Para mejorar el acceso y calidad de la educación superior, grandes apuestas del actual Gobierno están en reformar la Ley 30 de 1992, norma que fija todo el marco educativo del país. Esta iniciativa, que se radicará en el mes de septiembre ante el Congreso de la República, plantea que la educación superior sea vista como un derecho fundamental en todos sus niveles, ya que hoy en día solo abarca desde los cinco hasta los quince años.
Para Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es el momento de realizar este cambio, porque se tiene el ambiente perfecto para el mismo. Desde la Universidad pública se necesitan recursos para evitar la precarización docente y poder responder a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, asegura “que esta debe tener en cuenta ciertos parámetros como el modelo mixto actual”.
Desde el sector privado la sensación es la misma. José Hernando Bahamón, director académico de la Universidad Icesi, afirma que la Ley 30 es una norma del pasado que no responde a las necesidades actuales. Por eso, considera necesario hacer cambios para darle mayores herramientas y oportunidades a los jóvenes.
Otro de los puntos débiles de la legislación actual es su falta de flexibilidad y su enfoque hacia las carreras universitarias, ya que desde su experiencia los jóvenes ya no aspiran a seguir un camino de educación superior sino que buscan habilidades técnicas que los preparen para cumplir un oficio o actividad especifica.
En la misma línea, Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN dijo que la reforma debe garantizar una mayor autonomía para asegurar la calidad de sus procesos educativos. En paralelo, debe plantear la manera para que más estudiantes terminen sus carrera y logren acceder a empleos. Y el Gobierno debe incluir y aclararle a las Instituciones de Educación Superior cómo van a realizar los procesos para cumplir con las metas planeadas a lo largo del tiempo.
¿Cómo se hará la reforma?
Para conseguirlo se ha propuesto modificar los artículos 86 y 87 de la legislación actual con el objetivo de solucionar la problemática de financiamiento del sector, cambiando la forma de calcular el presupuesto de cada Institución de Educación Superior (IES). Además, pretende otorgar más recursos económicos al incrementar los aportes del Gobierno para las universidades nacionales, departamentales y municipales en hasta 50 por ciento del aumento real anual del Producto Interno Bruto (PIB).
De esta manera, el Gobierno nacional pretende formar personas que respondan a las necesidades del país y poner la educación “como una fuerza transformadora, que va a posibilitar que mejoren nuestras condiciones de vida”, afirmó Aurora Vergara, ministra de educación.
¿Y la financiación?
Pese a las declaraciones realizadas por la máxima cabeza del MEN, Los rectores de las distintas universidades han declarado, con preocupación, que el reto más grande lo tiene le Ministerio de Hacienda, pues cada estudiante le cuesta a las Instituciones de Educación superior (IES) cerca de nueve millones de pesos, lo que significa una inversión de 10 billones de pesos. Aspecto que no se ha resuelto por parte del Gobierno, explica el rector Vera.