El relevo de varios miembros de la junta directiva de Ecopetrol, donde el gobierno representa el 88,5 % de la propiedad accionaria, ha causado que quienes son relevados busquen el camino de la crítica al accionista mayoritario para torpedear su remoción. Parecen olvidar que el máximo órgano social de la empresa es la asamblea de accionistas, que en su momento los nombró, y ahora plantea su cambio en un habitual ejercicio de la propiedad accionaria.
En las asambleas de accionistas, la democracia se reduce a una acción, un voto. Hoy en día, el 88,5 % de las acciones y los votos está en manos del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, por lo que resulta extraño e inocuo que algunos miembros de la junta critiquen a sus eventuales relevos, argumentando que no son idóneos o que existe falta de independencia. La labor objetiva de calificación de los nuevos miembros de junta le compete al accionista mayoritario, en este caso, la nación, con base en los estatutos que se aprueben en la asamblea.
Más aún cuando miembros que pueden ser cambiados buscaron en la asamblea de accionistas de marzo de 2022 extender su periodo de 2 a 4 años, para no finalizar en 2023, sino en 2025, y la junta se habilitó para reelegirse hasta por dos periodos más, cada uno de cuatro años. En total, la junta en ese momento se habilitó para quedarse hasta por 12 años, una medida que contraviene toda norma ética y atenta contra el gobierno corporativo de la empresa. Sin embargo, la medida fue posible porque fue aprobada por la asamblea de accionistas.
Si fuera por resultados corporativos, es bajo la administración de la junta actual que la empresa presentó una contracción de las utilidades del 42 %, pasando de $ 33,4 billones en 2022 a $ 19,1 billones en 2023 y, lo que es más preocupante, una disminución en el índice de reposición de reservas al 48 %, es decir que, por cada barril extraído, la empresa solo encontró nuevas reservas por 0,48 barriles. Sumado a la controversia por el mantenimiento del plan de inversiones en exploración y producción, donde hay una contracción desde USD $ 4.500 millones en 2023 a USD $ 2.500 millones para el 2024, al igual que el número de taladros en operación por parte de Ecopetrol. Lo anterior ha sido advertido por Cesar Loza, presidente de la USO, principal sindicato de la empresa.
En la renovación de la junta, la llegada de Edwin Palma, en lugar de ser criticada, debe verse como un aporte positivo para la administración. ¿Cómo negar la experiencia y el conocimiento de la empresa, la administración, el negocio y la relación con los trabajadores que un viceministro de trabajo, y expresidente del principal sindicado de la industria del país, como es la Unión Sindical Obrera (USO), puede aportar a la administración y toma de decisiones de la empresa.
Que dentro de la junta exista un extrabajador de la empresa, y ojalá un trabajador activo, simplemente es sinónimo de que la empresa busca optar por un gobierno corporativo moderno, alineado con los principios de la OCDE y ASG, donde es deseable que los principales grupos de interés ocupen asientos en la junta directiva de las empresas, mucho más cuando tienen importantes participaciones estatales, como es el caso de Ecopetrol. Claramente, los trabajadores son un importante grupo de interés, al mismo nivel que los accionistas minoritarios, que tienen un representante en la junta, o los departamentos productores, que también lo tienen.
Los retos que tendrá la nueva junta es equilibrar los objetivos de transición energética que ha planteado el Gobierno como accionista mayoritario, con garantizar el autoabastecimiento de los hidrocarburos que necesita el país, y la continuidad de la empresa en el largo plazo, más allá de su periodo de administración. Ecopetrol es el principal financiador del país. Solo en 2023, le aportó $ 58 billones en dividendos, regalías e impuestos; responde por el 30 % de las exportaciones; es el único refinador del país; principal transportador de crudo y derivados; mayor inversionista, y principal autogenerador de energías renovables. El reto está en hacer la transición usando los recursos provistos por el negocio original, para, al final, potenciar la empresa con un segmento adicional: la energía renovable.