La nueva ruta de la seda de China también extiende sus hilos por América Latina. Lo hace de manera silenciosa, a través de la financiación de proyectos de infraestructura y en una región liderada por presidentes de izquierda que, al menos en el discurso, buscan alejarse de las políticas de Estados Unidos.
China ha tenido un interés histórico en el continente: en 2010, el comercio con China representó 180 billiones de dólares -estándar anglosajón. En 2021 alcanzó los 450 billones de dólares y, según un análisis del Council for Foreign Relations, se espera que para 2035 la cifra sea de 700 billones de dólares.
Hoy, China es el segundo socio comercial más grande de Latinoamérica, después de Estados Unidos. Para el caso de Chile, representa el 34 % del comercio total, seguido de Brasil y Perú, con un 28 % cada uno; y 20 % en Uruguay. Venezuela es el que mayores lazos tiene con China al recibir préstamos por un valor de 62 billones de dólares.
¿Qué atrae a China? Principalmente, las materias primas que son clave para la industria de este país. Por ejemplo, en el sector energético, invirtió, entre 2000 y 2018, 73 billones de dólares en la construcción de refinerías y plantas de procesamiento de carbón, gas natural, petróleo y uranio.
El litio, metal necesario para la fabricación de baterías eléctricas, es uno de los mayores atractores de la inversión China: este país invirtió 4,5 de dólares billones en Argentina, Bolivia y Chile, los cuales alojan más de la mitad de este en el mundo.
Por ahora, el momento político representa una ventaja para China. La llegada de la izquierda a las presidencias de la región le otorga a Beijing una cercanía ideológica que puede aprovechar para futuros proyectos de infraestructura.
De hecho, al ser la mayoría de regímenes presidencialistas en la región le permite a China y sus industrias establecer diálogos directos con los tomadores de decisión de cada proyecto.
¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos? Además de advertir a los líderes de la región del avance chino, se encuentra debatiendo un proyecto de ley que podría ampliar el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), sucesor del TLCAN, para otros países, incluida Latinoamérica.
Así mismo, ha adelantado acercamientos con México para invertir en las empresas estadounidenses de semiconductores que aloja, lo cual haría que este país reciba una parte de los 52,7 billones de dólares del paquete conocido como Chips Act.