La infraestructura educativa sigue siendo un problema mayúsculo en Colombia. El gobierno anterior creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para ayudar a solucionar este problema, pero, según anunció esta semana el Ministerio de Educación, este dejó 12.421 aulas por terminar. Es más: a su llegada, la nueva administración del FFIE encontró que de estas, solo 5.918 aulas estaban en construcción (y tenían un promedio de avance de apenas el 30%), mientras que otras 5.222 no habían ni siquiera superado la etapa de diseño. Le puede interesar: La apuesta por los megacolegios no solucionaría el problema de la educación En este sentido, solo 62 proyectos de infraestructura educativa (3.968 aulas nuevas) o el 30% del total, se encontraban a tiempo o con un atraso menor al 10%. El otro 70% de los proyectos se encuentran en situación de riesgo alto o medio-alto. Específicamente, 57 proyectos (1.346 aulas nuevas) están en un nivel de atraso de entre el 11% y el 20% de lo programado. Y los otros 312 proyectos (7.107 aulas nuevas) tienen un atraso mayor al 20% o problemas críticos en su ejecución. Por ejemplo, 31 instituciones educativas fueron demolidas para iniciar el proceso de remodelación, pero, a la fecha, el contratista no ha empezado la construcción de las nuevas instalaciones. Como consecuencia, muchos niños han tenido que estudiar en pasillos, salones improvisados o a la intemperie. En 44 instituciones educativas se han generado sobrecostos por los mayores tiempos de ejecución de las obras, debido a la necesidad de reubicar a los estudiantes. Quizás le interese: 84.000 millones de pesos, lo que valdrían las irregularidades en alimentación escolar En dos escuelas se construyeron espacios con bajos parámetros de calidad y ahora se deben demoler. Además, 69 proyectos en etapa de construcción han recibido demandas de parte de sus proveedores por falta de pago y 92 proyectos han sufrido bloqueos y reclamos por parte de los obreros por la misma razón. Por otro lado, el FFIE en su diagnóstico encontró que el 63% de los proyectos están concentrados en solo dos firmas constructoras. Una de ellas, Mota Engil, ejecuta 252 contratos y la segunda, el constructor Germán Mora Insuasti, tenía 87. Este último estuvo en el ojo del huracán el pasado 4 de febrero, cuando se vio obligado a ceder su contrato para construir 26 instituciones educativas en Boyacá, luego de la fuerte presión que ejercieron el gobernador Carlos Amaya y algunos alcaldes por sus incumplimientos. En contexto: Cómo eliminar la brecha en educación rural y urbana El gobernador Amaya venía denunciando los problemas de infraestructura educativa desde finales del año pasado, pues aunque el departamento había destinado $22.000 millones para financiar el proyecto y los municipios y la nación $7.000 millones y $50.000 millones, respectivamente, ninguna escuela estaba lista. El gobernador y los alcaldes de Sotaquirá, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Sutamarchán, Ráquira, Moniquirá, Arcabuco, Nuevo Colón, Turmequé, Maripí, Chiquinquirá, Chitaraque, Chiscas, Boavita, Panqueba, San Luis de Gaceno, Garagoa, Pesca, Ciénega, Cubará, Tuta, Ventaquemada y Úmbita incluso amenazaron con hacer una huelga de hambre el 28 de enero pasado si el contratista no resolvía esta situación. Para solucionar este problema, el Ministerio de Educación y el FFIE propusieron subsanar los procesos represados mediante el inicio de trámites jurídicos contra los infractores y la implementación de mecanismos de gestión territorial con las entidades territoriales para identificar y solucionar las obras con alertas tempranas de incumplimiento. Además, aprobaron la cesión de 25 obras y están estudiando hacer lo propio con otras 46 adicionales. Así mismo, anunciaron la “modificación de los procesos, procedimientos y políticas del FFIE, entre los cuales se encuentra la calificación de contratistas sobre su desempeño y capacidad real”, para prevenir estas situaciones a futuro.