A diferencia del primer intento en el que inermes presenciamos el peor error político de un gobierno en varias décadas, en esta oportunidad el ministro José Manuel Restrepo consultó el sentir de la gente y de los diferentes sectores políticos para diseñar un proyecto aparentemente sensato y que considera la realidad social del país, más no el capricho prepotente y fantasioso del exministro Carrasquilla.

Pues bien, se ha anunciado, con buen juicio, que se trata de una reforma de “emergencia”, que solo resuelve dos terceras partes del problema fiscal estructural, pero que nos servirá para solventar algunas de las necesidades sociales más apremiantes y, de paso, tratar de desactivar la bomba de tiempo que representa el haber perdido la confianza inversionista de los mercados internacionales.

El proyecto anuncia que no se “tocará” la renta de las personas naturales, ni el IVA, ni las pensiones. No se afectarán los bienes básicos de consumo como la gasolina, ni muchos menos se le cargará el guante a la clase media. Es decir, no tiene ninguno de los elementos con los cuales se activó la bomba social que representó el anterior proyecto de reforma, el cual, rayaba en lo confiscatorio.

El gobierno aspira a recaudar aproximadamente 10 billones de pesos y espera ahorrarse, vía reducción del gasto y de la lucha contra la evasión, al menos otros 5 billones. Se indica que, en la práctica, se buscará desmontar los beneficios tributarios que se le otorgaron a las empresas en la más reciente reforma fiscal de 2018 y que paradójicamente había generado buenos resultados de crecimiento económico antes de que empezara la catástrofe económica provocada por la pandemia.

En principio se pretende aliviar la difícil carga fiscal generada por la crisis, pero de paso reforzar de una vez por todas los programas de asistencia social que se crearon con motivo de la covid-19 y que deben continuar, quizá por varios años más, para evitar seguir cayendo en el abismo de la pobreza extrema.

Lo preocupante es que el “progresismo” ya está empezando a “calentar” su discurso para atacar este nuevo proyecto y tratar de destruirlo. Ya se está anunciando que este papayazo es la “gasolina” que estaban esperando para continuar con su cruzada de caos y destrucción. La pregunta es: ¿Sí la reforma básicamente consiste en cobrarle más impuestos a las empresas, dejando todo lo demás quieto, ahora qué se inventarán para justificar su “protesta”?

El líder del “progresismo”, ante la falta de discurso y con la necesidad imperiosa de seguir azuzando a las hordas vandálicas, ya salió a proponer cosas tan absurdas como que solo es necesario aumentar los impuestos a 4.000 personas para salir de la crisis. Lo que no dijo es que esas personas son las que generan los empleos de los otros 50 millones, no son infinitamente ricas y que tarde o temprano terminará matando la “gallina de los huevos de oro”; es decir, aunque no quiera reconocerlo, inevitablemente terminará repartiendo pobreza.

Indican que en un eventual gobierno “progresista”, ellos recuperarán la confianza inversionista, sin embargo, el tema aparentemente pasará por un truco de magia, porque los grandes capitales extranjeros difícilmente invertirán en un país donde ser rico es un pecado y se anuncia que solo ellos, los “ricos”, pagarán los impuestos para solventar los caprichos mesiánicos del gobernante de turno.

Indistintamente de lo que pase, solo esperamos que la reactivación de estas últimas semanas que ya empieza a mostrar sus frutos, no se detenga abruptamente como consecuencia de los “cortes de vía” y la destrucción de la infraestructura pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH asume como “legítimos”, así solo sirvan para generar hambre y miseria vulnerando los derechos humanos de aquellos que no creen en ese mecanismo para manifestar sus diferencias.

Tan sencillo como esto: con reforma o sin ella, señores de la “resistencia”, ¡por favor no sigan destruyendo el país!