La Universidad Incca de Colombia, como centro de formación e investigación, se encuentra diseñando programas para entender los marcos legales y las acciones de la agenda política, económica y social futura de un país que se apresta a dejar atrás más de 50 años de conflicto. Una de sus primeras decisiones consiste en sentar las bases de lo que será su nueva Facultad de Derecho, que ofrecerá un énfasis en derechos humanos por medio de una maestría en este tema, así como en sus programas de pregrado y especialización. Estos se complementarán con la enseñanza de los marcos legales y normativos que el país ha asumido como de ley en los procesos de atención a víctimas. De igual forma, sus programas de Ingenierías, Administración de Empresas, Psicología y Contaduría Pública, entre otros, se proponen orientar a sus estudiantes para que puedan actuar con miras a la construcción de la paz. “Tengo la certeza de que la academia será un factor determinante en la construcción de un país exitoso, en el sentido de estar capacitado para asumir la paz. Semejante realidad demanda una coordinación institucional plena para garantizar derechos”, explica Carolina Villamizar Bonilla, rectora de la universidad. Los espacios de reflexión pública también serán de gran ayuda. Con el desarrollo de debates se fijarán posiciones y se invitará al país a pensar sobre las circunstancias que caracterizan el actual momento histórico. En esta línea, la Universidad Incca de Colombia reunió el pasado 17 de noviembre a expertos en temas de educación y paz en el foro ‘El papel de la academia en el posconflicto colombiano’, en donde se resaltó la importancia de la responsabilidad en la formación ciudadana, frente a los procesos encaminados a consolidar una reconciliación real, estable y duradera entre los colombianos. Este es un propósito fundamental para una universidad, reconocida durante sus 60 años de historia como una institución con vocación social y acostumbrada a asumir retos que benefician a la sociedad, como por ejemplo, ayudar a alcanzar, desde su misión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Por esto, y con base en la Ley 30 de Educación Superior, la universidad se prepara para iniciar el próximo año el proceso de acreditación institucional, el cual implica la adecuación de sus políticas y procesos para la prestación del servicio educativo y el fortalecimiento de sus programas y planta física, resaltando la movilidad estudiantil e internacionalización de su currículo. “Siempre que indagamos entre nuestros estudiantes cuáles son sus incentivos, sus motivaciones para estudiar y emplearse en su área cuando obtengan el título, encontramos que quieren ejercer un servicio social desde cada una de las posiciones que asuman en el mercado laboral”, concluye Villamizar Bonilla. Si quiere saber qué está pasando en Colombia y en el mundo en temas de educación, síganos en @SemanaEd.