El diario El Tiempo del lunes 27 de febrero pasado trae una noticia bastante preocupante sobre la incertidumbre económica y política que hoy reina en el país. Esta deplorable situación está frenando los proyectos de inversión.

Según la nota, “en medio de un panorama de elevados precios, altas tasas de interés e incertidumbre por todas las reformas que plantea sacar adelante el Gobierno este año, la economía pasaría de crecer un 7,5 por ciento en el 2022 a solo un 0,2 por ciento este 2023, en el pronóstico más pesimista del Banco de la República”.

La encuesta de la Andi puso en evidencia que el 27,5 % de los empresarios dice que ya ha aplazado sus inversiones, una cifra que hace seis meses llegaba a 20,6 %. Solo un 27,5 % de los empresarios respondió que sus decisiones de inversión se mantienen, mientras que en la misma encuesta realizada en agosto del año pasado esta cifra llegaba a 47,1%, lo cual pone de relieve el momento de alta incertidumbre que está viviendo el país.

En dicho artículo, adicionalmente, también se menciona que otros factores que están impulsando a los empresarios a paralizar sus inversiones, como son la volatilidad de la tasa de cambio (14,6 %), la elevada inflación (12,5 %), flujo de caja (3 %), el costo país (2,1 %), el incremento en el monto de las inversiones (2,1 %) y la capacidad de pago (1 %).

La crisis de confianza que atraviesa el país preocupa aún a los economistas de izquierda. Salomón Kalmanowitz, en su columna del pasado lunes en El Espectador, hace las siguientes reflexiones:

“A los inversionistas les preocupa que se juegue con ellos. Ese ‘quita y pone’ del Gobierno ha aumentado de manera considerable el riesgo país, una medida que pone en alerta a los empresarios por la posibilidad de perder capital debido a los cambios que anuncia el Gobierno en materia de salud, pensiones, política laboral y ambiental. Un swap es un acuerdo de intercambio financiero que garantiza el pago de intereses y el principal hacia futuro. Los credit default swaps de Colombia, que miden el riesgo de que el país no pague sus obligaciones, alcanzaron un valor de 270 en febrero, bastante superior al de un país de riesgo mediano como Brasil, que es de 230.

Según La República, “la prima de riesgo país de Colombia a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2009″.

Por todo ello, el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas más devaluadas de América Latina: el dólar, que se cotizaba a $ 3.910 a mediados de junio de 2022, hoy ronda los $ 4.850, equivalente a una pérdida de valor de una cuarta parte. Esto se debe en parte a la desvalorización que ha sufrido el precio del petróleo, de más de US$ 100 el barril a mediados de 2022 a US$ 75 en la actualidad, pero más aún a las políticas de Petro.

Que prácticamente tres de cada cuatro empresarios estén congelando las decisiones sobre invertir o no invertir en Colombia es grave porque el crecimiento económico –el tamaño del ponqué– obviamente depende de la inversión. Un ponqué estático o decreciendo implica necesariamente que los tamaños de las tajadas cada día van a ser menores.

La baja, por no hablar de casi nula inversión, es la principal limitante estructural del desarrollo en Colombia. Su reactivación debiera ser central para el logro de un crecimiento sostenible e inclusivo. Ojalá el Gobierno entienda que pocas cosas le hacen más daño al país que la incertidumbre. Tener serias dudas sobre el futuro inmediato o a corto plazo, que es lo que tienen hoy en Colombia los empresarios, es el principal factor que incide en la decisión de invertir, desinvertir o quedarse quieto.