Uno de los cambios silenciosos que trajo la Ley de Financiamiento fue la modificación del régimen de Obras por Impuestos. Este instrumento, creado por el Gobierno anterior para incentivar la inversión empresarial en las zonas más afectadas por el conflicto, permite que las empresas paguen hasta la mitad de sus impuestos de renta con inversión en obras públicas que beneficien a los colombianos. A pesar del gran interés que despertó el novedoso instrumento entre los empresarios, la lentitud en la ejecución de las obras volvió a aparecer, en buena medida por los engorrosos procedimientos por surtir. Esto encendió las alarmas y el nuevo gobierno decidió darle un revolcón a la figura. ¿Qué cambiará para mejorar la gestión? El año pasado, en el estreno de esta figura, 28 empresas se comprometieron a desarrollar alrededor de 23 proyectos por más de $220.000 millones a través de este mecanismo. Sin embargo, hasta el momento tan solo se han entregado algunas pocas iniciativas relacionadas con dotación de escuelas. Recomendado: ¿Cuál es el panorama de proyectos regionales para 2019? Los proyectos que tienen que ver con infraestructura, y que debían empezar hacia el segundo semestre del año pasado, hasta ahora están arrancando y con suerte podrían ser entregados entre finales de 2019 y 2020. Las demoras no solo tienen que ver con que las obras civiles, que se caracterizan por un mayor nivel de complejidad, sino que persisten procedimientos engorrosos para ponerlos en marcha como por ejemplo la elaboración de pliegos para contratar las interventorías. Por eso, el nuevo gobierno planteó cambios al mecanismo para acelerar la ejecución y corregir algunos problemas operativos. “Esta idea ha funcionado muy bien en otros países, pero su ejecución venía muy lenta. Por esto se reestructuró completamente el mecanismo, luego de un juicioso estudio”, dice Emilio Archila, Alto Consejero para el Posconflicto. Los ajustes La principal modificación a la figura de obras por impuestos es que ahora el contribuyente tendrá que adelantar la obra con recursos propios y cuando finalice recibirá unos títulos que podrá utilizar para descontar de sus obligaciones tributarias futuras. Con esto cambia la naturaleza de los recursos de públicos a privados, lo cual debería redundar en una mayor agilidad en la ejecución de las obras. Esto para aprovechar a plenitud las virtudes de la contratación privada, algo que no estaba ocurriendo y que es el espíritu original del mecanismo. Lea también: Así avanzan proyectos de obras por impuestos Además, se amplió el instrumento a personas naturales y se abrió la puerta para que las personas jurídicas que tengan deudas por concepto de su impuesto de renta puedan asumir el pago de las mismas a través de estos Títulos para la Renovación del Territorio (TRT), como se denominarían. Por último, se focalizó hacia los sectores donde están las mayores necesidades de esas zonas, según los Programas de Desarrollo Territorial (PDET) . Múltiples reformas que implican que a partir del próximo año el mecanismo de obras por impuestos cambia radicalmente. Esto motivó a la Cámara Colombo Americana, Amcham, y a Usaid a organizar una serie de capacitaciones para que los empresarios conozcan los cambios, Para Josep Albert, Senior Manager Tax de la consultora EY, antes este mecanismo no significaba ningún esfuerzo financiero para ejecutar las obras pues eran impuestos que se dejaban de pagar. Ahora las empresas tendrán que ejecutar los proyectos con su capital. Si bien con los cambios la figura se parece más a la que funciona en el exterior y con ello se le dará mayor agilidad a la ejecución, habrá que esperar qué aceptación tiene por parte de los contribuyentes. “El mercado está a la espera de la reglamentación. Hay un gran interés, pero no se conocen las nuevas reglas”, agrega el consultor. Para este año, que corresponde a la vigencia fiscal de 2018, sigue funcionando de la misma forma. El Confis aprobó un cupo de $250.00 millones y extendió el plazo del cierre del banco de proyectos hasta finales de este mes para que un número mayor de empresas participara. Según información de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se han identificado un total de 66 proyectos con alta y media probabilidad de registro para el 2019 por un valor total de $306.883 millones. Esto significa que, aun siendo viabilizados, algunos proyectos podrían quedarse por fuera del cupo de ejecución. Muchos analistas esperaban una ampliación del cupo pero, al ser recursos que no ingresan al Presupuesto General de la Nación, es una decisión del Ministerio de Hacienda. Para Daniel Bulla, gerente de Impuestos de BDO Colombia, la nueva versión de Obras por Impuestos es mucho más atractiva, pues corrige temas sancionatorios que tenia la primera versión y el nuevo formato de títulos es a una buena herramienta para la inversión empresarial. Puede interesarle: Proyecto con respaldo internacional Habrá que esperar la reglamentación. Se necesitan normas claras y simples para que esta herramienta cumpla su propósito de llevar inversión a las zonas donde por la baja capacidad institucional del país no ha llegado. De las ZOMAC y los PDET Hay un gran problema en los instrumentos creados para que empresas nuevas se instalen en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado Zomac, como el régimen especial de tributación por 10 años. Se trata de una gran asimetría con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos operan en 170 municipios y pensar en que puedan ser más termina siendo contraproducente, afirma Archila, quien recuerda que estos programas abarcan más de 11 mil veredas en 16 subregiones, que benefician a 6,6 millones de personas, 2,5 millones de ellas víctimas de la violencia. "Deberíamos enfocarnos en estas zonas por los próximos 10-15 años dado que las características, magnitud y complejidad de la intervención así lo exige", afirma Archila. No obstante, la mayoría de las empresas que se constituyeron en las Zomac -alrededor de 344 municipios- lo hicieron en los menos afectados. Por otra parte, mediante el régimen especial de tributación se han creado 6.000 empresas desde el 2016. No obstante, la gran mayoría son Pymes, con capitales menores a los $100 millones. Muy pocas de ellas han sobrevivido. Lea también: De consulta en consulta: Obras e inversiones en el limbo