El Plan Nacional de Desarrollo (PND) está a mitad de camino de su trámite en el Congreso. Este proyecto, que contempla un presupuesto de 703 billones de pesos para los próximos cuatro años, fue aprobado en comisiones conjuntas el pasado jueves y próximamente será debatido en plenarias de Senado y Cámara. Un paso bastante rápido del órgano legislativo, si se tiene en cuenta las ampollas que levantó en diferentes sectores por algunos de sus artículos y el recorte de 90 billones que sufrió al estar desfinanciado. Aún así, se prevé que su aval esté listo para finales de abril, con una clara apuesta por la educación que tendrá una inversión 136,58 billones de pesos. Cifra que supera el presupuesto de defensa y seguridad. “El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas de acceso y calidad al sistema educativo”, se lee en el articulado del PND. Por eso su gran apuesta en el sector educativo es implementar la jornada única en todas las instituciones oficiales. Es decir, garantizar que los estudiantes estén en el colegio al menos siete horas diarias, seis en el caso de preescolar, con el objetivo de que todos los niños en Colombia tengan las mismas oportunidades y tiempos de aprendizaje. Un propósito que, consta en el PND, se cumplirá gradualmente en un plazo que va hasta el 2030. Sin embargo, Gabriel Torres, experto en educación, recuerda que el compromiso de la jornada única está contemplado en la Ley General de Educación que fue expedida en 1994. “Tenemos una mora de 20 años. Ahorita sale la jornada única como la gran novedad, pero es una responsabilidad pendiente desde hace dos décadas. No es ningún favor. El detrimento de la calidad está muy asociado al tiempo que duran los niños en la escuela”, explicó. Además, argumentó que esta iniciativa debe estructurarse muy bien porque no por tener más horas, necesariamente se van a mejorar los resultados. “¿Vamos a hacer en ocho horas lo mismo que antes? ¿Si antes teníamos dos horas de matemáticas ahora vamos a tener tres? Todo eso hay que resolverlo, pero por lo menos empezamos a cumplir”, añadió. Por su parte, Claudia López, senadora del Partido Verde, reconoció que esta iniciativa debe aplaudirse aunque tenga unos enormes retos de ejecución. “De los 24 billones en el presupuesto de este año para educación, por lo menos 15 van para la jornada única y es un reto ejecutarlos bien, sin que se los roben, sin que se pierdan. Y hay un seguro desafío y es que mejoremos en las Pruebas Saber y en las Pruebas Pisa. Esto debe ir aparejado con que todo el esfuerzo para mejorar se traduzca en puntajes más altos en lenguaje, matemática y ciencia”, sostuvo. En este sentido, consideró que extender la educación obligatoria hasta el grado once “es la decisión correcta porque eso asegura gratuidad y mayor cobertura, nos va ayudar a reducir la deserción”. Para Daniel Díaz, vocero del movimiento ciudadano Todos por la Educación, en la jornada única debería existir una amplia participación de las familias y de los jóvenes. “Creemos que hace falta fortalecer la participación de familias en la educación. Además, hay que mirar qué y para qué se quiere enseñar y aumentar las horas de clase. Con esta medida no se está garantizando mejor calidad. Se debe tener en cuenta la opinión de los estudiantes y jóvenes: en qué quisieran invertir la jornada única, no solo lo que dicen los expertos sino la mirada del joven, el plan de vida que quieren. No están opciones como la danza o emprendimiento”, sostuvo. En la misma línea se encuentra John Ávila, director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de Fecode, quien aseguró que “cuando nuestra organización avaló la jornada única en la Ley General de Educación la pensó como una medida cualitativamente construida y lo que el PND está haciendo con respecto a la jornada es simplemente agregativo, es una sobrecarga más para la educación. Se hace sin materiales educativos, sin mirar el currículo, sin considerar las condiciones sociales y del entorno. La jornada única debe considerarse con todas sus condiciones y procesos”. Bajo las críticas que le han caído a la jornada única, la medida se ha consolidado en los últimos meses y actualmente 202 colegios la han implementado. Además se abrió una segunda convocatoria para que otro grupo de colegios se la juegue por esta iniciativa. El pasado tres de marzo, Gina Parody, ministra de Educación, aseguró que a pesar del reajuste fiscal del PND su cartera no iba a modificar las metas y reiteró su compromiso con la jornada única. “Es un elemento fundamental que cumple varios propósitos: el que los niños estudian en la mañana tiene impactos positivos en su aprendizaje y al enfocar esas nuevas horas de matemáticas, ciencias y lenguaje se mejorará en ocho puntos los resultados de la pruebas PISA para el 2018. La meta es tener 300.000 beneficiarios durante el presente año”, explicó. Educación superior Las pocas disposiciones para la educación superior que se consignaron en el Plan de Desarrollo han sido ampliamente criticadas. Para la senadora López, la educación superior está prácticamente borrada de la inversión para los próximos cuatro años y no queda claro cuál va a ser la apuesta para fortalecerla. “Lo único que aparece es que van a dar más becas de Ser Pilo Paga, pero no hay nada sobre cómo mejorar la universidad pública o los estándares de calidad. Hay un desequilibrio muy grande”, afirmó. Si bien la medida de becar a los mejores es importante, no puede ser la única