El pasado 9 de febrero a la Casa de Nariño llegó una carta firmada por los gremios de los restauranteros (Acodres), los hoteleros (Cotelco) y los dueños de bares (Asobares) en la que le pedían al presidente Juan Manuel Santos que en los próximos comicios para elegir a los miembros del Congreso se modifique el horario de la ley seca, para que esta no aplique desde la noche anterior a la votación (sábado 10 de marzo), sino desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde del mismo domingo 11 de marzo.Su pedido se basa en las millonarias pérdidas que sufren no solo estos gremios, al quedarles prohibido vender alcohol en un fin de semana -que este año serán tres si hay segunda vuelta-, sino también las actividades conexas como taxis, comidas rápidas, parqueaderos y seguridad privada, entre otros.La respuesta del presidente Santos se convirtió en un debate público, pues cinco días después de recibida la carta publicó en su cuenta de Twitter una encuesta a sus 5,29 millones de seguidores en la que aseguraba que “los colombianos somos ahora lo suficientemente responsables para tener unas elecciones tranquilas sin esta restricción que afecta mucho al comercio. ¿Estaría de acuerdo con eliminar la ley seca?”. Con 58.973 votos, 57% dijo que sí y 43% que no.
Apenas se publicó el trino se empezaron a escuchar las voces de quienes decían que la propuesta no tiene asidero legal, pues para cambiar la ley seca se requería de un trámite en el Congreso y de quienes están convencidos de que los colombianos aún no están preparados para tener unas elecciones con consumo de alcohol. Prueba de ello es el elevado nivel de crispación e irritabilidad que se vive en el país y que es el responsable de miles de riñas que perturban el orden público y traen consigo heridos y muertos.Recomendado: Así recibirá el sector salud el recaudo del IVA a licoresNo obstante, el argumento económico que esgrimió el presidente en su propuesta fue poco debatido, pues es innegable que hay una afectación en la economía nocturna del país.Sin el legislativoAnte los cuestionamientos Camilo Ospina, presidente de Asobares, responde que no es necesario hacer un trámite en el Congreso para modificar la ley seca, pues en octubre pasado el Ministerio del Interior expidió el decreto 1740 de 2017 en el que se faculta al Presidente para fijar el horario de esta restricción, la cual está establecida en el Código Nacional Electoral.Dicho Código ordena que la ley seca empiece a las 18:00 horas el día anterior a las elecciones y termine a las 06:00 del día siguiente. En lío es que en ciudades como Bogotá, generalmente tiene una duración mayor.En lo que respecta a la madurez del electorado para consumir licor y votar, Ospina dice que, por un lado, en un país que ya superó buena parte de su conflicto armado es previsible una reducción de la violencia y, por el otro, que el hecho de que se prohíba la venta de alcohol no implica que la gente no beba; pues, si bien los expendedores legales cierran sus puertas, los ilegales hacen su agosto durante la restricción. Además, las cadenas que comercializan bebidas alcohólicas adelantan sus ventas, “pues muchas personas van y compran desde el jueves anterior y eso se evidencia en góndolas vacías justo antes de las elecciones”, reitera.Pese a ese adelanto de ventas, es innegable el impacto en el comercio formal. Supermercados como Olímpica estiman que en las más recientes elecciones presidenciales de mayo de 2014 registraron una baja en la venta de licor de 60% en comparación con fines de semana sin restricción.En la importadora de licores Diageo explican que en una semana regular los jueves se realiza el consumo de entre 10% y 12% de las marcas de su portafolio y los fines de semana 45% aproximadamente, lo que evidencia la afectación de la ley seca. “El debate que abrió el Gobierno con la posibilidad de levantar la ley seca durante las jornadas electorales es también un llamado para demostrar que somos una sociedad consciente y capaz de consumir alcohol de manera responsable”, sostienen en la multinacional.Noches movidasDiversos estudios sostienen que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, por su población, así como Cartagena, Santa Marta y San Andrés, por su actividad turística, son las urbes con mayor actividad nocturna y, por ende, mayores ventas de licor.Si bien la prohibición de la ley seca es nacional, no en todas partes se cumple con la misma rigurosidad. Quizás una de las ciudades en donde más se restringe la venta de licor es Bogotá, dado el fuerte despliegue policial y, por eso, las cifras del impacto económico se tienen solo a nivel de la capital, donde existen 70.000 puntos legales de expendio de licor.Visite: Ley de licores volverá a debate en la Cámara para conciliaciónOspina, de Asobares, reitera que mediciones pasadas muestran que en Bogotá se dejan de vender $2.250 millones de licores importados solo en un fin de semana. La ciudad deja de recibir $1.400 millones en impuestos al consumo e IVA. Bavaria y su cadena de valor pierden $4.500 millones, cifra similar a la que dejan de percibir los bares bogotanos. En las elecciones para Congreso en marzo de 2010, cuando la ley seca se aplicó por tres días en la Capital, se perdieron $12.000 millones diarios. Durante la pasada consulta liberal en noviembre de 2017, Fenalco Bogotá calculó que la ley seca afectó a alrededor de un millón de empleos directos e indirectos que generan su sustento en actividades nocturnas.Sin embargo, en esa jornada electoral, la restricción fue más corta (desde el domingo a las 6:00 a.m. hasta el lunes a las 6:00 a.m.), motivo por el cual los firmantes de la carta creen que para las elecciones que vienen se podrían hacer las mismas modificaciones, dejando libre la noche del sábado, que es cuando más venden.El debate está servido, lo importante es que, con o sin ley seca, la gente vote y tal vez hasta se haga realidad la profecía de algunos twitteros que han dicho que si sobrios los colombianos han elegido mal a sus gobernantes, quizás les vaya mejor borrachos.