes sobrepasa el 20 %; la relación de la deuda pública frente al PIB asciende al 60 % y el déficit fiscal bordea el 8,5 % del PIB, más una contracción del producto en 2020 del 6,8 %.
Las reservas internacionales hasta abril, según cifras del Banco de la República, suman US$59 mil millones. Utilizar US$5mil millones permite que el estado disponga de $18 billones para invertir en la reactivación de la economía mediante la inversión en bienes públicos y para financiar en la coyuntura las demandas sociales que ya no dan más espera, y son la fuente justificada del paro nacional que está por completar un mes.
Usar una parte de las reservas es viable porque el saldo, que serían $54 mil millones de dólares, es suficiente para cubrir adecuadamente la cuenta corriente y financiar más de seis meses de importaciones que es el ratio mínimo que se debe tener en reservas. Hoy las importaciones mensuales del país valen US$4.900 millones, de tal manera que el nuevo saldo permite cubrir 10 meses de importaciones. No se trata de drenar las reservas del país, se busca utilizar una parte para estabilizar la economía y evitar una caída mayor del producto o una nueva recesión.
La tercera fuente es el financiamiento desde el Banco de la República a la Nación. Para evitar emisión monetaria sin respaldo, el país puede emitir un bono perpetuo que sea comprado por el Banco, pero que pueda vender si requiere esterilizar la nueva masa monetaria que cree. Al tener un activo de respaldo, el Banco de la República puede emitir dinero y entregárselo a la Nación únicamente para inversión; de hecho, la operación puede hacerse por fases a medida que el Estado ejecute inversiones en bienes públicos como los corredores de comercio internacional, las autopistas 4G, llevar a la realidad el programa de vías terciaras para el campo, la construcción y mejora de la infraestructura pública de salud y educación, y construir infraestructura de agua potable y saneamiento básico.
Desde esa fuente es posible obtener al menos $20 billones (2 % PIB) sin que se ponga en duda la credibilidad de la política monetaria, puesto que habría un activo de respaldo y un plan de inversiones que al materializarse potencia la capacidad de la economía para responder por la mayor masa monetaria.
Finalmente, desde Ecopetrol se pueden recibir $4,7 billones en dividendos extraordinarios, ya que la petrolera tiene en reservas ocasionales de capital $5,4 billones. Esto ya lo hizo el Gobierno a finales de 2019 cuando solicitó un dividendo extraordinario por $3,2 billones, también desde reservas ocasionales que la empresa poseía.