El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto que reglamenta la tabla de equivalencias, que homologa hasta el 90 % de la experiencia previa al título universitario como profesional válida, para promover la inserción laboral de los jóvenes en el sector público. Esto quiere decir que se tendrán en cuenta las prácticas como experiencia laboral.

Según la entidad, este proyecto beneficia a todos los jóvenes entre 14 y 28 años que participen en los procesos de selección de las entidades del Estado y que aspiren a ejercer cargos públicos del orden nacional y territorial, así como a los que hayan realizado prácticas o pasantías universitarias, o que hayan celebrado contratos laborales y de prestación de servicios antes de obtener su título.

De este modo, todos los estudiantes que hayan adquirido experiencia como prácticas en grupos de investigaciones de entidades de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del Sena y escuelas normales superiores, se verán beneficiados.

“El compromiso adquirido por el Gobierno nacional que lidera el presidente, Iván Duque, muestra otro resultado que va a impactar positivamente a los jóvenes del país. Este grupo de población podrá convalidar hasta el 90 % del tiempo de prácticas, monitorías y pasantías como una experiencia profesional”, indicó el director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco.

Lo anterior implica que si un estudiante realizó cualquiera de las anteriores labores podrá incluirlo en su hoja de vida o presentación a un cargo, con el fin de que pueda aplicar. No hay que olvidar que desde las empresas se solicita que los aspirantes a cargos cuenten con un tiempo laborado de al menos seis meses.

Según informa la entidad, las oficinas de talento humano de las entidades públicas serán las encargadas de validar que los certificados correspondan al programa de estudios que los jóvenes estén cursando y deberán exigirle los certificados a la institución educativa para establecer si existe, en efecto, la relación entre el pénsum académico y las actividades realizadas por el estudiante.

“La certificación a que se refiere este artículo deberá incluir, al menos, el nombre del practicante, pasante o monitor, su documento de identificación, la fecha de inicio de la actividad formativa, la correspondiente fecha de terminación, las actividades y responsabilidades a cargo, y la dedicación total en meses”, se lee en el decreto 952 de 2021.

Con esto se busca establecer si la persona que solicita el certificado de equivalencia de experiencia profesional previa era estudiante para la fecha de realización de la actividad objeto de la validación.

Asimismo, esta iniciativa busca que los jóvenes que han tenido un contrato laboral o de prestación de servicios antes de su graduación puedan certificar esa experiencia profesional en los concursos de meritocracia que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil, explicó Alvis.

Este cambio es fundamental en el país, teniendo en cuenta las elevadas tasas de desempleo juvenil. De acuerdo con el Dane, entre enero y marzo de este año, la tasa de desocupación de la población joven se ubicó en un 23,9 %, registrando un aumento de 3,4 puntos frente al mismo periodo del año anterior.