La Secretaría de Educación de Bogotá anunció una nueva estrategia para prevenir los casos de abuso y violencia sexual que se han visto evidenciados en el último mes en la capital colombiana.
“No obstante, dada la prioridad que tenemos sobre la problemática, hemos activado el convenio que la entidad tenía suscrito con la Fiscalía para mejorar la colaboración entre las dos entidades, particularmente con el intercambio de información, para evitar demoras y dilaciones en los procesos penales, ello en garantía del derecho fundamental de justicia”, afirmó Edna Bonilla Sebá, jefe de la cartera de Educación en la ciudad.
Por eso se anunciaron nuevas medidas para contrarrestar esta coyuntura que se está presentando en Bogotá.
Se creó un equipo interdisciplinario de trabajo para atender de manera prioritaria los casos de violencia sexual que se reportan a la entidad.
Desde 2021 se han realizado un ciclo de charlas sobre el “cuidado y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes” en los colegios, dirigido a rectores, rectoras coordinadores y orientadores.
Se fortaleció el equipo de abogados y psicólogos para la oficina de Control Interno Disciplinario para darles mayor celeridad a los casos de abuso sexual en colegios. En el sector oficial se vincularon 200 nuevos orientadores escolares para que los niños, niñas y jóvenes pueden denunciar.
Durante el segundo semestre de 2020 se construyó el Plan de trabajo para optimizar la gestión integral de la Secretaría de Educación del Distrito frente a casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al interior de las Instituciones Educativas Distritales. Este plan fortalece los procesos disciplinarios, laborales y de acompañamiento psicosocial, además, prioriza la prevención, atención y sanción de estas agresiones contra niños, niñas y adolescentes.
Con la implementación del Plan, se han logrado agilizar los tiempos procesales de cada caso, reduciendo los tiempos de las investigaciones y mejorando la respuesta de la entidad. De esta manera, en 11 meses la cantidad de casos activos ha pasado de 211 en abril de 2021 a 154 en marzo de 2022, de estos, 47 son procesos abiertos en 2021.
Tras identificar que en 2020 no existía un registro integral consolidado de los procesos por violencia sexual, se implementó una herramienta de información para el reporte, gestión y seguimiento a los procesos. Por primera vez se tiene una caracterización de los casos de violencia sexual contra menores en los que están involucrados servidores públicos de la entidad. Actualmente se está trabajando para generar una herramienta de información más robusta.
En los casos de funcionarios docentes y administrativos implicados en estos episodios, se están imponiendo las sanciones más drásticas conforme a la ley.
La Secretaría de Educación y la Alcaldía de Bogotá gestionaron una reunión con la Fiscalía General de la Nación para solicitar, entre otras cosas, que aceleren las medidas frente a los casos de violencia sexual que se presenten en colegios de Bogotá.
La Secretaría también estructuró la ‘Respuesta Integral de Orientación Pedagógica’ (Rio-P). A través de esta ruta, se hace un acompañamiento inmediato a rectores, rectoras, estudiantes y familias para escucharles y guiarles. Los casos se abordan desde lo psicológico, lo disciplinario y lo penal, para garantizar la prevención, atención y sanción. A través de esta estrategia se realizan jornadas pedagógicas para la identificación de posibles víctimas que pueden estar en los cursos o grupos de estudiantes y, así, garantizar un proceso integral y prioritario para toda la comunidad educativa.
Cuando se conoce un caso, el equipo de la estrategia RIO-P inicia la atención en el colegio y, de forma simultánea, el reporte del Sistema de Alertas es transmitido al equipo de gestión de casos de violencia sexual. Desde allí se activa la ruta integral de atención que comprende al interior de la SED, lo disciplinario y administrativo y, externamente, reportes a ICBF y a la Fiscalía General de la Nación.
Ante una denuncia, como medida cautelar de prevención y protección de los niños, niñas y jóvenes, la Secretaría aparta inmediatamente del trabajo en aula a los docentes implicados como presuntos agresores durante el tiempo que corresponda.
Con estas medidas se buscan prevenir más casos como los denunciados y además poder sacar a la luz nuevas acusaciones para dar con los culpables.