La continuidad de las clases en Colombia no solo se ha puesto en riesgo por cuenta de la pandemia y las dificultades de algunas familias para dar acompañamiento a este proceso, sino por la aguda crisis económica que atraviesa el país debido a la llegada del coronavirus.
Según el Dane, la tasa de desempleo en junio fue del 19,8 por ciento, con lo que Colombia se ubicó como el país miembro de la Ocde con la cifra más alta, al igual que con sus pares de América Latina. Esta situación se ha evidenciado en miles de familias que han visto reducidos sus ingresos. Una encuesta de Trans-Unión indica que el bolsillo de ocho de cada diez colombianos se ha visto afectado en medio de la actual coyuntura económica. Desde abril, colegios y jardines alertaron sobre una estrepitosa caída en el pago de la pensión. El presidente de la Confederación de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, señaló que cerca del 80 por ciento de los acudientes no está en capacidad de pagar la pensión de los centros educativos privados de sus hijos. “No es un secreto: muchos padres perdieron sus trabajos, pequeñas empresas quebraron, hay miles de trabajadores independientes formales e informales quietos. Esto conlleva la imposibilidad de cumplir con el pago de las obligaciones monetarias estipuladas en los contratos de prestación del servicio educativo”.
En el caso de las universidades, el panorama no es muy distinto. Desde que el Gobierno decretó el aislamiento obligatorio y anunció los impactos en los empleos, alertó al mismo tiempo sobre un posible desplome en las matrículas del 25 al 50 por ciento. Es decir, que en todo el país podrían llegar a haber entre 600.000 y 1,2 millones de estudiantes menos, de acuerdo con esas proyecciones. Por esta razón, los diferentes actores del sistema educativo, desde las instituciones hasta el Ministerio de Educación, han buscado alternativas para evitar la crisis de pensiones de jardines y escuelas —lo cual pone en riesgo su subsistencia— y un catastrófico desplome en las matrículas de las universidades. Conozca qué alternativas existen para no interrumpir estudios por la crisis generada por la covid-19. Posibilidades para universitarios Ante la preocupación de las universidades, el ministerio hizo varios anuncios para que los alumnos no desertaran. La ministra María Victoria Angulo informó sobre una línea de crédito con Findeter mediante la cual se ponen a disposición recursos por 200.000 millones de pesos con el fin de que las universidades puedan financiar programas de becas y descuentos para su comunidad educativa.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo.
Asimismo, se creó el Fondo Solidario por la Educación, por 217.000 millones de pesos, que incluye el plan de alivios para los beneficiarios de créditos con el Icetex. En este plan se estableció un periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes, con una claridad importante de la Corte Constitucional: este periodo de gracia no puede generar intereses. Los beneficiarios de estratos 3, 4, 5 y 6 podrán solicitar la reducción transitoria de intereses al IPC en los créditos vigentes. Esta medida no aplica para los beneficiarios de los estratos 1 y 2. Quizá la apuesta más grande del Icetex para que los jóvenes continúen estudiando a pesar de la incertidumbre es que el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 se dará sin necesidad de un deudor solidario. Finalmente, la entidad anunció la suspensión de reportes a centrales de riesgo. En cuanto a la matrícula de las universidades públicas, el Gobierno asignó 97.500 millones de pesos para la gratuidad en 63 instituciones públicas, correspondiéndole a cada una un monto. Con recursos de alcaldías y gobernaciones, algunas universidades, como las del Magdalena, Medellín, Atlántico, Montería y Cundinamarca anunciaron completa gratuidad de cara a este segundo semestre académico.
“A estos recursos se suman los 798.200 millones de pesos invertidos por el ministerio y el DPS en el programa Generación E, que en 2020 llega a 160.000 estudiantes beneficiados”, dijo Angulo. No obstante, cada institución ha hecho su propio esfuerzo para evitar que los jóvenes se retiren o aplacen. La Universidad del Rosario creó un fondo de becas y descuentos por 45.000 millones de pesos, y un nuevo fondo de solidaridad por 3.747 millones de pesos para apoyar a 2.000 alumnos. Por su parte, la Universidad de La Salle ofrece 30 por ciento de descuento en las matrículas y dejó de cobrar el valor de la inscripción. La Unipanamericana aseguró descuentos entre el 15 y el 30 por ciento, dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada estudiante, y becas de hasta 70 por ciento. La Universidad de Medellín redujo un 30 por ciento la matrícula y le dará un bono de 500.000 pesos a los alumnos que tengan buenos resultados académicos y que sean de estratos 1 y 2. “Si un estudiante tiene problemas para seguir, lo ideal es que se acerque a nosotros para buscar soluciones; aquí el mensaje es que nadie puede quedarse sin estudiar”, dice el rector de la Universidad de La Salle, Niky Alexánder Murcia, mensaje que se replica entre los directivos de las instituciones.
Ayuda a los padres Con el fin de ayudar a padres, jardines y colegios, el ministerio lanzó una línea de crédito condonable con la que los acudientes podrán financiar hasta por seis meses, y por un monto máximo de 1,2 millones de pesos, el valor de la pensión de sus hijos.
Los jardines y colegios postularon a los estudiantes que tienen dificultades económicas. Los recursos de la iniciativa salen del Fondo Solidario para la Educación, creado por el Gobierno.
Para estratos 1 y 2 se condonará el ciento por ciento del préstamo; para el estrato 3, el 90 por ciento, y para el estrato 4, el 50 por ciento. Los padres tienen un periodo de gracia de 18 meses para iniciar el pago del porcentaje restante. Los estratos 5 y 6, y quienes deban reembolsar un porcentaje del crédito, tienen una tasa de interés subsidiada equivalente al valor del IPC del año vencido. Sin embargo, la Confederación Nacional de Padres de Familia considera que si bien es una estrategia acertada, el monto de recursos será insuficiente: “Tenemos 2,4 millones de estudiantes en el sector privado. Escasamente habrá espacio para ayudar a que unas 25.000 personas accedan a ese crédito”, dijo Carlos Ballesteros. En eso coincidió el coordinador nacional de la Mesa de Educación Privada, Fernando Vita: “Creo que los recursos destinados se van a ir muy rápido y no podrán cubrir a una gran parte de la población”. Sin duda, el Gobierno nacional hizo un esfuerzo en la asignación de recursos para que el sector educativo afronte la crisis, pero solo el tiempo dirá si fue suficiente.