Aunque cualquier persona puede cometer un error de ortografía al escribir, cuando le sucede a una persona pública, o a alguien que debería ser experto en la materia como un profesor o un académico, le suelen criticar con mucho más rigor. Este es el caso que le sucedió esta semana a Nelson Alarcón, miembro de la junta directiva de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), y quien fue presidente del gremio docente hasta el año pasado.

El error de Alarcón ocurrió el fin de semana, cuando publicó en su cuenta de Twitter su respuesta a la columna del abogado Jaime Arizabaleta titulada ‘Saquen a Fecode de las urnas’, en la que advierte que la agremiación está en capacidad de “robarse una elección”.

En su respuesta, el expresidente de Fecode se equivocó en la palabra ‘malintencionada’, la escribió separada y con ‘s’, hecho que los usuarios de redes sociales no le dejaron pasar, teniendo en cuenta que el gremio de profesores debería ser experto en el área.

“Esta es mi respuesta a la columna mal intensionada [sic] del Dr.Jaime [sic] Arizabaleta titulada " Saquen a Fecode de las urnas”, me tiene bloqueado en Twitter, impidiendo el debate como demócrata que dice ser”, escribió.

Varios usuarios le cuestionaron a Fecode que mantengan su posición de no a la presencialidad, a pesar de que expertos advierten los inmenso riesgos en calidad educativa que trae el cierre de colegios. Un informe del Banco Mundial asegura que el cierre por más de un año puede provocar que ocho de cada diez estudiantes no estén en capacidad de entender un texto de extensión moderada, y que los alumnos pierdan entre el 50 y el 75 % del conocimiento adquirido el año anterior.

Al percatarse del error, y tras leer los comentarios de muchos usuarios, Alarcón corrigió la palabra mal escrita.

Hace algunas semanas, Alarcón había sido cuestionado por una declaración en la que aseguró que el paro formaba parte de una estrategia electoral. “Esto es de largo aliento; esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022”, fueron las palabras que pronunció el pasado 9 de junio Nelson Alarcón, directivo de Fecode, sobre por qué los docentes continuaban con el cese de actividades.

Varias personas han pedido a Fecode que retornen con mayor celeridad a las aulas, teniendo en cuenta que menos del 20 por ciento de los 9,7 millones de alumnos de colegios públicos y privados han regresado a clases presenciales.

“A mí no me molesta que Fecode haga política, siempre lo ha hecho; lo que me molesta es que la haga a costa de los niños y su derecho a recibir educación”, asegura la exviceministra de Educación Básica Isabel Segovia, una de las promotoras de la campaña #LaEducaciónPresencialEsVital.

Quien también pidió a los gremios docentes priorizar la educación de los niños, fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “hago un llamado muy respetuoso a los dirigentes sindicales que todavía insisten en poner sus prioridades políticas por encima de la educación de los niños a que reconsideren y sigan el ejemplo de la inmensa mayoría de los profesores que sí pusieron a los niños como su prioridad”.

Esta semana, el gremio anunció que había llegado a un acuerdo parcial con el Gobierno sobre el retorno gradual a las aulas. A través de una circular, los profesores informaron que tras diez sesiones de trabajo de la Mesa Nacional Estatal de Negociación Colectiva 2021, que inició en enero, “hemos llegado a un acuerdo parcial frente a uno de los puntos álgidos en los actuales momentos: el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas”.

Sin embargo, agregan que “no fue posible concertar todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro a la escuela de la presencialidad”.

Al no lograr esta concertación, aseguran que corresponde a las filiales de Fecode estar prestas a verificar que las condiciones de bioseguridad emitidas por la autoridad sanitaria e infraestructurales requeridas para el regreso a la presencialidad se cumplan en cada sitio, escuela, colegio e institución educativa, en tanto el derecho fundamental a la vida prima sobre todos los demás.