¿Ser profesor es un trabajo de alto riesgo? Aunque en el imaginario de muchos esta profesión no representa un riesgo para la integridad personal, a diferencia de ser militar o policía, un informe de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) evidencia que ser profesor en Colombia es un riesgo latente, más aún si se hace parte de un grupo sindical.
‘La vida por Educar: crímenes de lesa humanidad, persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas, miembros de Fecode entre 1986 y 2010‘, es el nombre del informe que el gremio docente más grande del país entregó en noviembre pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para demostrar que los profesores que han sido activistas sindicales han sido víctimas de un crimen de lesa humanidad de persecución y exterminio. El Día del Maestro, fecha en la que se da un reconocimiento a los docentes por su labor diaria, también es una oportunidad para recordar aquellos docentes que perdieron la vida desempeñando su profesión.
De acuerdo con el informe, que fue elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Fecode con la asistencia técnica de la Escuela Nacional Sindical y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de diciembre de 2016, la organización, a través de docentes sindicalizados, fue víctima de al menos 6.119 violaciones a la vida, la libertad e integridad. De las más de 6.000 violaciones registradas, 990 corresponden a homicidios de maestros sindicalizados y 78 desapariciones forzadas. Dentro de la cifra, 3.170 casos fueron amenazas, 1.549 desplazamientos forzados, 124 detenciones arbitrarias, 89 hostigamientos, 40 secuestros, 22 casos de tortura, siete allanamientos ilegales y 49 atentados con o sin lesiones.
Uno de los agravantes que expone el informe es la alta impunidad en estos casos, pues alrededor del 94% de estas situaciones se encuentran impunes. ¿Quién los mató? En el curso de los 25 años transcurridos entre 1986 y 2010, la justicia ordinaria ha avanzado muy poco en cuanto al esclarecimiento de los presuntos responsables de los crímenes de maestros y maestras, dice el documento. De ahí, destaca Fecode, nace la necesidad de establecer la responsabilidad penal individual de los máximos responsables del ataque sistemático en contra de los sindicatos de educadores y señalar la responsabilidad de los diferentes actores.
En consecuencia, la Federación se propuso identificar y señalar la responsabilidad penal individual, por acción u omisión de garante, de al menos 411 presuntos responsables. Según las cifras del Sistema de Información en Derechos Humanos (Sinderh), el mayor número de casos son los cometidos por grupos paramilitares, seguidos por los de la guerrilla y los de la Policía. Los paramilitares habrían cometido el 16 % del total de las violaciones: "En el periodo 1986-2010, es claro que la lógica de exterminio y persecución se enmarcó en el proceso de expansión y consolidación del proyecto paramilitar, sus alianzas con élites locales y regionales y la aquiescencia (consentimiento) de los agentes estatales", señala el informe. A la guerrilla se le atribuyen 138 casos y a las Fuerzas Militares, Policía y DAS, 143.