Debido a las medidas de aislamiento social del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, los eventos masivos en todo el país fueron cancelados, entre ellos las ceremonias de grado. Miles de graduandos en todo el país no pudieron tener la tradicional ceremonia en la que reciben el diploma y el acta de grado en físico por parte de los directivos de la universidad con presencia de sus familiares.
Si bien todos quedaron graduados oficialmente, ya que recibieron los documentos del caso por diferentes vías, hay polémica. En redes sociales varios estudiantes se han quejado por el cobro pleno de los derechos de grado, pese a que no hubo ni habrá ceremonias, al menos en el corto plazo. "No entiendo por qué tienen que cobrar el 100 por ciento de los derechos de grado, si muchos no vamos a tener ceremonia de graduación y con toda seguridad eso tiene un valor en lo que nos cobran", dice Lina Tovar, estudiante de posgrado en la Universidad Sergio Arboleda, quien pagó alrededor de 770 mil pesos por este requisito para graduarse. Una estudiante de derecho de la Universidad Militar, quien canceló 520 mil pesos por derechos de grado, dice que si bien en su institución les hicieron un descuento del 20 por ciento sobre el valor pleno, considera que el valor pagado aún es costoso teniendo en cuenta las circunstancias actuales. "Uno ve otras universidades que hicieron descuentos mucho más grandes, hasta del 60 por ciento. ¿Por qué unas sí pueden y otras no?", dice.
El valor de los derechos de grado entre universidades es muy distinto. Mientras en el Politécnico Grancolombiano valen 412 mil pesos, en la Universidad Javeriana y en la del Rosario cuestan 612 mil y 814 mil, respectivamente. Esta situación se ve en todas las instituciones de educación superior, que tienen valores entre 320 mil y un millón de pesos, cuando se hacen ceremonias privadas. De acuerdo con el secretario general de la Javeriana, Jairo Cifuentes, debido a la situación actual se les dio a los estudiantes libertad de escoger si esperaban una ceremonia y pagar el valor pleno, o pagar solo el 40 por ciento del valor y recibir el diploma y el acta vía digital, y, una vez pase la cuarentena, reclamar los documentos físicos en la institución. "Los documentos que se envían vía digital tienen completa validez para cualquier proceso. Decidimos descontar el 60 por ciento porque, según el área financiera, ese es el porcentaje del total de los derechos que nos cuesta la ceremonia, el resto es el valor de los procesos de verificación y custodia", explicó. En el caso de la Universidad del Rosario, la secretaria general, Catalina Lleras, explicó que por la cancelación de las ceremonias la institución decidió descontar el 40 por ciento de los 884 mil pesos. "Le dimos esa opción a los graduandos que debido a la situación ya no querían participar de la ceremonia (...) El 40 por ciento que se les descuenta equivale a lo que nos cuesta hacer las ceremonias, que son actos muy solemnes que se hacen en nuestras instalaciones", dijo.
Entre tanto, el secretario general de la Universidad Sergio Arboleda, Juan Carlos Cárdenas, dijo que en esa institución el valor de los derechos de grado no está asociado a la realización de una ceremonia, sino a una labor notarial de verificación, custodia, seguridad y expedición. "Los valores pecuniarios relativos a tales derechos están asociados a la ejecución de los procedimientos administrativos, que se realizan de manera articulada durante más de 91 días, en los que intervienen cinco dependencias de la Universidad", explicó. Esta disparidad en el cobro de los derechos de grado llevó a que el año pasado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se presentara el proyecto de Ley 248 que busca modificar el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el cual determina el costo de los derechos de grado, matrícula, inscripción y otros derechos pecuniarios.
Este proyecto, que ya pasó a Plenaria de Cámara de Representantes para su discusión y votación, dice que "el valor de los derechos de grado, por ser un derecho inherente al logro académico alcanzado por la culminación de un programa de formación universitaria conforme a la ley, no podrá superar el costo real de elaboración del respectivo diploma con las medidas de seguridad y protección debidas”. El representante por el Tolima, Aquileo Medina, ponente del proyecto, precisó que en las universidades los derechos pecuniarios son fijados en virtud de los Acuerdos Superiores y Resoluciones Rectorales que dictan las mismas instituciones, en el marco de su autonomía universitaria, y si bien la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado su precedente en el sentido de que este cobro es exigible y no se debe exigir que sea gratuito, sí debe haber mayor control. "La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado", dice la exposición de motivos del ponente. Se esperaba que el proyecto se debatiera a mediados de mayo, pero con la crisis generada por el coronavirus aún no hay fechas claras para ello. Por el momento, la discordia entre estudiantes continuará. "Realmente siento que la universidad pudo tomar decisiones similares a las de otras instituciones, más teniendo la situación actual", concluyó la estudiante Tovar.