Hace pocos días hubo humo blanco en la disputa entre una multinacional asiática y una compañía suramericana que debatieron ante un tribunal de arbitramento, convocado por las partes en Bogotá. Sus diferencias radicaban en un contrato de obra suscrito entre ambas y en el que estaban en juego US$824,5 millones.El caso fue resuelto en la sede del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá (CACCB) y se trata de uno de los 20 procesos de arbitraje internacional celebrados en esta ciudad desde 2014, cuando la entidad inició el salto a la resolución de conflictos, al nivel de los grandes centros de América, Europa y Asia.Le puede interesar: Sigue la pelea Así van los pleitos contra el EstadoOnce de estos arbitrajes se han iniciado en los últimos seis meses por cuantías que superan los US$11.000 millones, se desarrollan en confidencialidad, provienen de todos los continentes y versan sobre asuntos comerciales, de construcción e infraestructura, de interpretación de disposiciones contractuales –donde no necesariamente existan disputas— y del sector hotelero.En cuatro años ha crecido el número de empresarios de Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela con negocios en Colombia y fuera del país que han aceptado firmar cláusulas compromisorias para acudir al Centro de Arbitramento de la CCB.Las partes son apoderadas por bufetes de abogados extranjeros sin representación en Colombia que han convenido escoger como árbitros entre un equipo de 68 juristas, 44 colombianos y los restantes 24 de 13 nacionalidades. “En un mundo globalizado queremos ser visibles para resolver disputas entre empresarios extranjeros con el Estado, o entre sí, y que nos escojan tanto por la ubicación geográfica como por la eficiencia en el servicio”, señala el director del CACCB Mauricio González.De hecho, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) escogió hace pocos días a esta entidad para sesionar en un pleito entre la multinacional Fenoco y nueve compañías por más de US$600 millones.La calidad de los juristas colombianos también es apetecida: hace pocos días el Consejo Mundial de la CCI designó como miembros de la Corte de Arbitraje a tres colombianos: Eduardo Zuleta –de Zuleta Abogados Asociados– como Vicepresidente, y como miembros a Eduardo Silva Romero (Dechert LLP) y a Mónica Jiménez (Secretaria General de Ecopetrol).Para completar, es cada vez más frecuente que las empresas extranjeras pacten en los tratados de inversión (es decir, en las disputas entre privados y el Estado) resolver las disputas contractuales, acudiendo a los tribunales de arbitramento nacionales en lugar de someterse a las normas internacionales. Esto hace menos costoso los litigios para el Estado colombiano. “Además, denota que hay confianza, no solo entre los inversionistas, sino también en el mecanismo del arbitraje en Colombia”, agrega el abogado Gonzalo Suárez Beltrán, quien ha actuado como apoderado y árbitro.Puede leer: Hubo más de 400 pleitos empresariales tramitados en la SupersociedadesAsí lo demuestran la mayoría de las más de 30 disputas entre concesionarias con participación de socios europeos, asiáticos y latinoamericanos con Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que han pactado sus arbitrajes en el país. Los casos, relacionados con concesiones viales, aeroportuarias y ferroviarias en el país, suman más de $3 billones y representan casi 66% del total de pretensiones contra el Estado ante la justicia arbitral, según la Contraloría General de la República.Otro factor que ha impulsado este mecanismo de solución de conflictos ha sido la expedición del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. La norma, dice el exministro Juan Carlos Esguerra, “hizo el arbitraje mucho más ágil que los procesos en la justicia ordinaria”.Esto ha llevado a que también se diriman disputas con otras entidades foráneas y el Estado, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Fondo de Adaptación.En uno de estos casos, resuelto hace menos de seis meses, un tribunal de arbitramento liberó a la petrolera Petrominerales de pagar US$400 millones en regalías por la explotación del campo Cordel en el Casanare. Los árbitros Samuel Chalela, Luis Fernando Salazar y Edgar París Santamaría ordenaron en el laudo a la ANH, la cual enfrenta una decena de procesos similares, el pago de $3.000 millones por los costos de cuatro años de litigio.En aumentoEn lo que respecta al arbitraje nacional, en los últimos cinco años se han radicado 