En estas mismas líneas recientemente denunciamos cómo la legislación laboral, poco a poco, se ha convertido en una colcha de retazos inoperante y generadora de más conflictos sociales, simplemente porque sus reformas lucen reactivas, hasta cierto punto populistas, pero, sobre todo, desordenadas.
Ahora bien, si acceder a una reforma laboral estructural y profunda puede parecer importante, implementar una reforma pensional es un tema más urgente y altamente preocupante, en especial porque no hacerlo podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de todo el país y la tranquilidad en la vejez de varias generaciones de colombianos.
Para empezar, debemos indicar que la Ley 100 de 1993 tuvo varios desatinos, pero el más protuberante fue haber permitido la subsistencia de dos sistemas pensionales radicalmente distintos en su diseño y administración, a pesar de pretender compatibilizarlos, a las malas, en aportes y beneficios. Eso fue tanto como pretender meterle gasolina de avión a un carro viejo, pero lo hicimos y con esa realidad estamos conviviendo.
Como era de esperarse, ese “engendro” pensional hoy empieza a mostrar sus alcances y la verdad inocultable es que, en idénticas condiciones de montos aportados y tiempos de cotización, Colpensiones reconoce mesadas sustancialmente mejores frente a las que podrían asumir los fondos privados en el régimen de ahorro individual.
La creencia popular, alimentada por los discursos populistas y que buscan réditos en la “lucha de clases”, indica que el problema está en los fondos privados que, según el mito social, se “enriquecen” a costillas de los pobres colombianos. La verdad es que eso no es cierto, los fondos pagan la mesada pensional de acuerdo con lo que el afiliado aporta y, para ser totalmente honestos, en términos netamente financieros, aportamos muy poquito y por muy poco tiempo.
Si los números en los fondos privados son correctos, como lo son, el problema es que Colpensiones está pagando pensiones que no tienen sustento financiero o, por lo menos, no en lo que aportamos, porque esa entidad solo recauda en cotizaciones la mitad de lo que paga en mesadas pensionales. En otras palabras, las pensiones de Colpensiones son mejores fundamentalmente porque el Estado las subsidia y, querámoslo o no, el Estado somos todos y la plata sale de los que pagamos impuestos.
Lamentablemente, a pesar de que los últimos gobiernos han anunciado varios “proyectos” de reforma, ninguno se ha atrevido a presentar, cuando menos, un borrador. Esa actitud es totalmente entendible, considerando el grado de polarización y radicalización social que hemos experimentado recientemente y que se exacerbó con la pandemia.
Si una reforma tributaria que hasta cierto punto tenía un componente social, generó lo que generó, no me alcanzo a imaginar lo que podría sucederle a aquel mandatario nacional que se atreva a proponer una reforma pensional que necesariamente debe tocar fibras muy sensibles para poder ser realmente efectiva.
Para hacernos una idea de lo que es ineludible discutir, gústenos o no, debemos equilibrar la edad de retiro –quizás incrementarla significativamente–, subir el porcentaje de cotización y racionalizar financieramente las mesadas pensionales que paga Colpensiones. Cualquiera de esos temas daría para varios paros y bloqueos, y sería un dulce postre para los señores del caos, el vandalismo y la anarquía.
La triste realidad es que el presidente Duque espera impaciente a que el año que le resta en el gobierno se pase volando y pensar en una reforma a las pensiones, en las actuales circunstancias, es imposible. Sin embargo, lo que más preocupa es que ninguno, del casi medio centenar de candidatos a ocupar la Casa de Nariño, se haya atrevido a mencionar cuál sería el esbozo de una reforma pensional que desactive la bomba de tiempo fiscal en que estamos sentados y que garantice la subsistencia digna de los futuros ancianos, que es lo que seremos todos tarde o temprano.
Mientras tanto, el “progresismo” seguirá promulgando ideas populistas, irrealizables, pero, ante todo, irresponsables en materia de pensiones; totalmente dirigidas a convencer a los incautos que siguen creyendo que los recursos pensionales crecen en los árboles y que el Estado tiene una maquinita para seguir imprimiendo billetes ilimitadamente. Se pasan la vida diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que realmente necesita entender.
Una reforma pensional puede tardarse más de 30 años en generar efectos. La Ley 100 y sus reformas solo regulan menos de la mitad de las pensiones en Colombia, las demás corresponden a normas anteriores. Es hora de llamar a la sensatez: trabajar en el presente y en el futuro de las pensiones es inaplazable. Por ahora, el panorama, si seguimos como vamos, es muy oscuro.