Buena parte de los ojos del sector de telecomunicaciones están puestos en el regulador, y no es para menos. En manos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) hay varias decisiones de gran calado que podrían cambiar el rumbo del sector. Tras un año y medio de aprobada la Ley TIC y ad portas de conocerse quizás una de las decisiones más esperadas por todos (si Claro tiene o no dominancia en servicios móviles), Dinero habló con el director de la entidad, Carlos Lugo. D: ¿Cómo está hoy el sector de telecomunicaciones? Carlos Lugo: Hoy avanza a buena marcha. Está pasando lo que en algún momento se dio en telefonía y voz, pero con internet. Estos son servicios a los cuales la sociedad requiere tener acceso, así como ya hay un acceso universal en telefonía de voz. El problema es que no ocurre lo mismo con el servicio de internet, con la particularidad de que sigue desarrollándose y acelerando su modernización. Hemos avanzado, pero todavía falta la mitad de hogares con acceso a internet móvil y es allí donde tenemos todos los esfuerzos en política pública y regulación. La pandemia nos dio la alerta de acelerar los planes y las reglas de juego, con lo cual podemos decir que este año, pese a la pandemia, fue importante y la covid tuvo un efecto positivo en el sector de las TIC. La subasta del espectro es el principal insumo y con ella lograremos la universalización en unos cuatro años. No obstante, para tener ese espectro se requería cambiar las condiciones de ley y, por ende, hoy el país tiene un regulador más fuerte, autónomo y rápido. Le puede interesar: Mercado Libre generará más de 1.000 empleos en nuevo centro de distribución D: ¿Qué decisiones han tomado este año? C.L.: La primera fue sobre compartir infraestructura. Para incentivar el despliegue a menores costos, redujimos entre el 50% y el 75% las tarifas de despliegue, y esto se traducirá en menores precios para el consumidor final. A pesar de lo anterior, aún tenemos un problema en algunas regiones. Parte de desplegar la infraestructura requiere de permisos y licencias de cada municipio, y eso implica pago de impuestos y tiempos de otorgamiento de licencias, es decir, barreras para el despliegue. El país está lleno de esas barreras, a pesar de que algunos mandatarios las han ido quitando. En este momento, hay más de 600 municipios que aún no han hecho la tarea en este frente. Y esto quiere decir que, si se despliegan las antenas y redes allí, todo sería más costoso y demorado para los operadores de telecomunicaciones y, en consecuencia, para los usuarios finales. Necesitamos que los municipios actualicen sus planes de ordenamiento territorial y ajusten las normas que generan barreras al despliegue. D: ¿Qué más han hecho? C.L.: Hemos eliminado regulación innecesaria relacionada, por ejemplo, con teléfonos públicos o mensajería de texto, que ya poco o nada se usan. Además, trazamos una hoja de ruta para simplificar lo que más se pueda y darles más facilidades a los usuarios. Así las cosas, vamos a probar antes de terminar el año un nuevo régimen de homologación de teléfonos móviles para el país, donde ya el usuario no tiene que aportar ningún documento. En cuanto a la pandemia, había un mito de que internet colapsaría, porque todos se fueron a sus casas y aumentaron el consumo durante la cuarentena estricta. Eso no pasó; ni siquiera fue necesario autorizar a las empresas a priorizar tráfico. En marzo, el tráfico aumentó en un 40% y un tiempo después alcanzó un 50%, pero luego empezó a bajar. D: Suenan vientos de una decisión sobre dominancia en el sector. ¿Qué nos puede contar? C.L.: Por ley, si se encuentra una posición de dominio, la CRC puede declararlo, para que la Superintendencia de Industria y Comercio vigile sobre un posible abuso. Pero, a la par, también podemos definir unas medidas que eviten que un potencial jugador abuse de su posición. En este sentido, en 2017, la comisión definió que había un mercado nuevo (servicios móviles) y ordenó revisar si una empresa tiene posición de dominio, porque Comcel, para la comisión desde 2009 y ratificado en 2012, fue encontrado dominante en el mercado de voz y se le pusieron unas condiciones específicas en ese mercado. Lea también: ¿Cuántas personas están desconectadas de internet? Lo que ha sucedido estos años es que se ha investigado ese punto en el mercado de servicios móviles. No obstante, vino la ley TIC y se conformó de nuevo la comisión y se siguió el curso de la investigación. D: ¿Este año habrá una decisión? C.L.: No puedo decir cuándo ni cómo será. Solo diré que estamos en la fase de análisis final. D: ¿Cómo ven el tema de plataformas de streaming, que vienen aumentando su participación? C.L.: La CRC no tiene asignada una competencia directa o genérica para regular plataformas. Sin embargo, la Ley 1978 fue clara en decir que sí tenemos competencia para regular servicios de telecomunicaciones, con lo cual, si llegamos a encontrar que una de estas empresas presta un servicio de comunicaciones y se genera algún problema de competencia, podremos hacer los análisis de mercados para determinar si es necesario o no intervenir. D: ¿Cómo ven desde la CRC los proyectos que cursan en el Congreso, como el que pretende reglamentar que internet es un servicio público esencial? C.L.: Estamos de acuerdo en que internet es esencial, siempre y cuando esto permita garantizar un despliegue más rápido de la infraestructura y que haya mantenimiento y operación de manera continúa. Pero cuando entramos en la retórica de que hay que garantizarlo como un servicio domiciliario, es decir, dar un acceso mínimo garantizado por el Estado, sería irresponsable –como regulador– decir que eso es viable en las condiciones que tiene hoy el país y la mayoría de naciones. Alguien tiene que financiar el despliegue y, en nuestro caso, el esquema va más hacia el sector privado. Algunos proyectos de ley pueden generar un retroceso, en lugar de un avance. D: ¿Qué metas tienen para el sector? C.L.: Lograr un 70% de conexiones móviles para 2022, y para eso fue clave la subasta del espectro. Este ha sido el único sector en el cual las tarifas han bajado y los planes han mejorado. Esa es una buena señal, pero para completar lo que falta se requiere terminar el despliegue de la infraestructura y las inversiones, y eso no sucede de la noche a la mañana. En cuanto a regulación, vamos al ritmo para que se concreten estas acciones y se dinamice el mercado. Le puede interesar: Las quejas de Tigo por la subasta del espectro Puja en el sector Varias cartas y comunicaciones de congresistas, gremios y operadores de telecomunicaciones han caldeado en las últimas semanas un debate que viene desde 2017, pero que sigue sin definirse. Se trata de la posible definición en la CRC de que Comcel (Claro) tiene una posición dominante en el mercado de servicios móviles. Esta determinación, si se llega a dar, no implica que haya sanciones o multas contra dicha firma, pero sí reconfiguraría el mapa del sector en el país. Para sus competidores y algunos miembros de la oposición política, dar este paso permitiría nivelar la cancha, pues aseguran que hoy Claro tiene todas las de ganar en ingresos, utilidades y usuarios. Incluso, han acudido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), para que haya una salida más expedita de este asunto. No obstante, el gigante del sector no se ha quedado quieto. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, casa matriz de Claro, les salió al paso a estos comentarios y señaló que ha habido una reducción de la participación de Claro. En su concepto, la regulación en sí no permite que haya concentración de mercado, pues si un usuario pide cambiarse de operador, a las 24 horas está en el otro lado. La pelea está subiendo de temperatura y podría aumentar con la llegada de Wom (Partners) a Colombia y la posible decisión de la CRC, que podría resolver el tema en las dos sesiones que le quedan este año. ¿Se la jugará?