El ahora presidente Petro en campaña se autoproclamó el “padre” y “defensor” a ultranza de la Constitución de 1991, lo cual no es cierto, no solo porque nunca participó en la Asamblea Nacional Constituyente, sino porque muchas de las propuestas de campaña, para hacerlas realidad, requieren revocar, modificar, ampliar o incluso reemplazar la Constitución que dice defender.

Temas como reestructurar el sistema pensional, “reformar” las fuerzas militares, cambiar el sistema electoral, desmantelar la Policía Nacional para convertirla en un cuerpo civil armado, “democratizar” la propiedad de la tierra “improductiva”, indultar bandas criminales y narcotraficantes, legalizar la producción y el consumo de drogas, acabar la Procuraduría, limitar la independencia del Banco de la República, prohibir la extradición y, finalmente, extender y hacer indefinido el mandato presidencial, requerirían refundar constitucionalmente nuestro país, es decir, acabar con la Carta Política de 1991 de la cual se abroga la paternidad.

En lo personal, creo que tenemos una constitución antitécnica, pero para bien de todos, ese acuerdo político ha sido el motor de los grandes avances sociales de los últimos 30 años en Colombia. Petro hoy es presidente gracias a que esa constitución, que necesita cambiar para cumplir su decálogo de campaña, le ha permitido participar de todos los procesos electorales desde que el M19 entró a la legalidad.

La Colombia de 2022 es totalmente diferente a la de 1990 y, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, tenemos un país sustancialmente mejor. Los derechos, sin perjuicio de las oportunidades de mejora, hoy son realidades prácticas y el promedio de los colombianos goza de un mejor lugar para vivir, a pesar de la amenaza terrorista y del narcotráfico.

Nuestra Constitución, esa que tantas veces ha sido reformada, es un modelo de garantías e instituciones y ha sido replicada en muchos países, constituyéndose en un caso de estudio a nivel mundial por figuras tan efectivas como la acción de tutela o la certidumbre de las acciones de la Corte Constitucional que, a través de sus fallos, ha solucionado varios de los problemas que la desidia política nunca quiso resolver.

Nosotros, la sociedad civil, esa que nunca bloquearía una vía, que jamás quemaría el transporte público de los más necesitados, que en ninguna circunstancia instalaría un cable para decapitar a otros ciudadanos y que quiere y cuida a su fuerza pública, debe ser firme e inflexible en la defensa de la Constitución. En ese punto, cero concesiones. Somos los únicos responsables de nuestro futuro y la clave está en impedir, desde las mismas instituciones, que se destruya nuestra arquitectura constitucional.

Los cambios y el progreso son necesarios, incluso deseables; sin embargo, no podemos permitir que nos gobiernen con el síndrome de Adán en virtud del cual aspiran a convencernos de que el país nació el 7 de agosto de 2022 y que su verdad, o mejor, su “post verdad”, es la nueva doctrina. Nadie debe asumir que haber ganado unas elecciones por el margen más estrecho de los últimos 30 años autorizó a Petro para refundar la nación y la sociedad misma.

El asunto es muy sencillo. Todos debemos custodiar nuestra Constitución, volverla a estudiar, entender su magnitud y defenderla con determinación y disciplina. Son pocas las voces que desde el Congreso están dispuestas a emprender esa cruzada, pero el ciudadano común, ese que ama a Colombia, desde donde esté, está llamado a aportar un grano de arena para impedir que destruyan las muchas cosas buenas que nos identifican y no unen como nación.

En lo que convenga a todos, apoyo reflexivo. En lo que destruya y ponga en riesgo nuestras garantías, libertades e instituciones: oposición férrea, técnica y ética. Ese es el camino… el único camino.