La gestión de los bienes incautados por el Estado se había convertido en un verdadero dolor de cabeza. Hace cinco años el gobierno buscó una salida al crear la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ahora dirige Virginia Torres. Dinero habló con ella sobre los retos para 2020. DINERO: ¿Cuál ha sido la gestión de la SAE desde que asumió los activos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)? Virginia Torres: Nosotros hemos hecho gestión en varios frentes. En primer lugar está el tema de la formación de empresa y toda la labor gerencial para poner en orden el inventario desastroso que recibimos de la DNE. El 30 de septiembre de 2014 recibimos un listado de excel sin mayor orden con 100.000 activos de los cuales 19.819 eran inmuebles de persona natural. A nosotros nos tocó empezar de ceros, hacer una verificación física y revisar las condiciones jurídicas, de ocupación y económicas. En eso tardamos varios años. Solo le pongo un ejemplo: nos dieron un inventario de 11.463 vehículos con un asterisco: 7.400 no estaban ubicados. Y lo mismo sucedió con la parte financiera. Había una bolsa de recursos que no estaba discriminada en el momento de la entrega. Hubo mucha arqueología financiera para determinar cuál era el origen de esos recursos. DINERO: ¿Qué cifras hay de esa gestión? Virginia Torres: Nosotros manejamos activos por $7,7 billones. Desde 2014, la venta de inmuebles supera los $558.000 millones. En 2019 generamos más de $664.000 millones en actividades de comercialización, monetización y administración de activos. Los resultados son tan alentadores que las transferencias que proyectamos realizar para 2020 pasaron de $76.958 millones a $211.725 millones, un ajuste que equivale a un valor mayor que el de los recursos que la entidad logró transferir entre 2015 y 2019.

DINERO: Tienen alrededor de 23.054 inmuebles, de los cuales solo a 3.010 se les aplicó la extinción y el resto está en curso ¿Por qué se demora tanto ese proceso? ¿Acaso la función de la SAE no era la agilizar la extinción? Virginia Torres: Hay que recordar que el proceso de extinción de dominio no depende de la SAE. Con la expedición de la Ley 1708 de 2014, la entidad solo tiene responsabilidad en la administración de activos. Los tiempos de la extinción hacen parte de los tiempos de los jueces. Nosotros conocemos procesos de extinción de dominio que han durado entre 8 y más de 32 años. Vale la pena decir que avanzamos con la expedición de la ley 1708 de 2014. DINERO: ¿Qué se ha hecho para agilizar la extinción? Virginia Torres: La ley 1708 fue un buen inicio, pero como no dio los resultados esperados, en 2017 se hizo una reforma que se tradujo en la ley 1849 y que trajo unas mejoras interesantes. Sin embargo, no hemos podido agilizar estos procesos porque hay un problema estructural. Aunque en la primera instancia se amplió la base de jueces especializados, en la segunda solo hay un tribunal con tres magistrados para resolver las miles de demandas y ese es el gran cuello de botella. Drogas La Rebaja, hace tres años entró a segunda instancia y ahí sigue. Lo mismo sucede con bienes como el Chinauta Resort y la Posada Alemana. DINERO: ¿Y qué pasó con la enajenación temprana, el mecanismo que se preveía para agilizar la extinción? Virginia Torres: Esa figura se creó con la Ley 1708, pero era prácticamente inaplicable. Hicimos cerca de 1.000 solicitudes de enajenación temprana durante los dos primeros años, si nos aprobaron 40 fue mucho. Con la Ley 1849 hubo mejoras y se ampliaron las causales de enajenación temprana y, por ejemplo, hemos podido vender cerca de 170 unidades muebles e inmuebles con esa figura por un valor de $38.000 millones. Pero creo que nos toca afinar más ese mecanismo.

DINERO: Una de las cuestiones que más escándalo ha causado ha sido la de los depositarios. ¿Qué ha pasado con ellos? Cuando llegamos encontramos un registro de depositarios de la DNE que tenían asignados cerca de unos 12.000 inmuebles, muebles y sociedades activas y en proceso de liquidación. Y ese listado también era un desorden. No se tenía claro quiénes eran, quiénes tenían antecedentes criminales ni cuáles eran las cuentas que entregaban. Nosotros tuvimos que hacer un nuevo registro y una nueva convocatoria pública en la que a los aspirantes se les sometió a unos rigurosos estudios de seguridad. A ese concurso se presentaron 1.500 personas, más o menos, y solo quedaron 150 personas. A los antiguos depositarios les dimos la oportunidad y los sometimos al estudio de seguridad y quedaron poquitos. Yo digo coloquialmente que en ese registro algunos no tenían hoja de vida sino un prontuario delictivo. Aunque creo que la figura ya no es tan polémica como en los tiempos de la DNE, creo también que hay que replantearla. DINERO: Luego de poner la casa en orden ¿Cuál es la meta? Virginia Torres: Lo primero, bajar el inventario a un nivel administrable. Los más de 20.000 bienes inmuebles extintos y por extinguir nos convierten en la inmobiliaria más grande, sin tener en cuenta que tenemos miles de vehículos, enseres, animales y hasta oro. Ese inventario es imposible de administrar de una manera eficiente. Por eso nuestra meta es empezar a vender lo más ágilmente sin salir a vender por vender. También tenemos que tener presente el mercado y sus reglas. Le voy a poner dos ejemplos: nos dicen: “¿por qué poner en venta todos los bienes inmuebles” y nosotros les respondemos: “eso no es fácil”. La SAE contrató un estudio que arrojó que la rotación de inmuebles en el mercado de Bogotá está, para estrato 3, entre 12 y 24 meses; en Barranquilla está en 36 meses. Las cifras muestran que tenemos que ser creativos y en este momento estamos trabajando en una propuesta para sacar a la venta una gran cantidad de inmuebles a un solo comprador. DINERO: Y el segundo ejemplo... Virginia Torres: Tiene que ver con los los semovientes y el oro que administramos. Tenemos 13.413 cabezas de ganado. Se podría decir que también somos uno de los ganaderos más grandes del país. Se supone que vender reses no es difícil, pero resulta todo lo contrario. Primero, cuando lo hemos intentado hacer en algunas zonas han amenazado de muerte a nuestros funcionarios y a los posibles compradores. Y, segundo, si salimos a vender todas esas cabezas acabamos con el mercado al impulsar una disminución descomunal del precio de la carne. El oro es otro ítem que supuestamente es fácil de comercializar y la verdad es que no. Por un lado, no podemos a vendérselo a cualquier colombiano para evitar un posible lavado de activos y, por el otro, tenemos oro contaminado con mercurio y a nosotros nos toca hacer todo el proceso de purificación, fundición, etc. DINERO: ¿En qué consiste la propuesta de vender un conjunto de inmuebles a un solo comprador? Virginia Torres: Estamos estructurando una licitación, con asesoría del gobierno de Estados Unidos, que nos dío US$2 millones para hacer los estudios. La idea es poner en venta 5.837 inmuebles a un solo comprador e inversor por un valor de un poco más de $2 billones. Por la magnitud del negocio estamos buscando a grupos o conglomerados internacionales. Lograr esa venta representaría uno ingresos importantes para el país, un ahorro para la SAE de un $1 billón y una reducción del inventario.