1.819 demandas por cuantías superiores a los $13 billones y se han proferido 604 laudos.Los casos van en aumento: solo el año anterior ingresaron 448 litigios por arbitraje, 100 más que en 2016 y se emitieron 125 decisiones.Una de las más recientes decisiones le dio la razón a la empresa de bebidas de Medellín RTD que le ganó el pulso a Koba Colombia, dueña de la popular cadena de tiendas D1 en un contrato de compra y la obligó a pagar $1.142 millones, más $234 millones por los costos del proceso, según información reportada.Le recomendamos: D1 presiona a los proveedores de Justo BuenoUn único juez arbitral determinó que la cadena de tiendas incumplió el convenio con RTD al dar por terminado el contrato sin justa causa, causando perjuicios patrimoniales.Aún siguen activos 248 procesos. Las controversias están relacionadas con compañías de sectores como el automotriz, telecomunicaciones, tiendas de descuento, franquicias, obras civiles, aseguradoras y actos administrativos de entidades públicas, propiedad industrial o derechos de autor. Aquí les presentamos algunos de los casos más representativos.Proceso contra SacyrEl mito de que el Estado queda en desventaja en casos en los tribunales de arbitramento está siendo revaluado por los hechos, afirma el abogado Gonzalo Suárez Beltrán, apoderado del fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda en un proceso arbitral contra la española Sacyr en la rehabilitación en 18 puntos de la vía Curos-Málaga, en Santander, afectada por la ola invernal en 2010.La demanda de Sacryr es por $28.000 millones. El Fondo de Adaptación, a su vez, contrademandó a Sacyr por $8.000 millones por dilatación en el tiempo de ejecución de las obras.El abogado Suárez destaca que se acordó continuar los trabajos claves en esa vía, entre ellos el puente atirantado de Hisgaura, considerado el más alto de Suramérica, con 148 metros que estaban paralizados a la par con el proceso de arbitramento.“Esto demuestra un poco para qué es este mecanismo. Los apoderados y los árbitros llegamos a un punto común: estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, llevémoslo a un tribunal y discutámoslo, pero, mientras tanto, hagamos el puente”.La ecuación que no cuadra en la Autopista Norte A finales del año pasado, el consorcio Acce-Norte, a cargo de la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, demandó a la ANI ante un tribunal de arbitramento por $300.000 millones.La controversia surgió por el modelo financiero pactado y la remuneración de $964 millones mensuales acordados por las partes, que, a juicio de los inversionistas, no alcanza para cubrir los gastos, ni la tasa interna de retorno.La controversia se adelanta sin haber paralizado las obras. Las partes ya firmaron su inicio para el próximo año. El proyecto cuenta con una inversión de $1,8 billones, se proyecta aumentar el número de carriles en la Autopista Norte y en la Carrera Séptima desde la Calle 245.Le sugerimos: La ANI le teme a la modificación de contratos 4GEl cuento chino con una termoeléctricaEn dos tribunales arbitrales se enfrentan el consorcio chino CUC-DTC, la empresa Generadora y comercializadora de Energía del Caribe (Gecelca) y Conalvías por demoras en la construcción de una termoeléctrica en Puerto Libertador Córdoba. Ambos procesos están por ser resueltos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Gecelca convocó a CUC-DTC un tribunal de arbitramento para que responda por las pérdidas causadas y la firma china, a su vez abrió otro arbitraje contra el subcontratista Conalvías que participó en los trabajos.Gecelca alega que los retrasos en la entrega de la megaobra generan un detrimento patrimonial superior a los $97.000 millones, según un informe de auditoría de la Contraloría.El rosado manzana de la discordiaEl color rosa que identifica a la bebida gaseosa de sabor de manzana tiene enfrentados a la gigante Postobón y la productora huilense de refrescos, Cóndor. La dura batalla jurídica por la patente del color rosa está, en este momento, en la etapa de conciliación. Gaseosas Posada Tobón, Postobón, alega que la tonalidad fue registrada por la empresa ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2015, que le concedió el uso exclusivo.Los representantes de Industrias Sánchez Huila Limitada, los dueños de Gaseosas Cóndor, sostienen que su producto cuenta con los debidos registros de fórmula y comerciales completamente diferentes en calidad y presentación y que ha sido apetecida por el público”.