Hasta hace un mes, los maestros accedían a un régimen especial de salud que funcionaba bastante bien en la mayoría de las regiones del país. Era un régimen de excepción, altamente financiado y que operaba, en algunas ciudades, con los estándares de los servicios de medicina prepagada. A pesar de los múltiples problemas que ese esquema tuvo hace algunos años, muchos maestros amaban y valoraban la calidad de su servicio médico.

En la práctica, se trataba de un modelo que demostraba que el problema de nuestras EPS no es de calidad del servicio, sino de escasez de recursos. En el caso del régimen especial de los maestros, la unidad de capitación (valor mensual de la afiliación) supera hasta cuatro veces el valor que reciben las EPS hoy día por afiliados regulares. Era un gran negocio y muchos, incluyendo los sindicatos, querían meterle mano a ese gran flujo de recursos.

El Gobierno Petro aprovechó el vencimiento de los contratos con los operadores y a partir del primero de mayo del presente año, decidió literalmente estatizar el sistema, alegando que era el primer “piloto” del sistema de salud que pretende implantar en Colombia. Según el ministro de Salud, esta iba a ser la prueba irrefutable de que la intermediación en salud y el modelo de aseguradoras es fallido.

Pretendían los “técnicos” del Ministerio y de Fecode asumir y centralizar la contratación de servicios, en este caso a través de la Fiduprevisora, una entidad financiera que nunca compró ni suministró un solo medicamento. La idea era contratar y pagar a los operadores directamente y, según ellos, eso haría que mejorara la calidad y la oportunidad del servicio.

Pues bien, los resultados del experimento del Gobierno Petro han sido desastrosos. Se demostró en unos pocos días que los “intermediarios”, en cualquier sistema de salud, son absolutamente necesarios porque se trata de un servicio altamente técnico, que requiere de administradores expertos y dedicados de tiempo completo a cumplir con su labor misional.

Las EPS, gústele o no al Gobierno, deben existir, deben administrar recursos y lo más importante: son las llamadas a garantizar la prestación y la calidad de los servicios médicos. Las abuelitas sabiamente dirían... zapatero a tus zapatos.

Lo peor de todo es que el ministro Jaramillo reconoce que está metiendo a los maestros y a todos los colombianos en una tormenta perfecta. Los audios revelados esta semana, en los que hace gala de un cinismo desbordado, demuestran que no estaban preparados para asumir lo que ellos mismos se inventaron, pero que, además, están dispuestos a todo para esconder las evidentes fallas de ese esperpento estatal.

Es lamentable que la improvisación y el fanatismo estatista del Gobierno ya haya cobrado la vida de varios maestros, pero si algo bueno se puede sacar de este desastre es que se demostró con hechos, no con discursos populistas, que la administración del sistema de salud a través de aseguradoras es la única alternativa. Lo demás es retórica insulsa y muy peligrosa.

El Estado nunca ha sido buen ejecutor y los riesgos de corrupción asociados a su operación son la tormenta perfecta para cobrar miles de vidas si permitimos que este nefasto esquema se disemine en la salud de todos los colombianos.

Este debería ser un llamado de atención. No podemos permitir que sigan destruyendo el que era un buen sistema de salud a pesar de sus muchas fallas. El camino es resolver sus problemas, no destruirlo. Por ahora, Dios cuide a los maestros y a sus familias, porque el Gobierno Petro no está dispuesto a hacerlo.