Solo un patacón para almorzar, una de las tantas denuncias que recibió la Contraloría sobre el PAE

El robo de los dineros que debían destinarse para alimentar a los niños en los colegios públicos es uno de los tantos capítulos de corrupción en la historia del país. Por cuenta de estas investigaciones, la Contraloría tiene abiertos 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $84.000 millones.  Las pechugas que costaban 40.000 pesos por unidad, los huevos a 900 pesos y los panes a 400 son solo unos de los casos que los entes de control han descubierto en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los últimos años. Aunque desde el gobierno nacional ya se anunciaron grandes reformas para evitar que se vuelvan a repetir este tipo de episodios, como la creación de la Agencia de Alimentación Escolar, las denuncias sobre irregularidades en el PAE no paran. Este martes, la Contraloría entregó al Ministerio de Educación las conclusiones de un diagnóstico que le hizo al PAE en 31 municipios de 10 departamentos (Bolívar, San Andrés, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Cundinamarca, Quindío, Vichada, Nariño y Amazonas), en el que evidenció la persistencia de serias fallas en la alimentación escolar de miles de niños en el país, pese a los esfuerzos del gobierno y los entes de control por mejorarlo. El diagnóstico, en el que también participaron la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción (RedUVA), da a conocer 881 fallas y graves faltas recogidas en las visitas de campo que dan cuenta de los problemas estructurales del PAE. Este informe tiene como propósito servir de insumo para que el Ministerio de Educación actualice los lineamientos y la guía de contratación del PAE y cree una nueva agencia. Un patacón para almorzar

Durante el evento de presentación del informe, se activó la Red Nacional de Contralores Estudiantiles, conformada por jóvenes estudiantes que contribuyeron con sus testimonios a elaborar el diagnóstico, que también recogió la percepción de rectores y padres de familia. A partir de ahora, ellos apoyarán la labor de vigilancia de la Contraloría desde sus instituciones. El contralor estudiantil de la Institución Educativa Vicente Roig y Villalba, ubicado en Fonseca (La Guajira), denunció que durante 8 meses de 2018 ninguno de los más de 1.200 beneficiarios del PAE recibió alimentación. La situación en el resto de este departamento era similar. Las raciones para almorzar constaban de un patacón con jugo, como se evidencia en las fotos recopiladas por la Contraloría y los propios estudiantes.  El estudiante señaló que solo a raíz de un paro estudiantil el servicio se reactivó, y aunque a la fecha se está prestando, todavía adolece de serias irregularidades: “en ocasiones las raciones no son completas, además no hay comedor suficiente, en mi colegio somos 900 estudiantes y tan solo hay 6 mesas, entonces nos toca turnarnos para comer, y por ser un espacio tan pequeño falta mucha higiene”. Además, relata que en ocasiones llegan menos almuerzos, por lo que se estableció una especie de pico y placa para comer: “Cuando pasa eso cada quien tiene un día de turno para comer, es extraño ver que  unos comen y otros no sabiendo que todos tenemos la misma necesidad". Problemas de calidad

Por su parte, la representante de los personeros de Quibdó (Chocó) y contralora estudiantil denuncia que la calidad nutricional de los alimentos que reciben es baja, pues solo una o máximo dos veces a la semana reciben carne. “Los almuerzos son muy similares todos los días. Un día recibimos arroz, huevo y fríjoles, y al siguiente arroz, huevo y lentejas. No nos dan jugos naturales, recibimos, agua de panela y bienestarina”, dice. El diagnóstico En el diagnóstico entregado al Ministerio de Educación, hay cientos de denuncias como las hechas en Fonseca y Quibdó, las cuales fueron recibidas por el Ministerio de Educación para tomar las correcciones respectivas. La Contraloría constató que del total de las graves faltas recogidas en los 10 departamentos, 37 por ciento están relacionadas con la gestión territorial, es decir, con problemas relacionados con la infraestructura de los comedores y deficiencias en la dotación para prestar el servicio, como en el caso denunciado en Fonseca. Otro 35 por ciento de las denuncias recogidas están relacionadas con la inocuidad de los alimentos, la calidad del menú, e insuficiencia de las porciones. En un tercer renglón, con un 18 por ciento, están los problemas en la transparencia de los procesos de contratación y operación del programa, que abarcan los incumplimientos por parte de los operadores del PAE y posibles irregularidades en selección de los contratistas. El 10 por ciento restante de fallas tienen que ver con la cobertura y el financiamiento de la alimentación escolar. Es decir, la insuficiencia de raciones para entregarle al 100 por ciento de estudiantes y de recursos. Sobre el diagnóstico y el balance de la Contraloría, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que tras escuchar a las veedurías ciudadanas y de estudiantes, tomará los correctivos necesarios. Asimismo, resaltó que en el Plan Nacional de Desarrollo haya quedado estipulada a creación de la Unidad Especial de Alimentación, la cual empezará a operar en enero del próximo año. “Hemos estado trabajando en el tema de costos, en los anexos técnicos de costos para cada uno de los procesos, también en generar con los órganos de control un proyecto que vaya al congreso para hablar del tema de inhabilidades para los contratistas, y trabajar por todo el tema de la calidad de las minutas, ya se hizo una reforma para primera infancia para que se incremente el aporte nutricional de lo que es el complemento que aporta el PAE”, indicó Angulo. Llamado de la Procuraduría Entre tanto, el procurador, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Ministerio de Educación, a los gobernadores y a los alcaldes de municipios certificados, adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación oportuna de los servicios de alimentación y transporte escolar desde el inicio del año escolar 2020. Así mismo, pidió a los mandatarios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) destinar los recursos de la participación en educación al pago del transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran, y así garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Y a las asambleas y concejos de las ETC les solicitó tramitar prioritariamente las vigencias futuras necesarias para operar estos programa.    Como resultado de la vigilancia preventiva que adelanta al PAE, el ministerio público identificó que existe riesgo de que no se preste oportunamente el servicio desde inicio del calendario escolar, debido al cambio en las administraciones territoriales, lo que, de llegar a ocurrir, afectaría a los niños, las niñas y los adolescentes que dependen de este programa para acceder a su derecho a la educación.