Este miércoles el escándalo por la crisis de la Fundación Universitaria San Martín llegó finalmente a los estrados judiciales. La situación penal de Mariano Alvear, fundador y exdirectivo de la institución; Ricardo Caballero Calderón, representante legal, y Juan Carlos Mahecha, jefe de la oficina jurídica, se terminó de complicar cuando un juez avaló la solicitud de la Fiscalía para dictarles orden de captura. Ese mismo día, miembros del CTI hicieron efectiva esta medida en Bogotá y Girardot, municipio donde se encuentra Alvear por su delicado estado de salud. Justamente ese fue el motivo para que las autoridades decidieran realizar la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos en la casa donde reside actualmente Alvear, ubicada en el reconocido condominio campestre El Peñón. Cuando caía la noche un juez de control de garantías legalizó las tres capturas y los exdirectivos negaron ser responsables de los seis delitos que la Fiscalía les imputó: enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, estafa en la modalidad de delito de masa, falsedad en documento público, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Unos cargos por los que, de ser hallados culpables, tendrían penas cercanas a 15 años, como explicó este miércoles Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación. El fiscal del caso señaló que se les acusa de 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial. Está previsto que en las próximas horas se realice la audiencia de medida de aseguramiento, durante la cual la Fiscalía pedirá detención domiciliaria en el caso de Alvear y detención en centro carcelario para Mahecha y Caballero. Según informó el diario El Espectador, casi 9.000 millones de activos de la San Martín estarían en 12 países de América y Europa. Transacciones irregulares que, detalla el periódico, se realizaron entre el 2008 y el 2014 cuando había embargos sobre sus bienes y cuentas. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el dinero de los estudiantes y de la Fundación Universitaria se ha detectado en países como México, Islas Caiman, Estados Unidos, India, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia. "A estos países llegaron los 9.000 millones de pesos surgidos de la plata de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá", sostiene el ente acusador. En enero pasado, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Semana Educación que la investigación por las irregularidades en la San Martín avanzaba en comprobar que se habrían falsificado documentos de algunas entidades y autoridades públicas para levantar los embargos que tenían parte de los bienes de la institución, por las continuas deudas, y así evadir sus responsabilidades. Una vez desembargados los inmuebles, podían venderlos, o enajenarlos y así se evitaban perderlos y entregarlos. De hecho, este jueves trascendió que las demandas laborales por los incumplimientos de la Fundación Universitaria con la seguridad social de sus empleados empezaron en el 2005. Ese fue el momento en el que se empezaron a dictar los embargos contra los bienes. De ahí que la hipótesis de la Fiscalía sea que entre el 2009 y el 2012 Alvear, Mahecha y Caballero habrían falsificado al menos 18 documentos públicos para levantar las sanciones contra los bienes y ponerlos como propiedad de otras sociedades y empresas de los Alvear. Pero los líos para estos tres exdirectivos no paran ahí. El ente investigador cree que ellos ordenaron a los estudiantes consignar los dineros de la matrícula en cuentas bancarias diferentes a las de la institución para seguir evadiendo las responsabilidades de los procesos laborales que habían fallado en su contra por los reiterados incumplimientos con empleados y exempleados de la institución. Además, la Fiscalía calculó que podrían haber estafado a 1.455 estudiantes, al permitir su matrícula en los programas de ingeniería de sistemas, odontología, administración de empresas y medicina, cuya acreditación había sido cancelada por el Ministerio de Educación en el 2012. Producto de esta actividad se habrìan recaudado 3.143 millones de pesos. Según el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para tal fin.