Tras las investigaciones preliminares que se venían adelantando en la institución, el Ministerio de Educación Nacional expidió una resolución ordenando medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad Autónoma del Caribe. En el comunicado del gobierno se explica que una de las acciones tomadas consiste en la designación de un inspector in situ, que vigile la gestión administrativa y financiera de la universidad mientras persistan las problemáticas que hoy enfrentan.El rector de la Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, le dijo a SEMANA que esta es una oportunidad de apertura total ante el ministerio para que “conozcan el día a día de nuestra operación y vean que no hay relación de causalidad alguna entre los atrasos y la gestión de parte nuestra”. Además, aseguró que el inspector in situ permitiría “la suspensión de los embargos a los que está sometida la universidad para sí poder pagar a los empleados”.Hace varios días en Barranquilla, trabajadores, profesores y estudiantes protestaron contra la actual administración por el mal manejo de los recursos, algunos denunciaban la falta de pago de hasta cuatro y cinco meses, además de la presunta venta de distintos bienes de la institución que demostrarían la crisis financiera que atraviesan actualmente.Le recomendamos: El fantasma de la estigmatización que ronda las universidadesLas protestas presentadas por el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores de la institución y la apertura de tres investigaciones administrativas, hoy tienen a la Autónoma en una situación crítica.Pero para entender lo que está sucediendo, Ramsés Vargas se remitió a la administración anterior, “desde su fundación hace 51 años, la Autónoma había crecido exponencialmente, se hizo un nombre importante en el caribe, hasta que Silvia Gette asumió la administración, ahí vino una dificultad terrible con las consecuencias que todo el mundo conoce”, explicó.Sin embargo, resaltó los logros que alcanzó la universidad en medio de una restricción económica, pues encontraron un hueco fiscal de alrededor de 35.000 millones de pesos. “Hemos triplicado el número de programas acreditados, pasamos de tener 7 a tener 53 profesores con doctorado, pasamos de tener un solo grupo de investigación a tener 18, triplicamos el número de profesores de tiempo completo”. Según el rector, gracias a esto pudieron ganar la confianza de la banca. Fueron ellos los que permitieron apalancar durante cuatro años a la universidad, “en el 2017 los créditos entre capital e intereses implicaban que la institución tenía que hacer pagos cercanos a los 20.000 millones de pesos, esto estaba previsto desde antes, y estaba previsto trabajar y solventar con créditos rotativos de la banca. Con los cuales nosotros veníamos trabajando desde 2014” afirmó Vargas.Para el rector, la crítica situación por la que están pasando hoy se debe mayormente a “fuerzas oscuras, definitivamente conectadas a la anterior administración, que durante estos cuatro años siempre han puesto palos en la rueda. Nos han hecho una guerra sucia de ataques digitales, para desinformar y desprestigiar a los directivos”.Puede leer: La agonía de las universidades públicasEsto hizo que se generara la desconfianza de la banca, “se dijo que la universidad estaba quebrada, nuestra reputación cayó, y la banca se contrajo totalmente, entonces lo que eran días de atraso se fueron convirtiendo en meses”.Ramsés Vargas enfatizó que “la institución es solvente patrimonialmente y por activos”, pero todos los créditos rotativos con los cuales funcionaron en todos estos años fueron cerrados y la universidad se quedó ilíquida.“Nos retienen nuestros recursos por la ansiedad que se genera entorno la mala reputación que nos han creado, la banca se está protegiendo, por ejemplo, las fiduciarias tienen en este momento casi 4.000 millones de pesos de nuestras matrículas porque se están anticipando al cubrimiento de la deuda hasta el mes de junio. Estamos al día con la banca pero no les podemos pagar a nuestros funcionarios, esto no tiene razón de ser”, apuntó.Por último aseguró a SEMANA que la institución no está de manos atadas pues, según dijo “la constitución política y la ley nos dan todas las posibilidades de que podamos recuperar los recursos y regularizar la situación a corto plazo".Además, otro de los problemas retorna a 2003 cuando la universidad concretó un convenio con el Icetex que le otorgaba un crédito reembolsable a estudiantes de estrato 1 a 3. Se acordó que el Instituto de Crédito Educativo pagaría el 75 por ciento y la universidad el 25 por ciento de la matrícula, la deuda del estudiante debía ser registrada con la universidad y sería cobrada más adelante por el Icetex.Pero, según el Icetex, para realizar la recuperación de cartera y el reintegro del dinero a la institución, “la universidad debía realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los estudiantes durante la etapa de estudio, lo que implicaba reportar en la plataforma del Icetex las obligaciones pendientes de los estudiantes”, gestión que aseguran no realizó la institución.El 22 de diciembre del año anterior, el rector de la institución Ramsés Vargas, pasó al Icetex una cuenta de cobro de 7.000 millones de pesos que corresponderían al 25 por ciento del valor de la matrícula cofinanciados por la IES a 2.394 estudiantes beneficiarios del convenio de 2003.Le recomendamos: Silvia Gette contra las cuerdasSin embargo, según el comunicado de prensa del Icetex en respuesta a la petición de Vargas, “el cobro que está reclamando la Universidad Autónoma del Caribe por el concepto del recaudo del 25 por ciento restante cofinanciado por esa IES, no se puede realizar como quiera que la universidad no informó oportunamente sobre el cobro que debía hacerse a los beneficiarios y, por lo tanto, no existe una obligación del estudiante con el Icetex. Lo anterior no limita a la universidad en la posibilidad de cobrar directamente a los estudiantes”.El rector expresó a SEMANA que “la situación está en una especie de limbo. La puedo ver más en una especie de estadio judicial. Estamos en una diversidad de opiniones que asiste entre la universidad e Icetex con los créditos”.