Cada madrugada aproximadamente 150 niños de entre seis y 17 años de Palo Quemado, un barrio de invasión cerca del municipio caqueteño de Florencia, caminan unos 20 minutos a la orilla más cercana del río Hacha. Allí, pacientes algunos y ansioso otros, hacen fila y esperan 20 minutos más para embarcarse en una de las 10 canoas que cubren el trayecto de menos de cien metros que les separa del otro margen del arroyo. Es la forma más barata y rápida de llegar a las cuatro instituciones educativas oficiales en las que estudian.“En Palo Quemado no hay transporte porque no hay carreteras habilitadas. Las busetas escolares no pueden entrar. Sólo van y vienen motos que cobran la carrera a Florencia por 4.000 y 5.000 pesos”, explicó a Semana Educación Gernay Calderón, defensor regional del Caquetá.Así, las familias que no pueden costearse pagar ese monto de dinero diariamente –y multiplicado por dos: ida y vuelta-, mandan a sus hijos en canoas en las que caben entre nueve y 15 menores.La Defensoría del Pueblo denunció recientemente está situación que “pone en riesgo la vida de los niños”. Para el órgano constitucional “las embarcaciones no cuentan con medidas mínimas de seguridad que garanticen la integridad de los niños, como salvavidas o acompañamiento de profesionales”.Luz Bocanegra es una de las canoeras de Palo Quemado que cada día trae y lleva a los niños de un lado al otro del Hacha en su "canoita", como llama a su medio de vida. Nunca ha tenido que lamentar un accidente porque "son anchitas y están capacitadas para pasar a los niños". Pero reconoce que no ocurre lo mismo en época de lluvias, "porque el río se crece demasiado”.De hecho, Luz se niega a llevar menores en su embarcación cuando el Hacha "se enrabieta", algo que sucede entre los meses de abril y agosto. Esta decisión le genera altercados con algunos padres que “vienen y me reclaman". A estos los tacha de irresponsables: "Nos mandan a los chinos pero no están pendientes de recibirlos, entonces nosotros tenemos que hacer de papás y, además, ofrecerles un servicio. Incluso hay algunos a los que los padres les dan 200 pesos para el trayecto, pero luego se tiran al río para quedarse con la plata y les dicen que la canoa se volcó, pero eso no es cierto”.Cobra a sus vecinos 500 pesos por trayect. No en cambio a los niños menores de 9 años, "a los que no les pedimos nada, y a niños los grandes sólo 200 pesos. Les colaboramos a los padres de familia porque aquí la mayoría somos desplazados”.La canoera explica que antes de que existieran ellos, “los habitantes del barrio nos tirábamos al río para poder cruzar de lado a lado, y eso era muy peligroso cuando no había luz”. Con esta alternativa de transporte fluvial los riesgos, aunque menores, también se incrementan en las horas de la noche. Por eso, de siete de la tarde a cinco de la mañana, el pasaje cambia de precio: “1.000 pesos a los adultos y a los niños sólo 500”.Luz está de acuerdo con Gernay Calderón, el defensor regional, que se necesita hacer más seguro el viaje en las “canoitas”. Ella, y la asociación de canoeros a la que representa, reclaman salvavidas para adultos y niños. Calderón, por su parte, añade que, si bien esa solución sería bien recibida, lo ideal sería que "se construyera una escuela en el barrio o que se habilitaran las carreteras para que se metiera un bus”.Ahora habrá que esperar a que en los próximos siete días el alcalde de Florencia,  Andrés Mauricio Perdomo Lara, responda al requerimiento interpuesto por la Defensoría y de una solución a los 150 niños afectados. “La Gobernación de Caquetá debe apoyar al municipio por el principio de subsidiariedad en caso de que no puedan abordar el problema solos”, explicó el defensor regional. En todo caso, indicó, “hemos generado un oficio para que el Ministerio de Educación actúe de manera preventiva si la Alcaldía y la Gobernación no actúan”.PARA EL DEBATESi conoce más casos en los que no se esté cumpliendo con los derecho de los niños a tener una educación pertinente, deje sus comentarios en nuestro Twitter @SemanaEd y @JuliaAlegre1