Los recientes casos de irregularidades surgidos en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Gobierno han hecho reaccionar, finalmente, al Ministerio de Educación Nacional (MEN). La cartera que dirige Gina Parody llegó a un acuerdo con la Procuraduría General, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación para combatir lo que han llamado “mafias de corrupción” detrás del PAE.El viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, quien encabezó la reunión, explicó que el objetivo de este pacto es “garantizar la adecuada operación del programa” para lo que los tres entes gubernamentales se comprometen a “identificar las amenazas” que lo desestabilizan y a “adoptar medidas que conduzcan a mejorar su desarrollo”.Para el ello, el MEN pondrá en conocimiento de los otros tres organismos toda la información que recopile durante las visitas que los profesionales de la cartera realizan periódicamente a las regiones para garantizar el cumplimiento del PAE. Posteriormente, se espera que tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la Contraloría tomen las medidas preventivas pertinentes, ya que como aseguraron portavoces del MEN a Semana Educación, la cartera no tiene mandato para iniciar ningún proceso legal contra los establecimientos educativos que, presuntamente, incurran en irregularidades: “eso no es responsabilidad nuestra”.Uno de los compromisos a lo que llegó afecta a alcaldías y gobernaciones, responsables de gestionar los recursos que reciben del Gobierno en materia del Programa de Alimentación Escolar. De acuerdo a Saavedra, se quiere conseguir que las administraciones regionales incorporen el PAE a sus Planes de Desarrollo.Las alcaldías y gobernaciones tienen plena autonomía en la gestión de los recursos que reciben del Gobierno para la contratación del servicio de alimentación en los colegios oficiales. Esta separación de poderes no ha permitido hasta el momento al MEN controlar con qué empresas se generan estos contratos y de qué manera lo gestionan. Y es ahí donde se originan la mayoría de casos de irregularidades, como explicó a esta publicación recientemente una fuente de la cartera educativa que prefirió que su nombre se mantuviera en el anonimato. “Hay muchos intereses y muchos recursos en juego”.Con esta medida, en ningún caso de obligatorio cumplimiento, el Ministerio pretende controlar que los procesos contractuales se realicen bajo la idea trasparencia y así, asegurar “la participación de todos los oferentes que puedan estar habilitados para asegurar la mejor prestación del servicio de alimentación”. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, sin la voluntad de alcaldes y gobernadores, las intenciones de la cartera que dirige Gina Parody podrían quedar en papel mojado.Asimismo, y tras la reunión, los cuatro entes gubernamentales aseguraron que tendrán una reunión periódica para “revisar avances y determinas las medidas correspondientes para solucionar los problemas que se presenten”.PARA EL DEBATESi conoce algún caso de corrupción en la implementación del PAE en colegios oficiales del país, contacte con nosotros @SemanaEd y @JuliaAlegre1