política. “Eso es a penas una gota en el océano: son dos millones de cupos y el gobierno da 10 mil. Sí, es un buen programa, pero tiene un sesgo hacia la universidad privada. Nos preocupa que sea la única apuesta porque es una cosa chiquitica que está en contravía de fortalecer la universidad pública, que es la que puede capturar más estudiantes de bajos recursos con calidad”, añadió López. Una postura que comparte Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, quien consideró que “el hecho de que el 84 por ciento de los pilos estén en universidades privadas, destina más recursos a este sector y debilita lo público. En vez de subsidiar la oferta, se subsidia la demanda”. En esta misma línea se encuentra Todos por la Educación frente al programa Ser Pilo Paga, pues a su juicio “ratifica que la educación universitaria pública continúa sub-financiada, sin solucionar el déficit de cupos de educación universitaria gratuita para los jóvenes incrementando la brecha socioeconómica entre la educación universitaria (de acceso para pocos) y la educación técnica y tecnológica”, afirman. En este marco, Claudia López propuso aumentar la cobertura en la educación superior pasando del 45 por ciento al 57 por ciento en la educación superior “pero la mitad de ese incremento debe darse en las universidades públicas para ir cerrando esa brecha con las privadas”, explicó. Además proponemos de que Ser Pilo Paga abra 2.000 becas adicionales para licenciaturas en la universidad pública para enfrentar el déficit de maestros. Gabriel Torres explicó que el problema es que la educación superior nunca ha ofrecido los suficientes cupos para todo el mundo y es costosa. “Para los 10 mil que ganaron es muy bueno. Pero tenemos que preguntaron qué tanto eso va a hacer que se forme una masa capacitada de ciudadanos cuando atendemos a una población del uno o el dos por ciento. El otro rollo es que si el estudiante deserta le cobran, entonces lo que ganaron fue un problema. El que paguemos las universidades privadas, finalmente estamos justificando que el costo de las universidades sea el que sea. No importa que sea alto”, añadió. El otro aguacero de críticas fue para el el artículo que focaliza el subsidio de los créditos del Icetex en beneficiarios del Sisbén que tengan un desempeño muy superior en las Pruebas Saber Pro. Cuando, agregó López, “el problema del Icetex es que el 100 por ciento de los recursos que presta deberían ir única y exclusivamente a instituciones de alta calidad acreditadas. Porque si toda la plata no va exclusivamente a ellas, estamos cogiendo los recursos públicos para financiar universidades como la San Martín”. Postura que refuerza Alirio Uribe: “los créditos al Icetex son utilizados en las universidades malas. No son para universidades públicas ni para las buenas sino para las regulares o malas y ahí no estás discriminando calidad sino que financias a través de préstamos”. Educación inicial El Plan Nacional de Desarrollo contempla la educación inicial como un derecho de los niños y las niñas menores de cinco años, por lo que establece que se debe definir el proceso de tránsito de la educación inicial al grado de preescolar en el Sistema Educativo Nacional y se debe desarrollar el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Todo esto en un esfuerzo mancomunado con la política de Cero a Siempre. Sin embargo, para Alirio Uribe, “cuando se habla de cobertura, el gobierno quiere asumir la formación desde transición y el resto se lo deja al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de las madres comunitarias que no están en capacidad, ni tienen la formación para enseñar los grados jardín o prejardín. Esos dos niveles los debería asumir el Ministerio de Educación”. De ahí que López aplauda la reglamentación de la educación inicial pero resalta que solo se habla de transición cuando en la Ley General de Educación se establecen también prejardín y jardín. Formación docente Para el experto en educación Gabriel Torres, el Plan Nacional tiene una gran falencia y es la formación docente, pues en el articulado no hay “una política clara que regule a los maestros. Hay una política de incentivos, va a haber becas para maestros pero eso es incentivar por la oferta, no por la demanda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los mejores de los mejores siempre se van a favorecer”. En este sentido, John Ávila, director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de Fecode, recordó que la educación no puede entenderse solamente como un resultado y por eso la labor del docente es fundamental. “Se está pensando que la idea del big data, la medición y la evaluación son factores que van a mejorar la educación y eso no es cierto. Antes de pensar en eso hay que mirar cómo funciona el proceso, y eso incluye las condiciones del docente”, remató. A este plan solo le faltan dos debates para ser la realidad que regirá en los próximos cuatro años. Un plan que por primera vez, como lo afirmó la ministra Parody, está dedicado “a quienes no votan pero van a la guerra: los menores de 18 años, que hoy ingresan a las filas de las guerrillas y otros grupos ilegales”. Sus más de 230 artículos provocan bastantes peros y quienes rechazan tajantemente algunos de ellos esperan que el debate sea álgido, precisamente porque en educación los costos de los errores siempre se pagan a largo plazo. Para más artículos de actualidad educativa y política pública del sector visite nuestra sección.