Luego de 3 meses de estudios, la comisión interdisciplinaria creada para estudiar la viabilidad del fracking en Colombia, le recomendó al Gobierno implementar proyectos pilotos integrales (PPI). La idea es determinar los efectos que tendría aplicar esta técnica de extracción de hidrocarburos en el país antes de dar el paso hacia la exploración y explotación comercial.

La comisión también acordó una serie de requisitos en el desarrollo de los proyectos piloto. Entre ellas, mejorar la línea base de información concerniente a acuíferos y sismicidad asociada al fracturamiento hidráulico, gestionar una licencia social con las comunidades de las zonas de influencia y fortalecer instituciones como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos(ANH).

Según Natalia Salazar, miembro de la comisión, aplicar esta técnica aumentaría los recursos provenientes del petróleo. Sin embargo, aseguró que el Estado debe mejorar la capacidad de gestión y de administración de los recursos obtenidos por regalías. Eso porque en muchas comunidades los recursos no se ven traducidos en bienestar para la población.

Hoy, Colombia posee reservas equivalentes a 1.665 millones de barriles de petróleo, lo que representa 5 o 6 años de autosuficiencia si sigue el ritmo de producción actual que supera los 800.000 barriles diarios.

La posible explotación de hidrocarburos por medio de fracking permitiría duplicar y hasta triplicar las reservas, pues se prevé que en los yacimientos no convencionales podría haber entre 2.400 y 7.400 millones de barriles de petróleo adicionales. Eso representa extender la autosuficiencia por 25 años adicionales, aproximadamente.

Francisco José Lloreda, presidente de las Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), recibió positivamente las conclusiones a las que llegó la comisión de expertos. Las calificó como “recomendaciones importantes y responsables con el futuro del país” y aseguró que las empresas petroleras están listas para avanzar en la fase de exploración.

Lloreda espera que el Gobierno decida en el transcurso de este año, ya que en su concepto no es conveniente perder más tiempo. “La ventana de oportunidad se va cerrando. Ya hay muchos países tomando la delantera, y el país necesita los recursos”, advirtió.

La ACP espera que, cuando tenga vía libre la explotación petrolera en yacimientos no convencionales (YNC), la inversión en hidrocarburos se duplique. Eso significará US$5.000 millones adicionales por año.

El gremio calcula que los niveles de producción irán aumentando paulatinamente hasta estabilizarse en 450.000 barriles diarios adicionales a los que hoy ya produce el país. Además, que el ingreso aproximado que podría recibir el Estado colombiano por concepto de regalías se acercaría a los US$10.000 millones en los próximos 25 años.

Una de las zonas del país con más potencial para desarrollar este método de explotación en YNC es el departamento de Santander. Allá, desde 2007, han producido con el método convencional 65.000 barriles de petróleo diarios, cifra que por fracking aumentaría a 250.000 barriles en 2030.

David Neslin, integrante de la comisión de expertos, aseguró que las experiencias internacionales con YNC han dejado resultados positivos en la economía de los países que la han implementado. En Estados Unidos, por ejemplo, el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales generó crecimientos en los niveles de empleo, e incrementó la producción. Tanto, que se convirtió en uno de los principales productores a nivel mundial.

El aumento considerable de las reservas podría darle réditos a Ecopetrol, teniendo en cuenta que el Gobierno, en su estrategia de venta de activos, planea sacar al mercado el 8,5% de las acciones que el Estado tiene en la empresa. La movida está valorada inicialmente en $10 billones aproximadamente. No obstante, la valoración de la petrolera estatal en el mercado podría aumentar si el fracking entra al ruedo, pues es una de sus principales estrategias para crecer en reservas.

Pero esta controvertida técnica tendrá que sortear varios obstáculos. Una de las tareas más importantes corre por cuenta de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Ella tendrá que convencer al presidente Iván Duque de las bondades del proceso, ante su anuncio en campaña de negarse a avanzar con el fracking.

Pero este no es el único. El país esperta el fallo definitivo del Consejo de Estado que suspendió temporalmente las normas en torno a la explotación de hidrocarburos por esta técnica, al considerar que Colombia no está preparada para desarrollarla. Y otros obstaculos surgen en la Comisión Quinta del Senado, que discute tres iniciativas relacionadas con el fracking. Dos de ellas, con el apoyo del Partido Verde y el Partido Conservador buscan su prohibición total. Y la tercera, impulsada por el Partido de la U, pretende declarar una moratoria mientras se aclaran los efectos que la actividad podría generar.

El futuro de estos proyectos es incierto. No solo por la gran cantidad de reformas en trámite, sino por la presión de ambientalistas y líderes sociales que ven en el desarrollo del fracking una amenaza para el entorno y las comunidades. Pero cerrar la puerta de tajo en las condiciones actuales, sobre todo ante las apremiantes necesidades fiscales, también podría ser un error garrafal.