Buscando avanzar con mayor rapidez en el proceso de reapertura de colegios, hace cerca de un mes, el Ministerio de Educación emitió la directiva número 5, en la cual emitió las orientaciones a los gobernadores, alcaldes y secretarios de Educación para la prestación del servicio de educación de manera presencial.
“Desde julio de 2021 iniciará la presencialidad plena y solo en casos excepcionales se establecerá la posibilidad de prestar el servicio educativo en la modalidad de alternancia”, dice el documento.
A raíz de esto, algunos padres de familia han expresado su preocupación sobre volver a la presencialidad en medio de la crisis hospitalaria que vive el país y la falta de condiciones que aún tienen miles de colegios, tal y como ha manifestado Fecode durante los últimos meses, razón por la que aún tienen reparos frente a la reapertura de colegios.
Ante las inquietudes de los padres de familia, el gremio de profesores consultó con una experta en el área para aclarar si los acudientes están obligados o no a enviar a sus hijos a las aulas en medio de la actual coyuntura.
Marcela Ramírez, abogada experta en legislación docente, señaló que en primer lugar lo que hay que decirle a los padres de familia es que los derechos de los niños priman sobre cualquier circunstancia, porque son ellos quienes tienen la patria potestad de los menores.
“En ese orden de ideas, son los padres los que deciden qué es lo que les conviene y cuáles son las condiciones en las que se debe dar el servicio educativo, y si ellos determinan que desde la casa se le va a garantizar al niño una serie de condiciones, su derecho a la vida y a la salud, pues en aras de este derecho a la libertad el padre de familia no debe estar preocupado de que contra el niño se vaya a emprender alguna acción”, explicó.
Ramírez fue enfática en decir que ningún padre que no quiera enviar a sus hijos al colegio en medio de la actual coyuntura está obligado a hacerlo, aunque recordó que el Gobierno ha condicionado el regreso de niños a las aulas al estipular que la alimentación escolar y algunas actividades curriculares complementarias solo se adelantarán en las instituciones educativas, “sin duda es una forma de jugar con la necesidad de millones de hogares en el país”, consideró la abogada.
A pesar del concepto de la abogada, al presidente de la Asociación de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, le preocupa la falta de claridad en la normatividad y el hecho de que muchos colegios no estén pidiendo el consentimiento informado.
“El Gobierno se lavó las manos con el consentimiento informado y con la presión que hace tratando de reprocharle a la gente pobre o de estratos 1, 2 y 3 en la cara que no tienen un plato de alimento para darle a los hijos y, por ende, tienen que someterse a mandar a los menores a las instituciones a recibir el refrigerio escolar porque no hay de otra, pero a pesar de esto, los padres no están obligados a enviarlos al colegio, si el padre toma la decisión unilateral y unipersonal de hacerlo asume sus propios riesgos”, dijo Ballesteros.
Esta semana, el gremio anunció que había llegado a un acuerdo parcial con el Gobierno sobre el retorno gradual a las aulas. A través de una circular, los profesores informaron que tras diez sesiones de trabajo de la Mesa Nacional Estatal de Negociación Colectiva 2021, que inició en enero, han llegado a un “acuerdo parcial frente a uno de los puntos álgidos en los actuales momentos: el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas”.
Sin embargo, a pesar del acuerdo anunciado, dejan varias incógnitas al Gobierno, exigiéndole que se debe avanzar con la vacunación de toda la comunidad educativa: “Señor Duque, señora ministra María Victoria Angulo, señor ministro Fernando Ruiz, ¿están listas las instituciones educativas? ¿Se han hecho las adecuaciones pertinentes en materia de servicios públicos, plantas de personal administrativo, servicios generales, salud y garantizados todos los elementos e insumos de bioseguridad?”, preguntan.
Con estas dos posiciones sobre la mesa, Fecode concluye diciendo que “no fue posible concertar todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro a la escuela de la presencialidad”.
Al no lograr esta concertación, aseguran que corresponde a las filiales de Fecode estar prestas a verificar que las condiciones de bioseguridad emitidas por la autoridad sanitaria e infraestructurales requeridas para el regreso a la presencialidad se cumplan en cada sitio, escuela, colegio e institución educativa, en tanto el derecho fundamental a la vida prima sobre todos los demás.