Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, aseguró que las directivas de la institución apoyan las manifestaciones pacíficas lideradas por los representantes de tres organizaciones estudiantiles (Acrees, Unees y Fenares) y de profesores, pero rechazó la toma de dos edificios de la institución, llevada a cabo el siete de noviembre en horas de la mañana.  Dijo que gracias al diálogo y al derecho de protesta social se han logrado avances a corto plazo, como el pacto entre gobierno y rectores para aumentar los recursos de las universidades públicas para este cuatrienio, a través de la adición de los puntos porcentuales sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).  Para leer: Tras acuerdo entre Gobierno y rectores, ¿pierde combustible el paro universitario? “Es la primera vez que un presidente recibe en Palacio a todos los rectores. Hace 20 años que no se daban recursos a las universidades públicas. Nosotros no nos salimos de los puntos que pedían los estudiantes. No firmamos Generación E, el programa del presidente, sino una de las peticiones de la comunidad académica”. Sin embargo, aseguró que aunque la mayoría de universitarios continúan con una postura de diálogo y marchas pacíficas, otros prefieren las vías de hecho, actos que atentan contra la institucionalidad y que las directivas rechazan. “Un grupo minoritario de estudiantes perdió el norte. Se tomaron las oficinas administrativas [es decir, el edificio Uriel Gutiérrez y parte del Camilo Torres], que representan el símbolo de institucionalidad y eso nos parece muy grave. Es una parte radicalizada que está interesada en continuar el conflicto”, expresó.  Son alrededor de 20 estudiantes los que hasta ahora mantienen cerradas las instalaciones. Según la declaración hecha a medios de comunicación por parte de Montoya, algunos hacen parte de la Universidad Nacional, pero otros hacen parte de otras universidades.  Para contexto: Encapuchados se tomaron dos edificios de la Universidad Nacional Los efectos de la toma de los edificios se suman a las consecuencias del cese de actividades que tiene a la mitad de la universidad sin funcionar. Las diferentes acciones, según los cálculos de la rectora, perjudican a toda la comunidad educativa en términos no solo económicos. “Tenemos 508 estudiantes internacionales a los que no podemos atender en estas condiciones. Tenemos 7.000 estudiantes que pasaron el examen de admisión y esperan iniciar clases, tenemos a 6.000 estudiantes próximos a graduarse que así no podrán hacerlo. Así mismo, con las oficinas tomadas habrá problemas con los pagos académicos. Un día de funcionamiento de las nueve sedes cuesta más de 2.000 millones. Hacemos un llamado a todos los estudiantes: no se pueden mirar únicamente a sí mismos, hay que tener en cuenta el contexto”. La rectora pidió públicamente a los estudiantes que entiendan que “una universidad cerrada se está haciendo daño a sí misma. Además, cuando a uno se le coarta el derecho de entrar ya está trascendiendo los límites del derecho individual”. Montoya comentó que pese a que la toma de los edificios es una situación adversa para ellos, solo pueden esperar a que los estudiantes decidan de forma autónoma la pronta apertura. “Nosotros somos un centro de diálogo. No de confrontación. Por eso pedimos una conversación constructiva y no hay espacio para que entre la autoridad. Mal haríamos en tratar de gestionar con la fuerza pública. Eso debilitaría a la comunidad”. Frente a las declaraciones de la rectora, estudiantes de la Nacional que hacen parte de la Unidad Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), argumentaron que la toma de los edificios no es considerada como un acto violento.  “Esta acción se enmarca en la ardua movilización que cumple alrededor de un mes en la defensa de la educación superior. Con esta toma pacífica expresamos nuestro rechazo a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para resolver las exigencias de los estudiantes, y a la participación de la rectora Dolly Montoya en el acuerdo entre los rectores y el presidente Iván Duque”. Le puede interesar: Se suspende la mesa de diálogo entre estudiantes, profesores y Gobierno Nacional ¿Qué pasará con el semestre? Si el paro estudiantil continúa y si los edificios siguen cerrados, lo más posible es que se suspenda el semestre académico, acción que tendría repercusiones negativas para el campus. De manera que los directivos tomaron dos decisiones para restablecer la normalidad en la universidad:  Llamarán a clases el próximo martes 13 de noviembre, pero manteniendo las mesas de diálogo para avanzar con el ejercicio de poner en común los caminos para atender la crisis de la educación superior pública. Harán un sondeo de opinión electrónico para que toda la comunidad se exprese y los que no han expresado su voluntad lo hagan de forma privada y autónoma.

“Queremos retomar clases, pero con franjas para discutir el problema. No vemos por qué no se puedan dar clases y reestablecer las mesas de diálogo. Solo podemos tomar la decisión esta semana”.  La universidad expresó que no hay más tiempo para vacilaciones sobre la suspensión del semestre. Con lo que pase el martes, se tomarán decisiones por sedes porque la situación del paro estudiantil es diferente en cada una. Según Montoya, las de Manizales y Medellín no dan más espera y los semestres no se pueden estirar. “La primera acción sería suspender y recuperar la actividad académica el año entrante. Lo que sí es cierto es que no haremos semestres con periodos más cortos de lo normal, es decir, con menos de 16 semanas. No perderemos la calidad”. El rumbo del movimiento estudiantil No son pocas los hechos ocurridos en el último mes y, sobre todo, en estas últimas dos semanas. Más allá de las marchas estudiantiles que sin duda representan un espacio crucial para que los estudiantes prosigan con la defensa a lo que consideran justo, con la toma de los edificios marca un momento oscuro para el movimiento.  Pese a que algunos voceros de las tres organizaciones de universitarios están en contra de las vías de hecho que puedan salirse del marco pacífico, otros no las consideran como acciones violentas, y esas posiciones podrían generar distancia en un movimiento diverso pero que durante las primeras movilizaciones de octubre se percibía sólido y unitario.