El diagnóstico del Programa de Alimentación Escolar (PAE) no es alentador, ni mucho menos, de acuerdo a la jefa de la cartera de Educación, Gina Parody.Los 1,5 billones que se destinaron el año pasado para la correcta implementación de esta política clave “no tienen control alguno”. De hecho, como aseguró a Semana Educación Víctor Saavedra, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, “se desconoce cuánto de ese dinero se ha perdido en las contrataciones fraudulentas”.Tras buscar alianzas con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y crear con los tres entes de control un frente común para combatir las irregularidades descubiertas en torno al PAE, el Ministerio de Educación (MEN) presentó este miércoles un proyecto de ley con el que recrudece su postura ante “las mafias que operan la alimentación escolar".El objetivo de esta ley, que cuenta con el apoyo de las Comisiones VI de la Cámara y el Senado y del Partido de la U, es "garantizar la transparencia, asegurar que la comida llegue bien a los niños y corregir y sellar las grietas que tiene el sistema actual”.Pero, ¿cuáles son las novedades del proyecto en relación con lo que se venía haciendo hasta ahora? Lo primero es que el Gobierno tendrá potestad para intervenir y sancionar a los proveedores que incumplan con su actividad, algo que no ocurría con anterioridad.También permitirá estandarizar los precios de los alimentos para tener un mayor control de en qué se están gastando los recursos y “para promover las economías locales”, explicó Parody. El tercer punto novedoso es que se prohíbe la contratación de servicio de alimentación "a dedo". Es decir: “se impone la obligación de hacer contrataciones públicas donde haya muchos oferentes y sean los mejores los que se presenten”, como indicó la ministra.El cuarto y último punto que añade el proyecto es la creación de una Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA).Esta, dependiente del MEN, se encargará de crear los lineamientos del programa, además de la contratación de operadores en dos únicos casos. Uno, cuando las gobernaciones no tengan la capacidad de hacerlo de forma autónoma. Dos, cuando el Gobierno compruebe que las entidades territoriales certificadas (ETC) no están operando el PAE de forma transparente. Según Gina Parody "de esta forma, se garantiza tener un sólo doliente y lograremos una unidad de ejecución. Es decir, todos los recursos van a las ETC o a la ANA en un encargo fiduciario y existirá una prohibición legal para contratar la alimentación escolar en municipios no certificados", subrayó Parody. El Ministerio de Educación pide a la Procuraduría que "deje la arrogancia"La pelea entre la jefa de la cartera educativa, Gina Parody, y la Procuraduría tuvo su pequeño momento de protagonismo durante la presentación del proyecto de ley que regulará el PAE.Al ser preguntada por el asunto, Parody no quiso dar mayor detalle sobre la decisión del Ministerio de no invitar a la procuradora delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, a una reunión sobre la crisis que vive el política de alimentación escolar. Pero aprovechó para "invitar" al ente controlador a "deponer la arrogancia y la vanidad y centrarse en sacar adelante el PAE, que debe primar sobre cualquier interés". PARA EL DEBATE¿Cree que el nuevo mecanismo institucional es una herramienta eficaz para acabar con la corrupción que rodea al Programa de Alimentación Escolar? Deje sus comentarios en nuestro twitter @SemanaEd y @JuliaAlegre1