Por Miguel Ángel Herrera

De partida observamos que la participación femenina en la máxima contienda electoral ha sido históricamente baja. En los últimos 20 años solamente recordamos a Marta Lucía Ramírez, Noemí Sanín, Ingrid Betancourt y Clara López Obregón, como candidatas que hayan llegado al menos a primera vuelta. Sin embargo, no es menor que Colombia haya elegido por primera vez, en 2018, a una mujer para la Vicepresidencia de la República, y que en la capital del país se haya elegido históricamente a una mujer, lo cual -a todas luces- constituye un gran avance en nuestro progreso democrático y en la evolución de los derechos políticos de las mujeres en Colombia.

Pero el saldo general electoral no es alentador. Los resultados de las últimas elecciones en 2019 reflejan un gran camino por recorrer en el acceso al poder por parte de las colombianas: 132 mujeres fueron electas alcaldesas, de un total de 1.100 alcaldías; y para el caso de las gobernaciones, solamente dos mujeres obtuvieron ese cargo en el Atlántico y en el Valle del Cauca, de un total de 32 departamentos. En el Congreso de la República, para rematar, solamente 54 curules son ocupadas actualmente por mujeres, de 279 puestos parlamentarios.

Las elecciones para Senado y Cámara son el verdadero termómetro de la participación femenina porque recogen el comportamiento electoral de todos los territorios de Colombia, convirtiéndose en el reflejo de nuestra realidad sociopolítica. Debemos reconocer en este sentido que nuestro sistema político ha tenido importantes avances en materia de participación, como la creación de la cuota de género (el mínimo de participación en las listas de uno de los dos géneros debe ser del 30 %), que aplica para las elecciones populares de corporaciones plurinominales, y el ultimo avance logrado en la reforma al código electoral, que incluye la participación de listas paritarias como obligación de todos los partidos, pero que aún no ha garantizado la llegada de una mayor cantidad de mujeres al Congreso. Adicionalmente, el Gobierno Nacional actual, a través de la Vicepresidencia de la República y el Consejo Nacional Electoral, firmó un pacto de cooperación para la garantía y promoción de los derechos políticos de las mujeres, con el propósito de resolver cuellos de botella de la participación política femenina como la financiación electoral, la violencia política por razones de género y los problemas de liderazgo político. Es también un gran avance.

Pero aún quedan retos por resolver en el sistema político, pensando en convertir el Congreso y los cuerpos plurinominales en los principales motores de la participación político-electoral de las mujeres. Necesitamos listas abiertas, pero además paritarias, porque con las actuales listas abiertas pero no paritarias las mujeres tienen menor probabilidad de ganar debido a que no hay compromiso contundente y permanente de los partidos para que las mujeres sean elegidas. Urge hacerlo. Complementariamente es importante que todos los alcaldes y gobernadores de Colombia cumplan la ley de cuotas, porque hoy se estima que aproximadamente entre el 30 y 40 % de los municipios y departamentos la incumplen.

También necesitamos más cambios en las costumbres políticas. Tenemos que erradicar la mala práctica de incluir a las mujeres por “imagen” en las campañas o en los partidos. Ellas deben liderar y coliderar por convicción moral de los partidos políticos y sus líderes hombres. Porque no solamente nuestro desarrollo económico, sino también el político, depende de nuestra capacidad como nación de contar con las máximas potencialidades de los dos géneros. No me imagino al Gobierno del presidente Duque sin la contribución de una mujer vicepresidente. Tenemos que ver el vaso medio lleno para seguir fortaleciendo el liderazgo político de la mujer al máximo nivel.

Adicionalmente debemos vencer las barreras culturales y sociales que impactan la participación femenina en política. Desde los centros educativos y desde las casas se deben erradicar los signos machistas que impiden que las mujeres jueguen roles de liderazgo en sus entornos escolares, familiares y sociales. Y más específicamente se debe continuar trabajando en la penalización tanto legal como social de la violencia contra la mujer, porque es la madre del miedo femenino a participar en política.

Por toda esta realidad, que aun es muy desafiante, resulta heroico que varias mujeres estén aspirando a liderar el país del 2022 al 2026. Hoy suenan Marta Lucía Ramírez, Dilian Francisca Toro, Angela María Robledo, Paloma Valencia, Paloma Holguín y María Fernanda Cabal. ¡Qué buen número! Todas merecen las mejores condiciones y garantías para participar en el debate electoral que se avecina. Y todas merecen ser escuchadas por toda la ciudadanía, pese a los intereses ideológicos de cada ciudadano. Pero también tenemos como sociedad el deber de exigir, como a los candidatos hombres, campañas transparentes, respaldadas por carreras políticas meritorias, conocimiento del Estado, resultados en administración pública e idoneidad profesional. Porque no se trata de tener una mujer presidente por ser mujer, sino de elegir la o el mejor presidente para la Colombia de hoy. Y todo parece indicar que opciones femeninas, altamente competentes, sí habrá.