Desde que estaba en campaña, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la importancia que tendría en su administración la Universidad Distrital, de la cual fue alumna entre 1988 y 1990. Por ello, desde el primero de enero pasado, día en que asumió el cargo, una de sus prioridades ha sido lograr que los estudiantes le pogan punto final al paro que iniciaron el pasado 28 de octubre y la institución educativa retome actividades académicas. Debido al paro, que se inició después que salieran a la luz los hechos de corrupción del director del Idexud -quien habría gastado en lujos personales cerca de $11.000 millones- los 23.000 estudiantes de pregrado solo pudieron cursar 10 semanas de las 18 del segundo semestre de 2019. A raíz de este cese de actividades aún no se sabe cuando se terminará este periodo académico, ni mucho menos cuando comenzará a cursarse el primer semestre de 2020.
Los estudiantes argumentan que solo si se aprueba la creación de la Asamblea Universitaria, órgano que les permitiría poder ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones, la elaboración de políticas, planes institucionales y en la reforma o modificación de sus estatutos; levantarán el paro, que ha incluido varias tomas a la sede administrativa de la universidad. Con este panorama y con la consigna de lograr consensos que llevaran a levantar el paro, llegó Claudia López este jueves a presidir Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de la Universidad Distrital. En la reunión también participó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, así como representantes de estudiantes, profesores, egresados y directivos, incluido el rector, Ricardo García. Aunque había muchos temas por discutir -infraestructura, nuevos programas e incluso el caso del exdirector del Idexud, Wilman Muñoz-, el tema central del Consejo, que duró cerca de cinco horas, era qué hacer respecto a la Asamblea Universitaria, condición inamovible de los estudiantes pra volver a clases. Cada uno de los representantes expuso su posición frente a la creación de este órgano, y aunque hubo diferencias sobre los tiempos y modo de funcionamiento que debe tener esa Asamblea, todos coincidieron en que debe ser aprobada, siempre y cuando se mantenga al CSU como el máximo órgano de decisión, tal y como lo estipula la Ley 30. Sin embargo, con excepción del representante de los estudiantes y de los profesores, consideraron también que se deben precisar varios temas antes de aprobar la Asamblea Universitaria. Por esta razón, se acordó crear una comisión accidental conformada por los representantes de la Alcaldía, sector productivo y directivas académicas que haga una propuesta metodológica para avanzar en materia de convocatoria y creación de la mencionada asamblea.
En ese sentido, el representante de los estudiantes, Julián Báez, explicó que si bien destacan la buena disposición de la Alcaldía y de los miembros que integran el Consejo Superior, no quedan satisfechos con la sola creación de la comisión, pues lo que esperaban era que se aprobara la asamblea. "En varias ocasiones ha sucedido lo mismo: se crean instancias para discutir este tema y lo único que pasa es que el proceso se dilata -dijo-. Este tema ya se ha discutido ampliamente y esperábamos que fuera aprobado". Báez reiteró que mientras no se apruebe la asamblea, no se levantará el paro. Señaló que participarán de la comisión accidental y que esperan que durante la próxima semana salga la propuesta que se presentará nuevamente al Consejo Superior para ser votada y aprobada. Sin duda, la alcaldesa y el Consejo Superior se juegan una carrera contra el tiempo para poder retomar la normalidad académica y reprogramar las clases, dado que -según lo propuesto por el rector- las actividades pendientes del segundo semestre de 2019 deberían empezar el próximo 1 de febrero.
Sobre la posibilidad de que la universidad pierda la acreditación institucional de calidad, la ministra de Educación recordó que este año los requisitos para obtenerla son más altos, señalando que una institución que no demuestre gobernabilidad y se encuentre en normalidad académica tendrá dificultades para renovar esta certificación. De esta forma, los cerca de 27.000 estudiantes de la Universidad, entre los cualeshay poco más de 3.600 jóvenes que ingresarán a primer semestre, se mantienen en vilo.