En las últimas semanas, hemos evidenciado una serie de actuaciones del Ministerio del Trabajo, especialmente del viceministerio de relaciones laborales, que han generado intranquilidad en muchos sectores. En una práctica que ha hecho carrera en los políticos en todos los rincones del mundo, se ha optado por gobernar desde las redes sociales, lo cual no es del todo malo, sin embargo, es preocupante que la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes laborales anuncie medidas y sanciones a diestra y siniestra por ese “canal” de comunicación vulnerando, en muchos casos, la imparcialidad, la presunción de inocencia y el debido proceso que debe surtir toda actuación administrativa.
El Ministerio, sin esconder su proselitismo popular, no pierde oportunidad para anunciar medidas en contra de empleadores con nombre propio y sin haber agotado los procedimientos previstos en la ley. En el caso de la multinacional Teleperformance, en una situación inédita e inaudita, incluso ha salido en redes sociales a pedirle a la gente que presente pruebas y quejas en contra de la empresa por presuntas irregularidades laborales, lo cual implica, de facto, asumir que están actuando mal y que tarde o temprano, serán multados.
En el incidente de la marca Jon Sonen en Cartagena, es evidente que expulsar a una trabajadora con el apoyo de la Policía Nacional fue un exceso, sin importar el nivel del reclamo de la colaboradora o la validez del mismo; sin embargo, en una actuación de fiscalización extrañamente “eficaz”, el Ministerio del Trabajo decidió cerrar el establecimiento porque, en su criterio, existían en ese local comercial situaciones que ponían en “grave riesgo” a los trabajadores, al parecer porque se evidenciaba un error en la afiliación de una trabajadora al sistema de pensiones. Pues bien, esa infracción, de existir, en el peor de los escenarios, daba para una multa, pero en ninguna circunstancia justificaba un cierre “preventivo” del establecimiento comercial.
En los dos casos los asuntos terminaron aparentemente arreglándose con “diálogo social”, lo cual es bueno y muy rescatable, sin embargo, el daño reputacional en contra de los empleadores ya no tiene reversa. En el imaginario colectivo queda la idea de que esas empresas violan los derechos de sus trabajadores y que el Ministerio es una especie de Robin Hood, que anda aplicando justicia a favor de los desvalidos y en desmedro de los “opresores”. Ese proceder no puede hacer carrera, en especial cuando se trata de una autoridad gubernamental que tiene la facultad de imponer multas que pueden hacer inviable a cualquier empleador.
Ojalá el Ministerio hubiera tenido la misma contundencia y eficacia para pronunciarse respecto de la masacre laboral que se ha evidenciado en muchas empresas y entidades públicas, en las que el “nuevo gobierno” ha exigido renuncias a todos aquellos que no compartan su filosofía política. Esa conducta, eso que realmente representa una flagrante violación no solo de garantías laborales, sino de derechos humanos por aquello de la libertad de conciencia, no mereció ningún comentario del nuevo “alguacil” de los trabajadores colombianos.
En esa cacería de brujas los colombianos hemos perdido a valiosos funcionarios que representaban la experiencia y la memoria histórica de instituciones muy sensibles, tal como sucede con el Ministerio de Salud, donde existían funcionarios que habían subsistido a varias administraciones para garantizar continuidad y coherencia en las políticas públicas. A esos funcionarios públicos, los llamaron el domingo pasado a pedirles que no regresaran el lunes porque ya habían sido reemplazados, en la mayoría de los casos, por personas que no cumplen con los perfiles ni la experiencia para ocupar esos cargos.
No podemos llamarnos a equívocos. Es bueno que el Ministerio asuma un rol más preponderante en la defensa de los derechos laborales, sin embargo, ese loable objetivo no puede prestarse para espectáculos mediáticos y para hacer matoneo al empresariado colombiano. El Ministerio del Trabajo a punta de multas no puede convertirse en la policía política del gobierno; dar ese mal paso sería nefasto para todos.
Debemos insistir en que los empresarios no son y nunca han sido enemigos. El Ministerio es de todos, no solo de los trabajadores. Su rol es defender los derechos sociales, pero también garantizar el equilibrio económico, por lo menos eso dice, por ahora, nuestra Constitución y nuestra legislación laboral. Hasta donde sabemos, en este país todavía existe la libertad de empresa y también es obligación de la cartera laboral defender esa libertad.