En reciente columna el líder empresarial y columnista de El Espectador, Carlos Enrique Moreno, afirmaba que dentro de la multiplicidad de razones para la protesta se podía distinguir una propuesta legítima, pacífica, de una juventud inconforme que no encuentra empleo ni un futuro claro. Para Moreno, “Habrá que ir migrando a un sistema más equitativo de asignación de recursos, implementando “bonos educativos” que permitan al estudiante escoger la institución pública o privada donde quiere estudiar…De forma complementaria debemos impulsar mucho más la formación técnica y tecnológica para el trabajo, de acuerdo con el marco nacional de cualificaciones…A pesar de la gran oferta, el 54 % de los empresarios reportan dificultades para llenar vacantes. Además, el paro sacó a flote un ejército de jóvenes, muchos de ellos graduados y algunos con posgrados, que no encuentran alternativas laborales.”
El “bono educativo” consiste en hacer las cosas al revés de como se hacen ahora: es decir, que los recursos públicos (que al final del día somos nosotros los contribuyentes los que aportamos) se destinen directamente a subsidiar a los estudiantes en vez de financiar las instituciones educativas, especialmente la públicas. Al entregar el “bono educativo” al estudiante, es él a su libre albedrío quien escoge la carrera e institución en la que quiere estudiar. Entre las metas está el alinear los intereses de la sociedad (y muy principalmente la de los empresarios que son los que generan empleo) con las carreras y los conocimientos técnicos que los estudiantes requieren para ingresar al mercado laboral. El país no necesita más abogados y antropólogos. En resumen, es apoyar la demanda educativa y no la oferta. En sus distintas manifestaciones, los “bonos educativos” están vigentes actualmente en Corea del Sur, Finlandia, Singapur, Suecia, algunos estados de EE.UU, Hong Kong y algunas regiones de Italia.
Por supuesto el Estado, por medio de un organismo integrado por los sabios educativos tanto del sector público como del privado, tendría un papel decisivo que jugar en la implementación del programa de “bonos educativos”. Para el portal argentino, Will, “Las personas a favor del sistema educativo tradicional argumentan que la aplicación de los “bonos” pretende es una “privatización” de la educación, que aparentemente “haría que deje de ser gratuita o simplemente un intento de mantener el adoctrinamiento izquierdista y encubrir a las conocidas mafias vinculadas a la educación. Los defensores de la famosa “educación pública de calidad” se oponen a esto porque se reduciría sustancialmente la corrupción, algo negativo para los sindicatos y políticos metidos en estas actividades fraudulentas. Así, fácilmente manipulan a las masas en su favor, con el fin de mantener sus protegidos nefastos y profundizar el estatismo del que se aprovechan despiadadamente.” En lugar de armarse un presupuesto subjetivo y volcarlo en cada escuela o universidad bajo la mirada de los hambrientos sindicatos, Will recomienda que los “bonos educativos” solo pueden ser canjeados en una institución educativa calificada y una carrera previamente aprobada. El gobierno cambia su rol sobre la educación: pasa de ser literalmente el dueño de ella, a comportarse simplemente como auditor, inspector de la calidad de las entidades de educación y financista.
La parte más llamativa de los “bonos educativos” es la eliminación de la politización y adoctrinamiento; la muy segura desaparición de las “universidades de garaje”; y la disminución radical de ofertas educativas en derecho y antropología. Hay evidencia de sobra que demuestra cómo el Sindicato de Fecode lleva décadas en el intento de ideologizar a los estudiantes colombianos. Al ser para todo efecto práctico un monopolio, Fecode se ha dado el lujo de imponer su contenido tergiversado en las escuelas y universidades por medio de la modificación de los programas de estudio y la incorporación de profesores con una clara posición marxista que mezclan con su trabajo. La anterior es una de las principales razones por las cuales la educación pública en Colombia es tan mala.